Por Roberto Álvarez Mur
Tras un año de reiteradas políticas de control y de vigilancia sobre los sectores más castigados de la sociedad, logró entrar en vigencia la Ley 14.875, que impedirá por un año que se realicen desalojos en villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires. Según lo indica la iniciativa impulsada por la senadora provincial del Frente para la Victoria Mónica Macha, se suspenden “las medidas judiciales o administrativas que impliquen el lanzamiento de las personas y/o familias que habitan en las villas o asentamientos precarios inscriptos en el Registro Público de Villas y Asentamientos”. La medida regirá para aquellos que estén registrados en el Ministerio de Infraestructura bonaerense.
“Cuando implementamos la Ley de Acceso Justo al Hábitat vimos que había muchas cosas que ajustar”, dijo a Contexto Macha, también en ejercicio como miembro del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, quien definió al proyecto como una “herramienta concreta” frente a los “profundos problemas habitacionales que no encuentran respuestas efectivas por parte del Gobierno provincial”.
Macha aseveró: “Esta medida buscaba la manera de proteger a aquellos asentamientos, villas o barrios precarios que tenían órdenes de desalojo. De un día para el otro se encontraban con órdenes judiciales y avanzaban con fuerzas de seguridad y topadoras. A partir de ver cómo el Gobierno de Cambiemos comenzó a avanzar sobre muchos de los barrios, vimos que era fundamental”.
En tanto, la medida también incorpora el artículo 678 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que establece que, previo a ordenar el desalojo de personas o familias que habiten un asentamiento precario, el juez interviniente “deberá constatar a través del Ministerio de Infraestructura de la provincia si esa villa está incluida en el Registro Público de Villas y Asentamientos creado por la Ley de Acceso Justo al Hábitat”.
“Este Gobierno lo único que hace es estar presente a través de las Fuerzas de seguridad y con más armas en la calle. Tanto a nivel Nacional como Provincial.»
La iniciativa preverá que, en caso de una situación de desalojo en un barrio, se realice una evaluación de cada familia. “No pueden ubicarse a esas familias lejos de las escuelas, de los hospitales, del acceso al transporte. Si existe la necesidad de relocalización, tiene que ser responsabilidad del Estado y no de las familias a su suerte. Tenemos que proteger y dar herramientas a los sectores más vulnerables”, añadió Macha.
En octubre del año pasado, la Policía bonaerense desalojó de manera violenta a treinta familias del barrio El Vivero de la Matanza, quienes vivían allí desde hacía quince años, por orden de Mary Mabel Castillo, del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial La Matanza. Sus viviendas fueron demolidas por topadoras y quedaron en la calle. La CTA denunció que no se tuvo en cuenta el pedido del fiscal Federico Raúl Pedro Russo, de la Fiscalía Nº 3 de Gregorio de Laferrere, para generar una instancia de mediación.
Cabe recordar que en mayo de 2015, en Abasto (La Plata), la Bonaerense irrumpió al amanecer en un predio poblado por familias con balas de goma y topadoras. Casos similares hubo en Merlo y Moreno. En tanto, en San Isidro, en 2014, al intendente Gustavo Posse se le ocurrió mediante una ordenanza darles dinero a los vecinos de un asentamiento que buscaba erradicar con la condición de que abandonasen el municipio o, incluso, la provincia.
La senadora Macha remarcó que la medida se instaura como un contrapeso a las medidas de vigilancia y represión que el Gobierno profundiza día a día: “Este Gobierno lo único que hace es estar presente a través de las fuerzas de seguridad y con más armas en la calle. Tanto a nivel nacional como provincial, esa idea de abonar a que más seguridad signifique más presencia policial en los sectores más carenciados representa un peligro enorme que después trae consecuencias fatales”.
