Por Pablo Pellegrino
El fiscal Carlos Stornelli, implicado en el escándalo de espionaje ilegal que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, había advertido en su segunda citación para declarar en la causa que no lo haría hasta tanto no se resuelva la recusación planteda por su defensa contra el magistrado.
El viernes se conoció esa decisión, en la que la Cámara Federal de Mar Del Plata rechazó el pedido de apartamiento del juez y nulidad de la causa, dejándole poco margen al fiscal de la causa de las fotocopias para ausentarse otra vez.
La defensa de Stornelli, en el primer llamado a indagatoria, había acusado a Ramos Padilla de parcialidad y prejuzgamiento, y ese recurso era utilizado por el fiscal para no presentarse en el juzgado de Dolores.
Sin embargo, esta semana el magistrado le dio un ultimátum en la tercera convocatoria que realizó. De no participar de la indagatoria, Stornelli podría ser declarado en rebeldía y ser llevado al tribunal por la policía.
Si bien estaba prevista para el viernes, el juez le concedió el pedido de que la declaración sea el martes porque su defensa no podía asistir ese día.
La Cámara de Mar Del Plata que rechazó el planteo de Stornelli todavía debe decidir sobre el conflicto de competencia territorial planteado originalmente por el juez Ercolini, quien recibió la denuncia de Stornelli contra Marcelo D’Alessio y reclamó a Ramos Padilla que le mande el expediente y se abstenga de participar en él.
La decisión del tribunal marplatense llega en un contexto de pocas buenas noticias para el gobierno, que, al igual que Stornelli y el propio falso abogado Marcelo D’Alessio, busca apartar al juez que investiga la red de espionaje ilegal.
Luego de la presentación del Ministerio de Justicia en el Consejo de la Magistratura para destituir al magistrado, la Corte Suprema de Justicia decidió concederle al juez mayores recursos y personal como había solicitado. La medida fue leída como un respaldo importante por parte del máximo tribunal del país.
Desde el plano internacional también hubo repercusiones por la avanzada del gobierno de Mauricio Macri contra el juez. Por un lado, diputados uruguayos empezaron a tomar medidas ante la confirmación de que la red de espionaje operó en ese país y alcanza a legisladores, y por el otro, la organización Human Rights Watch condenó el pedido de destitución contra Ramos Padilla y advirtió que la embestida “atenta contra la independencia judicial”.
