Por Rocío Cereijo
Desde el inicio de la gestión de gobierno, funcionarios han negado públicamente la acción represiva llevada adelante durante la última dictadura y han perpetrado (y perpetúan) crímenes semejantes a los de ese período. Si bien este discurso tuvo su correlato en fallos judiciales como el del “2×1”, la lentitud de los juicios por crímenes de lesa humanidad y la multiplicación de otorgamientos del beneficio de la prisión domiciliaria a genocidas, la resistencia reflejadas en las movilizaciones y el rechazo popular logró que se revirtieran algunas de las medidas retrógradas en materia de derechos humanos.
La importancia de reflexionar acerca de los genocidios radica, principalmente, en el reconocimiento de derechos fundamentales y en la construcción de una memoria colectiva que impida que estos crímenes aberrantes vuelvan a cometerse. En palabras de Eduardo Pavlovsky, publicadas en su artículo “La ley del olvido”, se trata de “vislumbrar y localizar que en la misma disociación de la memoria, o en esa particular falla ética, en esa misma textura de complicidad, están también inscritas las faltas que servirán de sostén para la construcción de nuevos sistemas represivos”.
Una de las primeras declaraciones de funcionarios públicos que negaron los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar fue la realizada por el extitular del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y actual embajador en Gran Bretaña, Darío Lopérfido. Durante una entrevista radial a un mes de su asunción, dijo que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos” y que ese número se arregló en una “mesa cerrada para conseguir subsidios”. En esta línea sostuvo que “Argentina es un país con una historia violenta, la historia dice que los Montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron”.
El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación, Claudio Avruj, al cumplirse cuarenta años del último golpe de Estado, presentó una nueva edición del informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas Nunca Más donde se eliminó el prólogo que Eduardo Luis Duhalde había incorporado en 2006, en el mismo cargo de gestión. Duhalde había problematizado el escrito de Ernesto Sábato donde se difundía la Teoría de los dos demonios. Avruj argumentó que el informe no contiene “aditamento ideológico”, lo que significó saldar una “deuda” que se tenía desde la política y desde el Estado, lo que refiere una apertura para los “dos demonios”.
Asimismo, Avruj se reunió en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) con integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una asociación que defiende a los perpetradores del terrorismo de Estado, en febrero de 2016. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, hizo lo propio en abril de 2016 con Cecilia Pando, militante de ultraderecha que considera a los genocidas “presos políticos” y los juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza.
En agosto de 2016, el presidente –también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas– Mauricio Macri relativizó el número de desaparecidos en una entrevista para el medio estadounidense BuzzFeed y dijo que no estaba seguro de si “fueron 30 mil o 9 mil” las víctimas del plan sistemático de desaparición, tortura, apropiación y exterminio. En esta línea, aseguró “no tener idea” y que no quería “participar del debate de esa horrible tragedia que fue la guerra sucia”. El sentido que Macri no le encuentra a este reconocimiento obedece a la intención del gobierno de construir una versión en la que se cuestione la dimensión de la represión y la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en este período.
El carapintada Juan José Gómez Centurión, designado vicepresidente del Banco de la Nación Argentina hasta marzo de 2019, sostuvo en el programa de televisión Debo decir que no compartía que los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura hayan sido en el marco de un genocidio: “No comparto que fue un plan genocida”, afirmó, y agregó que no se trató de «un plan sistemático» ni de «un plan para desaparecer personas». Asimismo, al ser consultado por dos de los centros clandestinos de detención más grandes de este período, “La Perla” (Córdoba) y la “ESMA” (Buenos Aires), expresó que se trató de “lugares descentralizados donde se generó un modelo caótico de conducción de la guerra».
Justicia ejecutiva
En materia judicial, en mayo de 2017, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti –ambos nombrados por Macri mediante el Decreto 83/2015– y Elena Highton dictaron aplicable la Ley Nº 24.390 –conocida como “2×1”– en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”). Ante la movilización popular en todo el país, el máximo tribunal argentino debió declarar inaplicable este beneficio en casos de delitos de lesa humanidad.
Los juicios por crímenes de lesa humanidad, reabiertos tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y de la serie de diez decretos que imposibilitaba el juzgamiento de represores, también registran graves retrocesos. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de diciembre de 2018, el 57% de las personas investigadas por delitos de este tipo se encuentran en libertad (1.384 libres y 989 detenidas), cifra que aumenta desde 2015. Según esta investigación, durante el gobierno de Cambiemos “no sólo crecieron las excarcelaciones, sino que las nuevas imputaciones registran menos restricciones de la libertad”.
La multiplicación del otorgamiento de las prisiones domiciliarias a genocidas con condenas firmes, en algunos casos sin justificación alguna, aumentó considerablemente desde fines de 2015. De un total de 989 genocidas detenidos, 641 se encuentran con prisión domiciliaria, 86 gozan de una detención de privilegio en la Unidad Penal de Campo de Mayo y 262 se encuentran en unidades del Servicio Penitenciario. La modalidad predominante es el arresto domiciliario, que constituye el 65% del total.
Continuidades represivas: los nuevos “enemigos internos”
Las políticas de “seguridad” impulsadas por el gobierno actual a través de la ministra Patricia Bullrich vuelven a reflotar las ideas vigentes durante el último genocidio argentino, producto de la formación que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tuvieron en la Escuela de las Américas y en la Escuela Militar Francesa durante la segunda mitad del siglo XX. En líneas muy generales y tras la lectura de directivas, planes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, se puede vislumbrar la construcción de un “enemigo interno”, un “subversivo” al que era necesario aniquilar.
Los ejemplos más extremos de la actualidad son los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, quienes perdieron sus vidas en manos de efectivos de las FF.AA. en operativos de desalojo a comunidades originarias en la Patagonia. Santiago Maldonado estuvo desaparecido 78 días y su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut, cuatrocientos metros río arriba de donde fue visto por última vez. Su DNI se encontraba en uno de los bolsillos del pantalón que aún traía puesto, al igual que la mayoría de los cuerpos que aparecieron asesinados durante la última dictadura.
Rafael Nahuel, de veintidós años, fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 (mismo día en el que se veló a Santiago Maldonado) en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi de Bariloche. Francisco Javier Pintos, cabo primero de Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros, fue quien le disparó. El accionar de las fuerzas de seguridad fue respaldado por Bullrich y por la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Los casos de represión a manifestaciones populares –reconocidas como un derecho de los pueblos en la Constitución Nacional– son, a esta altura, incontables, junto con la multiplicación de las detenciones ilegales que se dan en ese contexto. Por rememorar tan sólo uno de los episodios de este tipo, se puede destacar la violencia contra los y las manifestantes en el marco de la votación de la Reforma Previsional.
Finalmente, y no como un dato menor, resulta importante destacar que estos crímenes gubernamentales fueron y son orquestados por medios hegemónicos de comunicación. No casualmente, los mismos grupos multimediales que se enriquecieron a costa del genocidio perpetrado durante la última dictadura. La criminalización mediática se vuelve un arma del Estado para ejercer control sobre las sociedades mediante la utilización del miedo. En palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, “Ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante”.
