Los 38 senadores que votaron en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fueron denunciados penalmente por organizaciones de derechos humanos, imputándoles “el delito de abandono seguido de muerte (artículo 106 del Código Penal), por el fallecimiento de al menos tres mujeres en las últimas semanas”, según informaron desde el Comité de Acción Jurídica (CAJ), uno de los denunciantes.
Los organismos que se presentaron como querellantes, además del CAJ, son Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Comité de Acción Política (CAP).
La denuncia a la que pudo acceder Contexto responsabiliza a los senadores de la muerte de “Elizabeth”, mujer de 34 años fallecida tras practicarse un aborto clandestino en la zona de Pacheco, al “haber dejado en estado de abandono y desamparo a la fallecida”. En este marco, los organismos denunciantes destacan que “la información y conocimiento del que dispusieron los aquí denunciados, de las implicancias que su negativa acarrearía en el futuro, no pudo ser desconocida por estos”.
“El dolo eventual se configura, aun esgrimiendo en su defensa el imputado que no deseaba ese resultado, ya que debió prefigurarse –por el conocimiento histórico y de las estadísticas que obraron en su poder– que el resultado podía ser la muerte”, agregan los denunciantes.
Previo a la conferencia de prensa, Juan Carlos Capurro, abogado del CAP, explicó el sustento de esta denuncia. “Los senadores, al haber votado por el mantenimiento del aborto clandestino, no han cumplido con la función de resguardar la vida y la integridad para la cual fueron electos. Que las mujeres sigan muriendo por los abortos clandestinos es un hecho que ellos prefiguraron y que comprendieron que iba a ocurrir si votaban a favor del aborto clandestino, cosa que hicieron. Eso en el Código Penal está previsto por un delito”, sostuvo.
El Artículo 106 del Código Penal establece que quien pusiere en riesgo la vida o la salud del otro, dejando en situación de desamparado o abandonado a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, será reprimido con prisión de dos a seis años.
“Tienen que ir a la Justicia para que expliquen por qué mantienen el aborto clandestino, y que se hagan cargo de haberlo hecho”, explicó Capurro, quien agregó que los legisladores “no plantearon ninguna alternativa al aborto clandestino, por lo tanto es un dolo, porque ellos sabían y comprendían lo que iban a ocurrir si hacían eso. Efectivamente, cinco días después muere Elizabeth”.
Días después de la muerte de esta mujer, falleció Romina, en la localidad de Pilar, tras haberse practicado un aborto con perejil. Estos dos casos fueron posteriores a la votación del 8 de agosto, mientras que sólo dos días antes en la provincia de Santiago del Estero murió Liliana Herrera, en el mismo hospital en que falleció en febrero María Campos. Estas son las muertes que lograron trascendencia mediática, pero según datos oficiales, son 43 las muertes anuales por aborto clandestino.
Para Capurro y los organismos que presentan esta denuncia, los senadores que votaron en contra de legalizar una práctica que hoy se realiza de forma clandestina e insegura “tendrán que hacerse cargo de lo que han hecho, porque no es algo menor”. Aunque los legisladores tengan libertad a la hora de votar, para el abogado, cada uno “es responsable por lo que vota, el delito está igual”.
