La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir denunció que el Municipio de San Miguel esta semana avanzó con la persecución y despidió a dos trabajadores. Se trata de la trabajadora social Cecilia Ayala, con tres años de antigüedad en el Centro de Salud Dra. María Antoniazzi, y de Carina Luchetti, obstetra del Centro de Salud Cándido Castelo, con catorce años de antigüedad.
A través de un comunicado, la Red informó que Ayala fue despedida por el subsecretario de Salud Dielo Lambert, luego de la visita de la senadora María Belén Tapia -que votó en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo-, quien vió “un cartel ‘incoherente’ con la política del Municipio”. El cartel en decía: “Ni Una Menos. Vivas nos queremos”, y había sido realizado por un grupo de mujeres en situación de violencia que coordinaba Ayala, hace más de un año y medio. Ante la inquietud de la profesional respecto de su despido, el funcionario manifestó que se evaluaba que «no estaba a favor de la vida”.
Cuando Ayala preguntó por qué la despedían, el funcionario a cargo le dijo que la razón era que «no estaba a favor de la vida”.
“Me llamaron el martes a una reunión con el subsecretario, me presenté y lo que me plantearon fue que habían decidido desvincularme porque bajó una línea de arriba, donde no iban a permitir que hubiera incoherencias entre las trabajadoras del municipio y la política del municipio”, relató a Contexto Ayala.
Luchetti, en tanto, fue despedida luego de denunciar una serie de hechos de violencia obstétrica. En este caso, según detallan desde la Red, porque el “Dr. Pittaro no podía trabajar con ella”. Pittaro es el encargado en el Hospital Lacarde de la Consejería Guadalupe, un espacio de contención a la mujer embarazada para “evitar más muertes de bebés”. Para la Red, este programa tiene como principal tarea violentar la ley de Interrupción Legal del Embarazo, con una normativa con más de cien años de antigüedad, vulnerando el derecho de las mujeres y personas gestantes.
En este marco, desde la Red de Profesionales responsabilizan de los despidos y la persecución al intendente de Cambiemos Jaime Mendez y al secretario de Salud Pablo de la Torre, con el “aval político” de Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, que “está llevando a cabo con las trabajadoras de la salud, que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población de San Miguel”.
El Municipio de San Miguel llegó a convocar a movilizarse “por la vida”, y su secretario de Salud, hombre ligado al Opus Dei, fue también una de las voces en contra durante las exposiciones en Diputados, llegando a plantear que “en los países donde se legalizó el aborto se valida aún más la violencia contra la mujer.”
Cabe destacar que mientras en el Congreso se busca ampliar un derecho, el Concejo Deliberante sacó una ordenanza en la que se declara “provida”, oponiéndose incluso al ILE. “En San Miguel no se garantiza el ILE”, sostuvo Ayala, y recordó el caso de Silvana Rodríguez, también trabajadora social, que se desempeñaba en el CIC María Lobato, despedida en mayo tras articular con la Maternidad Estela de Carlotto el acceso de una mujer de San Miguel al aborto legal.
“Estamos viendo una persecución a quienes se manifiestan a favor incluso del ILE, y te lo argumentan así: que es una cuestión ideológica; no te ponen una excusa de que estás trabajando mal, es así, explícitamente. Tiene que ver con una cuestión ideológica”, agregó Ayala.
