El ex médico del Hospital Militar de Campo de Mayo, Norberto Atilio Bianco, fue una pieza clave del plan sistemático de apropiación de menores durante el terrorismo de Estado. A fines de 2014, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 lo condenó a trece años de prisión junto a los genocidas Santiago Riveros y Reynaldo Bignone. Ahora, ese mismo tribunal le otorgó la libertad sin siquiera contar con los informes criminológicos exigidos por ley para pronosticar su comportamiento fuera de la cárcel.
No fue beneficiado con el perverso 2×1 de la Corte Suprema, pero envalentonados con el precedente de impunidad que sentaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, los magistrados del TOF 6 hicieron lugar a una alternativa aritmética y lo soltaron al considerar que había cumplido 2/3 de la pena.
“¡Las cuentas no dan!”, pensará con buen tino el lector. Sucede que los jueces –últimamente tan afectos a las matemáticas– calcularon desde 2008 en adelante. Bianco fue detenido ese año en Paraguay, donde estuvo prófugo por más de una década y donde gozó de un laxo arresto domiciliario hasta 2011, cuando por fin lo extraditaron a la Argentina. Llegó a juicio con prisión domiciliaria y lo encontraron culpable de la sustracción, retención y ocultamiento de dos bebés, así como del secuestro y la tortura de sus madres.
Uno de esos casos de apropiación aún no fue resuelto. Se trata del hijo de Valeria Beláustegui Herrara y Ricardo Daniel Waisberg, desaparecidos desde mayo de 1977. El otro caso es el del nieto 101, Francisco Madariaga, quien recuperó su identidad en febrero de 2010. Con 32 años pudo encontrarse con su padre, Abel, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo. Su mamá, Silvia Quintela, continúa desaparecida.
Precisamente, el apropiador de Francisco, Víctor Alejandro Gallo, se convirtió esta semana en el primer criminal de lesa humanidad en solicitar el beneficio del 2×1 tras el fallo de los cortesanos que responden a la corriente PROgenocida del presidente Mauricio Macri.
Gallo, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 y ex carapintada, fue condenado a 25 años de prisión. Apenas se conoció su pedido para que le conmuten la pena, desde Abuelas reclamaron la incorporación del nieto 101 al programa de protección a testigos. “Todavía no pude resolver mi nueva vida y mañana lo tengo libre. Varias veces me gatilló en la cabeza y me mandó a matar tres veces”, contó Francisco al manifestar su temor.
Por lo pronto, al represor le será difícil salir de la cárcel. La fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, intervino ayer en el caso y solicitó al TOF 6 que declare la inconstitucionalidad del fallo que habilitó el 2×1 “en función de que viola el principio de proporcionalidad de la pena”.
El abogado de Abuelas, Emanuel Lovelli, dijo a Contexto que Gallo es “un hombre muy violento” y celebró el recurso presentado por la fiscal para evitar que prospere el beneficio que permitiría su libertad.
“La cuestión de la proporcionalidad de la pena va en relación a la gravedad del delito y el daño causado. En virtud de la ley del 2×1, se diluye la condena de una persona que cometió un delito de lesa humanidad, que mantuvo cautivo como en este caso a un chico durante treinta años y afectó no sólo al propio Francisco, sino a toda su familia que lo estuvo buscando. Una pena de pocos años no guarda proporcionalidad con la gravedad del delito ni con el daño infligido”, explicó el letrado.
Otros represores que pidieron el mismo beneficio que la Corte le otorgó al genocida Luis Muiña fueron Héctor Girbone, condenado a ocho años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, y el obstetra de la ESMA, Jorge Magnacco, que también está preso por robo de bebés. En ambos casos, el Tribunal Oral Federal 5 se negó a excarcelarlos.
Mientras tanto, en Mendoza, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó el 2×1 para Norberto Mercado Laconi. El ex policía, con prisión preventiva desde 2012, es investigado por delitos de lesa humanidad en la localidad de San Rafael.
Según indicó Lovelli a este medio, quien también pidió la libertad anticipada por el 2×1 fue Claudio Grande, ex espía civil del Destacamento de Inteligencia 101, condenado en 2014 a trece años de prisión por los crímenes cometido en el centro clandestino de detención “La Cacha”, que funcionó entre 1977 y 1978 en La Plata.
Se registraron solicitudes similares del represor Alejandro Lazo, condenado a diez años de prisión en San Juan por torturas y privación ilegítima de la libertad; y de Carlos Eduardo Trucco, que a fines de 2013 recibió una pena de dieciocho años en Tucumán por asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio.
