La represión sufrida el fin de semana por comunidades del pueblo originario qom en barrios rosarinos volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de este sector social en un contexto de recrudecimiento del accionar de las fuerzas de seguridad al mando de Cambiemos. Representantes de organismos de derechos humanos y pueblos originarios repudiaron el salvajismo con que efectivos policiales del Comando Radioeléctrico ingresaron a las casas de la zona de Roullien y Maradona, golpearon a hombres y mujeres, se llevaron detenidos a varios jóvenes y a un chico de catorce años lo golpearon y dejaron abandonado en un descampado.
«Quienes han sido arrojados a las afueras de las ciudades, como es el caso de esta comunidad de Rosario, quedan totalmente vulnerados. Y en la actualidad hay connivencia entre el poder político y el económico que muchas veces hace que no se cumplan derechos en muchas provincias”, dijo a Contexto el secretario de Pueblos Originarios de la CTA, Benito Espíndola, respecto de la coyuntura social y política actual en relación con las condiciones de vida de las comunidades de todo el país.
Espíndola remarcó el caso, a fines de enero de este año, de la detención de César Arias, perteneciente al pueblo originario wichi en la zona de Embarcación, provincia de Salta. La avanzada policial sobre Arias se dio a pedido del reconocido terrateniente local Huberto Bourlón de Rouvre.
“La represión en Chubut, la situación en Salta, todo eso es preocupante por el aumento de las formas de controlar el conflicto social. Sumado a eso, vemos la ausencia del Gobierno que, por ejemplo, paralizó desde el año pasado la Secretaría de Asuntos Indígenas”, expresó Espíndola.
“La represión en Chubut, la situación en Salta, todo eso es preocupante por el aumento de las formas de controlar el conflicto social. Sumado a eso, vemos la ausencia del Gobierno que, por ejemplo, paralizó desde el año pasado la Secretaría de Asuntos Indígenas.»
En esta línea, uno de los casos de mayor repercusión a nivel nacional fue el de la comunidad mapuche Pu Lof en Chusamen, Chubut, donde las fuerzas de seguridad locales reprimieron con suma violencia a las poblaciones que reclamaban soberanía territorial al grupo empresario Benetton.
En cuanto a la situación vivida en Rosario, según los testimonios publicados en las horas siguientes, los policías dispararon con escopetas e ingresaron sin orden judicial en las casas de varios de los vecinos. De una casa se llevaron los cuchillos de la cocina. Intentaron llevarse también una caja de herramientas, pero la dueña consiguió que la dejaran. Según los relatos, a las mujeres les gritaban “putas” o “hijas de puta”.
Otro testimonio indicaba que, después de la represión, continuaban pasando móviles policiales y les decían a los jóvenes de la comunidad: “Váyanse a sus pagos, indios, tobas, negros de mierda”. Los jóvenes golpeados en un descampado terminaron en el Hospital Carrasco, con diversas heridas producto de las agresiones.
Los argumentos concretos esgrimidos por la Policía para ingresar en el barrio aún son difusos; tan solo trascendió una primera versión de un supuesto llamado telefónico para denunciar un presunto tiroteo en las inmediaciones.
Mientras tanto, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario manifestaron su preocupación y repudio por el procedimiento de la Policía rosarina.
“Las mujeres fueron detenidas y golpeadas por varones, lo que es ilegal, ya que toda mujer, como los menores, deben ser tratados por mujeres policías”, había declarado Mario López, referente de la APDH, quien también afirmó que la Policía tomaba los cuchillos de las cocinas de las casas para “hacerlos pasar por armas blancas”.