Por Contexto
El juez de cámara federal de La Plata Carlos Rozanski renunció para acceder a la jubilación el día después de que el Consejo de la Magistratura decidiera avanzar con un juicio político iniciado en su contra por presunto “maltrato laboral” de sus funciones, una denuncia impulsada por Julio Piumato y revivida recientemente por el representante del Gobierno en el Consejo, Juan Bautista Mahiques. Con su salida, ese sumario administrativo quedaría “abstracto”, explicó su abogado Eduardo Barcesat, y dijo que el magistrado atravesaba momentos de “fatiga moral”.
La renuncia del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, al cura Christian Von Wernich y al funcionario civil de la dictadura Jaime Smart, entre otros represores, fue presentada ante el Ministerio de Justicia y será evaluada por el Poder Ejecutivo, que deberá aceptar o rechazar la dimisión, aunque se presume que, como ya ocurrió con otros magistrados, será aceptada por el presidente Mauricio Macri sin demoras.
La salida de Rozanski había sido preanunciada meses atrás por Jorge Lanata y Romina Manguel en el programa Periodismo Para Todos, donde anunciaron que el Gobierno lo destituiría junto a los jueces Eduardo Freiler y Daniel Rafecas. Sobre esos magistrados el Consejo también decidió avanzar en el enjuiciamiento.
“Renunció porque le salió su jubilación”, dijo Barcesat, que explicó que el magistrado “ya había comenzado el trámite de jubilación y finalmente le salió. Y como ya ha cumplido con exceso su labor, y por la fatiga moral por las circunstancias que se conocen, se acogió al beneficio jubilatorio”.
Según el abogado, la dimisión tornará abstracto el sumario administrativo disciplinario. Sin embargo, aclaró que la denuncia que el juez realizó contra los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura va a continuar. Se trata de una querella contra los integrantes del cuerpo que preside la abogada aliada del PRO Adriana Donato, que fue presentada en el juzgado de Sergio Torre.
Rozanski estaba siendo investigado por la Comisión por el supuesto destrato a sus empleados, entre otras acusaciones, a partir de una denuncia de Piumato, jefe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que reactivó Mahiques, en su rol de representante del Poder Ejecutivo en ese cuerpo.
El puntapié para la reaparición de esa causa por supuesto acoso lo dieron los periodistas Jorge Lanata y Romina Manguel en el programa Periodismo Para Todos, el 24 de julio. Ese punto de partida luego fue articulado entre “el Sr. Julio Piumato y el Representante del PEN en la CDA, Consejero Dr. Juan Bautista Mahiques”, dijo Rozanski al defenderse ante el Consejo de la Magistratura, y precisó que fue “en obediencia debida al Presidente de la Nación. Antes de ese programa, los expedientes tramitados estaban archivados”.
“Esta vez debo enfrentar una situación nunca antes vivida. Periodistas inescrupulosos al servicio de intereses espurios de medios de comunicación hegemónicos han anunciado públicamente el 24 de julio del corriente año que el Poder Ejecutivo Nacional había ‘decidido echar’ a tres jueces antes de fin de año y que tenía los nueve votos necesarios en el Consejo de la Magistratura”, escribió Rozanski.
La intención del Gobierno de destituir a estos tres magistrados no es casual: tanto el juez como sus pares Rafecas y Freiler tuvieron la causa Papel Prensa en sus manos y tomaron decisiones que creyeron justas, sin dejarse intimidar por la furia de Héctor Magnetto.
El Tribunal presidido por Rozanski juzgó en La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar. En 2006, condenó a Etchecolatz, en 2007 a Von Wernich, juzgó a los represores de la Unidad 9, a los del Circuito Camps, a los de La Cacha y la Fuerza de Tareas 5, entre otros. Durante el juicio por el Circuito Camps denunció presiones del diario La Nación, que buscaba beneficiar a Jaime Smart.
