En lo que significa una nueva avanzada de despidos en el sector público, el gobierno de Mauricio Macri creó un régimen de “retiros voluntarios” para aplicar en la Administración nacional. El recorte alcanza a trabajadores del Poder Ejecutivo, ministerios, organismos descentralizados y de la seguridad social, entre estos, PAMI, ANSES, AFIP, Senasa, INTA e INTI.
La medida se suma a los despidos efectuados durante el último fin de año, que de 3.346 casos el 60% correspondió al sector público. A su vez, durante 2016 el macrismo echó a 15.000 estatales, aunque los suplió por personal designado por su gestión.
“Este gobierno debilita las estructuras de administración, control y producción del Estado, como por ejemplo con cierre de fábricas del Estado»
El original mecanismo para despedir a través de “retiros voluntarios” había sido aplicado por Herán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos, en diciembre, cuando echó a trabajadores de las señales PakaPaka, DeporTV y Canal Encuentro, quienes antes de ser obligados a renunciar denunciaron el vaciamiento de los canales y la falta de tareas.
La iniciativa, que fue de los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Andrés Ibarra (Modernización), será publicada la semana próxima en el Boletín Oficial y regirá para empleados de planta permanente y de aquellos regidos por la Ley de contrato de trabajo.
El borrador del decreto prevé que los retiros voluntarios se realicen a partir de retribuciones de 24 a 36 cuotas mensuales equivalentes a un sueldo neto y la continuación de la obra social. Según las estimaciones del gobierno, de los 208.000 empleados públicos, 80.000 están en condiciones de “retirarse”, aunque apuesta a echar a 5.000 trabajadores con esta metodología, que no podrán ser reemplazados. Desde la Casa Rosada argumentan que este nuevo régimen estaba previsto en el artículo 109 de la Ley N° 27.431 de presupuesto 2018.
“El retiro voluntario es un mecanismo de despido encubierto, donde se termina yendo personal capacitado. Es un instrumento de extorsión sobre los trabajadores para obligarlos a retirarse”, afirmó a Contexto Hugo Godoy, secretario general de ATE nacional.
“Este gobierno debilita las estructuras de administración, control y producción del Estado, como por ejemplo con cierre de fábricas del Estado, y refuerza el porcentaje de personal en áreas represivas: más de la mitad del personal del Estado en la Administración central es personal de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas”, puntualizó el gremialista.
“Esta medida reproduce los mecanismos de reforma del Estado que aplicó el menemismo, que significaron un desastre para el Estado, que quedó vaciado”, agregó.
Las condiciones de los empleados para ser víctimas del retiro voluntario son tener 65 años o más y no contar con años para jubilarse, tener entre 60 y 65 años o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad.
Los trabajadores que quedan por fuera de este ajuste son aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Agencia Federal de Inteligencia (AFI), docentes, profesionales de la salud, servicio exterior o científico técnico.
Los cálculos de este recorte conllevan que aquellos de 65 años o más sin años de servicio suficientes para jubilarse recibirán una suma no remunerativa, sin cargas sociales, de veinticuatro cuotas equivalentes al sueldo neto. Los de 60 a 65 años percibirán una suma de hasta 36 cuotas, mientras que los de hasta 60 años y dos o más años de servicio percibirán una suma al momento del retiro y cuotas mensuales del 70% del sueldo neto, según la antigüedad.
“El retiro voluntario es un mecanismo de despido encubierto, donde se termina yendo personal capacitado»
Frente a este cuadro de situación, ATE hará un paro nacional el 11 de abril, mientras que el 5 del mismo mes habrá paros en provincias, entre estas, Buenos Aires, donde estatales y docentes confluirán contra los despidos y los techos salariales de Vidal.
