Por Pablo Pellegrino
En un fallo de 258 páginas, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó este miércoles el procesamiento sin prisión preventiva del periodista de Clarín Daniel Santoro por los delitos de coacción y tentativa de extorsión contra el exdirectivo de la filial argentina de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y el empresario Mario Cifuentes.
La decisión del juez se desprende de un pormenorizado análisis del fuerte vínculo que mantenía el periodista con el falso abogado Marcelo D’Alessio, que el miércoles sumó un cuarto procesamiento –uno firme y dos de ellos bajo estudio de la Cámara de Mar del Plata–.
La extensa resolución del magistrado señala que se encuentra «acreditada» la participación de Santoro en las operaciones que realizó la asociación ilícita dedicada a realizar coacciones y extorsiones mediante operaciones de inteligencia ilegal con fines económicos, políticos y judiciales.
El alcance de la medida contra el periodista de Clarín contempla un embargo por tres millones de pesos y la prohibición de salir del país sin previa notificación al tribunal.
«La actividad de Daniel Santoro se constituyó como una herramienta fundamental de la organización para consumar sus planes ilícitos», dijo el juez en el escrito, en el que también aclaró: «No se está analizando ni juzgando la actividad periodística de Daniel Santoro. No se lo convocó al proceso a declarar por su labor profesional sino por su aporte material y posiblemente consciente a una o varias de las maniobras criminales investigadas».
«La actividad de Daniel Santoro se constituyó como una herramienta fundamental de la organización para consumar sus planes ilícitos»
En esa línea, son varias las páginas que Ramos Padilla dedica a la aclaración de lo que significan las medidas ordenadas y sus alcances, que contrastan con la fuerte campaña mediática que intentó instalar la idea de que la incorporación de Santoro en la causa se trata de una violación a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.
«Un modus operandi de la organización fue el aprovechamiento de instituciones tan necesarias para el funcionamiento democrático, tales como el periodismo y la justicia, con el objeto de ‘blanquear’ información obtenida ilegalmente», dice en uno de esos párrafos. Y agrega: «este mecanismo produce una legitimación autorreferencial, al hacer que la causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa legitima, al mismo tiempo, la causa judicial, y produce, paradójicamente, el propio desgaste de las estructuras democráticas que dichas instituciones protegen».
«Un modus operandi de la organización fue el aprovechamiento de instituciones tan necesarias para el funcionamiento democrático, tales como el periodismo y la justicia»
En los dos casos en que se cuestiona la actitud de Santoro –el de Brusa Dovat y el de Cifuentes–, el periodista es señalado como partícipe necesario de los delitos de coacción y extorsión –este último en grado de tentativa–. Sin embargo, el extenso escrito realiza un pormenorizado análisis de muchos otros casos que podrían, eventualmente, agravar la situación procesal de Santoro.
En esa línea, el juez explica en cada caso que, si bien su participación es clave, no se llega a determinar con exactitud si su conducta es reprochable en términos legales, al menos por ahora.
El vínculo con el falso abogado
Uno de los primeros ejes que analiza el juez de Dolores es la relación que mantenía el periodista con Marcelo D’Alessio. Allí se detiene nuevamente en aclarar que una relación de amistad entre ambos no probaría la comisión de ningún delito por parte de Santoro, pero sí contrasta con la «relación estrictamente profesional» que en su declaración indagatoria había descrito el periodista.
«El interés del vínculo entre ambos imputados reside únicamente en la perspectiva con que habrán de considerarse las pruebas de cargo y descargos en el análisis de las conductas típicas objeto de una imputación, a efectos de determinar si existió un vínculo de confianza, una actividad sincronizada y/o coordinada obteniendo beneficios propios y también para la organización que aquí se investiga o si bien se trató de una sumatoria de meras coincidencias», dijo en su resolución Ramos Padilla.
Lejos de ser una relación «estrictamente periodística», de las pruebas recabadas en los allanamientos de la casa de D’Alessio se desprende que es un estrecho vínculo que alcanza incluso a ambas familias.
Fotografías familiares, fiestas, cumpleaños y otros encuentros registrados en las conversaciones telefónicas dan cuenta, según el juez, de «la relación de afecto personal y un vínculo de confianza y muestran que compartían otros aspectos de la vida, más allá de las investigaciones que se habrán de reseñar y el rol profesional de Santoro como periodista».
«la relación de afecto personal y un vínculo de confianza muestran que compartían otros aspectos de la vida, más allá de las investigaciones y el rol profesional de Santoro»
En ese mismo sentido, la resolución destaca la importancia de ese vínculo con el objetivo de D’Alessio de tener acceso a personalidades importantes para los fines de la organización delictiva. Así, por ejemplo, se reseñan declaraciones judiciales y periodísticas de funcionarios de la Justicia y la política que dan cuenta de que fue Santoro el encargado de presentarles al falso abogado, entre ellos, el fiscal Carlos Stornelli y la diputada Elisa Carrió.
Los casos del procesamiento
El periodista fue procesado como partícipe necesario de los delitos de coacción y extorsión en grado de tentativa por los casos que la organización llevó adelante contra el exdirectivo de la filial argentina de la petrolera venezolana PDVSA y el empresario neuquino Mario Cifuentes.
Con respecto al primero, en su indagatoria de mediados de julio pasado Santoro había negado cualquier conocimiento de la coacción a la que era sometido Brusa Dovat y había insistido en que, en el encuentro que mantuvieron él, D’Alessio y su víctima, le preguntó dos veces si le daba su consentimiento para realizar la entrevista que luego publicaría en Clarín.
«En esos mensajes de texto y de audio que D’Alessio se envía con los principales involucrados –Bogoliuk, Santoro, Stornelli y la víctima Brusa Dovat– se habla de ‘ablandes’, ‘puesta en pánico’, una estrategia para lograr que Brusa Dovat preste su consentimiento para dar una entrevista y luego formule contra su voluntad una grave denuncia judicial vinculada a la petrolera venezolana PDVSA, lo que en otras ocasiones se denominó ‘2×1’», dijo el juez en el escrito.
Los mensajes que intercambiaron Santoro y D’Alessio comprueban que el periodista conocía el hecho de que una persona, sin identificación ni habilitación para hacerlo, coaccionaba a Brusa Dovat. Incluso, a través de WhatsApp, el falso abogado llegó a proponerle «seguir ablandándolo» durante la entrevista.
Por otro lado, en su declaración testimonial, Brusa Dovat confirmó que, efectivamente, había dado su consentimiento para la entrevista, pero lo hizo luego de que D’Alessio lo recriminara adelante del propio periodista en el restaurante Sarquis. «Acordate lo que hablamos el viernes», le había dicho. Luego del intercambio, accedió.
En el caso de Mario Cifuentes, la extorsión de D’Alessio incluyó una especie de mensaje cifrado a través de la televisión. El falso abogado le demandaba al empresario propietario de la firma OPS de servicios petroleros el pago de 1,2 millones de dólares a cambio de arreglar una deuda que mantenía con la AFIP y «limpiar» un supuesto expediente judicial que existía en su contra. Al no acceder, Cifuentes se enfrentaba, según el falso abogado, a ser escrachado en Clarín. «Los jueces le temen más a Daniel Santoro, director de redacción de Clarín q al colegio de la magistratura!!!!!!!», dijo en uno de los mensajes que le mandó al empresario.
Ante la negativa del empresario de entregar el dinero, el supuesto agente de la DEA le dijo durante dos días consecutivos que mire el programa Animales Sueltos. En ambas entregas Santoro explicó la causa por la que fue encarcelado Lula da Silva en Brasil, en la que la constructora OAS le habría regalado un departamento. En las dos emisiones, el periodista dijo el nombre de la empresa de Cifuentes, OPS. No solo eso, un día después en el diario Clarín Santoro bautizaba al empresario como «el nuevo Lázaro Báez» en un artículo en el que repetía casi con exactitud los montos de la deuda y la información personal con la que D’Alessio extorsionaba a su víctima.
