La jueza María Romilda Servini de Cubría prohibió este lunes la salida del país a Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, enlace clave del gobierno de Mauricio Macri con la Justicia y principal acusado de haber encabezado las presiones y acciones de hostigamiento financiero contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa para forzar la quiebra del Grupo Indalo.
El expediente judicial, iniciado por De Sousa cuando aún estaba detenido por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero, señala a Rodríguez Simón como el hombre que se presentaba en nombre de Mauricio Macri para exigirle que sus empresas dejen de participar de determinados negocios.
En el escrito que se conoció este lunes, la magistrada hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, representante de De Sousa, en el que pedía la medida que prohíbe al parlamentario del Mercosur salir del país.
Según Servini, existe «un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente».
«Como primera medida, habré de señalar que en este expediente se investigan diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional –encabezado por el entonces presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri– o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional», destacó la funcionaria judicial.
Paralelamente a esta causa se desarrolla un juicio oral donde Cristóbal López y Fabián De Sousa son acusados por la famosa deuda de Oil Combustibles (la petrolera que formaba parte del grupo económico) con la AFIP. Ese juicio hasta ahora ha traído peores noticias para el macrismo que para los empresarios, ya que una pericia de la Corte Suprema detectó que el supuesto monto de la evasión impositiva, de la que habría participado también el ex titular del organismo recaudador, Ricardo Etchegaray, no era de 8.000 millones de pesos, como se dijo, y que además el monto real formaba parte de un plan de pago que la empresa llevaba al día hasta que asumió en la gestión de Cambiemos Alberto Abad, que dio de baja esos planes.
Esta otra causa, sin embargo, no tiene relación con este expediente. Es una que inició Fabián De Sousa mientras estaba detenido, donde acusó al ex presidente de la Nación y su entorno de presionar al grupo para desprenderse de empresas y negocios que tenían en ejecución.
«Se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos», manifestó en su escrito hoy la jueza.
Hace pocos días, también a pedido de la defensa de De Sousa, la Justicia interceptó los cruces telefónicos del operador judicial del macrismo, en los cuales se encontraron decenas de llamadas con figuras clave del Poder Judicial (entre ellos, el presidente de la Corte), y lo que estudian ahora los investigadores es la coincidencia o no con los episodios de presiones y hostigamiento judicial y económico contra los empresarios.
