Un colectivo de abogados presentó una cautelar contra Mauricio Macri por el nombramiento por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros de la Corte Suprema. “Esto surge a partir del trabajo colectivo que realizamos un grupo de profesores de la Facultad de Derecho y las asociaciones civiles Abogados por la Justicia Social (AJUS) y Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), y venimos observando la gravedad institucional del dictado del decreto. Apuntamos a la inconstitucionalidad de su primer artículo, que es donde Macri designa en comisión a los dos jueces”, dijo a Contexto Mariano Lovelli, miembro del grupo de letrados que elaboró la cautelar presentada.
“Lo que nosotros atacamos es la designación misma de estos jueces, porque viola los procedimientos establecidos en la Constitución y en el Decreto 222 de 2003, en donde se autolimitaron las facultades del Poder Ejecutivo para el nombramientos de jueces.”
Lovelli explicó que el amparo no se pronuncia en perjuicio de las capacidades técnicas de los dos candidatos. “Lo que nosotros atacamos es la designación misma de estos jueces, porque viola los procedimientos establecidos en la Constitución y en el Decreto 222 de 2003, en donde se autolimitaron las facultades del Poder Ejecutivo para el nombramientos de jueces”, afirmó el abogado, y agregó: “A partir de esta controversia, el 11 de diciembre será ‘el día del nombramiento a dedo’”.
– La controversia principal surge en torno a si el accionar de Macri es o no inconsticucional. ¿Qué es lo que la cautelar postula para atacar el nombramiento a nivel jurídico?
– Nosotros entendemos que la interpretación que el Poder Ejecutivo realiza del artículo 99 inciso 19 de la Constitución –que es de nombrar a empleados que requieran el aval del Senado en períodos de receso legislativo– lo que hace es degradar la calidad institucional de la República, porque asimila a las cabezas de uno de los tres Poderes del Estado, como son los ministros de la Corte Suprema, y los rebaja a la calidad de «empleados». Esto violenta lo que dice el artículo 99 inciso 4, que afirma que deben ser designados a través del acuerdo del Senado.
– Entonces, ¿cuál es la maniobra específica de Macri para escudar el decreto por comisión?
– Se trata de máximos miembros de un Poder del Estado. Cuando el artículo 99 inciso 19 nos habla de empleados, se está refiriendo a funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo nacional, como puede ser el caso de ministros plenipotenciarios o militares. Está muy claro que el sentido de la norma tiene que ver con alguna circunstancia imprevisible en la que hubiere que nombrar, por ejemplo, a un general en una batalla o a algún embajador por fallecimiento del anterior, y por lo cual el Poder Ejecutivo debiere rápidamente reemplazarlo.
– ¿Qué consecuencias puede acarrear a nivel institucional que se concrete la asunción de los magistrados?
– El problema principal que esto acarrea es que afecta la independencia de la Justicia. Han sido designados desde el Ejecutivo sin ningún tipo de control por parte del Senado. Además, estamos hablando de jueces provisionales. Supongamos que luego el Senado decide rechazar el pliego: no fueron jueces naturales. Eso sienta un precedente grave porque a partir de ahora cualquier presidente podría esperar al 11 de diciembre para designar jueces. Ese no es el espíritu de la Constitución, ni el de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros solicitamos que se declare la inconstitucionalidad de la designación en comisión de los jueces y se suspenda la jura de los magistrados hasta tanto se resuelva esto.
Lovelli explicó que, mediante un acuerdo, la Corte resolvió posponer la asunción de los magistrados hasta el mes de febrero. “Nosotros entendemos que no es más que un retroceso para el accionar de Macri. La Corte habla en términos de ‘sin perjuicio de la plena validez del decreto’, lo que quiere decir que en vez de tomarle juramento la semana entrante se tomará luego de la feria de enero. La situación sigue siendo la misma”.
La cautelar recayó en el Juzgado Federal Nº 2 de La Plata, a cargo del doctor Adolfo Ziulu. La presentación ahora aguarda la resolución del juzgado platense para conceder o denegar la demanda y luego ser trasladada al Poder Ejecutivo para que continúe curso.
