Migrar es un derecho humano garantizado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales firmados por la Argentina y la Ley 25.871 de 2004. Las personas extranjeras que viven en este hermoso y vasto territorio –incluido quien escribe– comparten sus raíces, sus manos, conocimientos y fuerzas no sólo por el sustento de sus propias familias, sino por la construcción de una patria que va más allá de divisiones limítrofes, que es más extensa y rica en todos los sentidos, que nos hermana como latinoamericanos, esa Patria Grande que prefiguraron José Gervasio Artigas, José de San Martín y Simón Bolívar.
Para la Argentina, el aporte social y cultural de la población migrante originaria de distintos países de la región y del resto del mundo es invaluable. A esa riqueza no se le puede poner un número, es cualitativa, impacta a largo plazo. Pero también esa población, con su trabajo, genera importantes recursos económicos. Según una investigación publicada el año pasado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a cargo del sociólogo Lelio Mármora, sólo en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), la contribución de los inmigrantes es de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri insiste con el DNU 70/2017 que restringe el ingreso de extranjeros y facilita las deportaciones con procedimientos sumarísimos, para profundizar una política antiinmigrante que comenzó desde el primer día de su gestión. Ya antes del decreto de (sin) necesidad y urgencia se habían registrado 3.258 expulsiones, dato de la Dirección Nacional de Migraciones a septiembre de 2016, lo que representa un incremento del 70% con respecto a 2015. Y ese mismo mes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaba la creación de un centro de detención para migrantes en la Ciudad de Buenos Aires, violatorio de todas las leyes vigentes.
Frente a las medidas xenófobas, racistas y discriminatorias del Gobierno de Cambiemos, decenas de organizaciones y colectividades impulsaron ayer el primer paro migrante, con un acto frente al Congreso y movilización a Plaza de Mayo, en conjunto con la multitudinaria marcha de las dos CTA y sectores de la CGT.
“El DNU de Macri lo que hace es criminalizarnos, eliminar las garantías constitucionales del debido proceso, de la legítima defensa, y generar la fragmentación de familias; además de legitimar, con los grandes medios de comunicación de su lado, un discurso xenófobo que se siente cada vez con más fuerza desde las instituciones del Estado”, dijo a Contexto Tomás Valenzuela, del Movimiento 138 de la colectividad paraguaya.
Macri fundamentó su decreto en la necesidad de combatir delitos graves como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, pero la Ley 25.871 de Migraciones ya prevé la restricción del ingreso o permanencia en el país para los extranjeros que presenten antecedentes penales con condena firme por esos mismos delitos y aquellos con pena privativa de la libertad de tres años o más.
En realidad, las modificaciones que introdujo el presidente con el DNU 70/2017 permiten ampliar el espectro a todos los delitos, incluyendo contravenciones como la venta ambulante o faltas de transito que pudieran tener una pena privativa de la libertad. Además, establecen que no es necesario que la persona cuente con una condena firme como antecedente, sino que a los efectos del decreto “antecedente” también puede ser una etapa preparatoria en una investigación penal, violando así el principio de inocencia.
Y como si fuera poco, fomentan la delación a cambio de una “admisión o permanencia excepcional”. Es decir, para obtener ese beneficio el extranjero cuestionado deberá delatar a otros, brindar “información o datos precisos, comprobables y verosímiles vinculados a la comisión de alguno de los delitos contra el orden migratorio de los cuales hubiera tomado conocimiento en calidad de sujeto pasivo”.
Valenzuela explicó que Cambiemos asocia al migrante con la delincuencia y el crimen organizado para “echarnos la culpa de un montón de problemáticas sociales que atraviesa la Argentina, que en realidad son estructurales o derivadas de políticas que el Gobierno aplica en favor de una minoría privilegiada”.
Carla Montero, de la asociación boliviana Yanapakuna, agregó a Contexto que este decreto también “dificulta el acceso al DNI”, lo que es funcional para los precarizadores laborales: “Sin documentación no se puede trabajar en blanco. Los empresarios se aprovechan de esta situación para pagar lo que se les da la gana y, si uno protesta, amenazan con denunciarte a Migraciones”.
Pero el DNU xenófobo de Macri, que se encuentra en el Congreso a la espera de su validación o rechazo, no es el único peligro que enfrentan los migrantes. El troglodita Miguel Ángel Pichetto, que el año pasado recorría los medios hegemónicos hablando de la “resaca” boliviana y peruana, presentó un proyecto en el Senado que también plantea modificaciones anticonstitucionales a la Ley 25.871.
“La iniciativa de Pichetto es aún peor que el decreto de Macri, ya que plantea cambios más duros a las políticas migratorias”, remarcó Montero, mientras que Valenzuela consideró que “si se llegara a sancionar esa ley estaríamos hablando de una lucha mucho más difícil y un escenario mucho más nefasto”.
El proyecto punitivo contra los extranjeros del senador nacional del PJ-FpV tenía fecha de tratamiento para el martes 28 de marzo en la Comisión de Seguridad Interior, aunque al final el debate fue postergado.
“Nos estamos organizando, pero todavía muchos paisanos y paisanas no se dan cuenta de la fuerza que tenemos por el aporte que hacemos a este país”, sostuvo Montero, y lamentó que en poco más de un año de macrismo haya crecido tanto la xenofobia.
“En la calle, en el colectivo, en el trabajo, cada vez se escuchan más expresiones del tipo ‘estos bolivianos de mierda’. Y si tienen un mal día les sale más fácil. También hay mucha persecución en la vía pública, sobre todo hacia los vendedores ambulantes”, denunció la integrante de Yanapakuna.
