Por Lucía García Itzigsohn
Una joven de veintisiete años en una cárcel tucumana de la Unidad Penitenciaria Nº 4 se pregunta una vez más por qué está detenida. Hace dos años que se lo pregunta. Desde aquel 21 de marzo de 2014 en que asistió al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con fuertes dolores abdominales del que no pudo volver. Se sucedieron una serie de hechos desconcertantes que culminaron con una condena a ocho años de prisión.
En la guardia, Belén –nombre ficticio que usamos periodísticamente para proteger su identidad– se enteró de que estaba transitando un aborto espontáneo de un embarazo de veinte semanas que desconocía. Los médicos, violando el secreto profesional, la denunciaron ante la Policía, que la detuvo preventivamente y la Sala III de la Cámara Penal integrada por los jueces Dante Ibáñez, Rafael Macorito y Fabián Fradejas la condenó a ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.
El primer interrogatorio se lo hizo la enfermera Verónica Ledesma, del área de ginecología del Hospital Avellaneda. «Me preguntó si me puse algo, porque no era normal el sangrado», declaró Belén ante el Tribunal. Luego la atendió el médico José Daniel Martín y le notificó que estaba teniendo un aborto espontáneo. Le recetó un analgésico y le indicó una internación de cinco días. En ese momento se le dio intervención a la Fiscalía V a cargo de Washington Dávila, quien dispuso que Belén quede presa.
La madre, que la acompañó en todo momento, recuerda que cuando Belén despertó en la Sala de Partos había médicos forenses «revisándole abajo» junto a policías y un enfermero que le mostraba el feto en una cajita mientras le decía: «Mirá, este es tu hijo». Ese feto fue hallado en uno de los múltiples baños del Hospital, nunca se precisó cuál ni se realizó acta policial que lo certifique, y jamás se realizó un examen de ADN para establecer la filiación.
En cuanto la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tomó conocimiento de la situación, la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir Soledad Deza tomó la defensa a su cargo. Y se convocó junto a organizaciones de mujeres a una movilización a la Casa de Tucumán en Buenos Aires para entregar un documento de repudio al fallo. Ninguna autoridad recibió a las mujeres.
El proceso judicial fue una cadena de malos tratos y violaciones de derechos, tal como lo describe Deza: “Fue denunciada mientras estaba internada, no se respetó el secreto profesional que ampara la consulta médica, se hicieron valoraciones morales sin refrendar las pruebas como establece el procedimiento judicial. No hay ninguna prueba genética que vincule a Belén con el feto encontrado en el Hospital. Tampoco las hay de que ella se haya provocado un aborto o de que haya matado a una persona”.
El trato que recibió Belén de parte del sistema de Salud y del Poder Judicial constituye torturas y tratos degradantes. Deza ya presentó el pedido de cese de prisión y mañana apelará la condena ante Casación, con la expectativa de la anulación del fallo y la formulación de una nueva sentencia. Tal como sucedió con el fallo absolutorio en el juicio por la desaparición de Marita Verón, en la misma provincia.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, consideró que en este caso el Estado “viola su deber de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la tortura y otros crueles, inhumanos y degradantes” tratos. La organización impulsa una campaña por la libertad de Belén.
En Argentina se estima que se realizan entre 400 y 500 mil abortos de manera clandestina y mueren entre treinta y cincuenta mujeres cada año constituyendo la principal causa de muerte materna. La interrupción del embarazo es legal sólo en casos de violación o de riesgo para la salud de la mujer. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia con las mujeres, que no podemos decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Ni sobre nuestras vidas.
