Cuando se recordaba el 40° aniversario del golpe de Estado de 1976 y se cumplían cien días del gobierno de Mauricio Macri, los organismos de derechos humanos dieron cuenta de cada uno de los retrocesos de Cambiemos en políticas de memoria, verdad y justicia, desde las declaraciones de funcionarios que negaban la cifra de 30.000 desaparecidos hasta el vaciamiento de áreas del Estado que promovían los juicios por crímenes de lesa humanidad. También denunciaron la degradación de la institucionalidad, con decrerazo tras decretazo, la incipiente exclusión social, política, económica y cultural, el aumento de la represión y la persecución ideológica con el extremo de tener una presa política: Milagro Sala.
Un año después, todo está peor. Fue el propio presidente quien puso en duda la magnitud del genocidio, habló de “guerra sucia” y hasta intentó correr el Día de la Memoria. Asimismo, se demoran los juicios a represores de la última dictadura y hay más imputados libres que detenidos. Según el informe que presentó esta semana la Procuraduría de Lesa Humanidad, de los 2.780 militares, policías, eclesiásticos y civiles acusados durante la última década, 750 fueron condenados y 77 absueltos. De los sentenciados, 518 gozan de arresto domiciliario.
A pesar de las resoluciones de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales que exigen la liberación inmediata de Sala, la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur continúa tras las rejas del gobernador jujeño Gerardo Morales.
Como si esto fuera poco, el neoliberalismo macrista ya destruyó numerosas industrias y cientos de miles de empleos, generando más de dos millones de nuevos pobres e indigentes; y ahora busca profundizar el ajuste con un mayor saqueo a los salarios de los trabajadores para redistribuirlo entre un pequeño grupo de ricos. En este marco, la persecución política y la violencia institucional son moneda corriente. Los decretos de (sin) necesidad y urgencia tampoco se terminaron. Uno de los últimos fue el DNU xenófobo y anticonstitucional para poder explusar extranjeros, medida que generó otro cuestionamiento de la CIDH.
El historiador y periodista Osvaldo Bayer, quien sufrió en carne propia la dictadura cívico-militar y debió exiliarse en Alemania, dijo a Contexto que la inacción ante los atropellos del Gobierno de Macri, a 41 años del golpe, significaría “no haber aprendido absolutamente nada”.
“No basta con quedarse en la casa murmurando, hay que salir a la calle por una verdadera democracia con derechos para todos. Que no haya hambre, que haya trabajo, eso es lo que necesitamos”, indicó, y puso sus expectativas en “la unidad del campo popular”.
Por eso, de cara a la movilización de hoy con los organismos de derechos humanos a la cabeza, deseó que “puedan expresarse de manera tan multitudinaria como lo hicieron los docentes” en la Marcha Federal Educativa.
“La dictadura fue un episodio de nuestra historia verdaderamente triste y trágico, nos cambió la vida para siempre”, sostuvo el historiador, y pidió a las nuevas generaciones recoger el legado de Rodolfo Walsh, que “siempre se mantuvo fiel a la democracia y defendió el derecho de todos”.
“Lo conocí profundamente, conocí su forma de pensar, su generosidad, su mano abierta, siempre abierta. Fue la pérdida más grande que tuve en mi vida, sin ninguna duda”, remarcó sobre el escritor, periodista y militante asesinado y desaparecido el 25 de mayo de 1977.
Jujuy
En la provincia donde ya no hay Estado de derecho, los organismos de derechos humanos recordarán el golpe genocida bajo la consigna “la misma lucha, los mismos responsables, la misma resistencia”.
“Vamos a repudiar las políticas regresivas del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri y el autoritarismo de Gerardo Morales, un gobernador antidemocrático que está violando derechos humanos básicos y fundamentales, como la salud, la educación y el trabajo”, adelantó a Contexto Inés Peña, presidenta de la Asociación Madres y Familiares de detenidos-desaparecidos de Jujuy.
Peña explicó que “la detención ilegal y arbitraria de la compañera Milagro Sala”, el 16 de enero de 2016, fue “un punto de inflexión” para establecer “un Estado policial que se acerca mucho a la dictadura”.
“Acá los móviles policiales son como los Falcon verdes de aquella época. Amedrentan y persiguen al que protesta”, dijo, y añadió que “Morales es tan perverso y maquiavélico que manda patoteros y gente vendida a las asambleas para quebrar cualquier intento de unidad política o gremial. No es fácil vivir en Jujuy”.
Durante la jornada también se reclamará juicio y castigo a los cómplices civiles de la dictadura, entre ellos el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, partícipes directos de la llamada “Noche del Apagón” (julio de 1976), cuando fueron secuestradas cuatrocientas personas, de las cuales 33 continúan desaparecidas. Otra causa con responsabilidad empresarial es la de la mina El Aguilar, que investiga delitos de lesa humanidad contra 32 trabajadores secuestrados el mismo 24 de marzo de 1976.
Peña advirtió que “el desarrollo de los juicios está detenido, especialmente las audiencias orales”, y expresó su preocupación por los sitios donde funcionaron centros clandestinos de detención, como la ex Central de Policía de la Provincia.
“Es uno de los más emblemáticos. Por ahí pasaron todos nuestros desaparecidos y debe preservarse como prueba para los juicios. Hemos pedido que se lo considere en el marco de la Ley Nacional de Sitios de la Memoria, pero la Secretaría de Derechos Humanos provincial no lo tramita porque quieren rediseñar el lugar. Luego de varias denuncias, la Justicia dictó una medida de no innovar. Sin embargo, como acá no hay división de Poderes, el Ejecutivo la viola”, denunció la defensora de los derechos humanos.
