Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas denuncian que el gobierno cedió funciones a empresas privadas ligadas a la obra pública provincial que antes les correspondía a ellos. En concreto, son las tareas de inspección del paquete de obras del río Salado, que se encuentra en su cuarta etapa de realización.
“La gestión ha permitido que el Banco Mundial, a través de consultoras privadas, tercerice las inspecciones, algo que le compete al Estado, y sólo asigna al Ministerio la supervisión, es decir, el control de las obras”, dijo a Contexto Adriana Pizarro, secretaria general de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires (AEMOPBA).
La información la obtuvo este sindicato, desde donde decidieron volverla pública en su última asamblea general. “La función del Ministerio de Obras Públicas es proyectar e inspeccionar las obras. Y acá lo que están haciendo es privatizar la inspección de esta gran obra”, añadió la gremialista.
“El Banco Mundial financia las obras pero impone que la inspección se tiene que hacer con consultoras. Eso le cuesta a la provincia varias veces lo que le costaría con sus trabajadores, y el control no es el mismo, porque una empresa privada no necesariamente defiende los derechos de la provincia, sino que juega en favor de los privados”, consideró en diálogo con este medio Roberto Cecotti, ingeniero hidráulico y secretario adjunto de AEMOPBA.
Desde AEMOPBA apuntan que, de este modo, Provincia comete irregularidades
en la ejecución de las obras. “Así hacen subfacturación para que después, cuando se hacen redeterminaciones de precios, ganen más plata los privados”, afirmó Pizarro. “No conocemos cuál es el trasfondo de los negocios de hidráulica porque es un área muy hermética, es el área de mayor presupuesto de obra pública en la provincia. Las obras del Salado son alrededor de 30 mil millones de pesos”, precisó.
En la asamblea, el gremio pedirá una reunión con los funcionarios del ministro Roberto Gigante para exigir una explicación. A nivel gremial, ratificaron también su participación en el paro del 30 de abril impulsado por las centrales sindicales opositoras.
AEMOPBA pide la reapertura de la paritaria de los estatales, al igual que los gremios ATE, UPCN y FEGEPPBA, para recuperar poder adquisitivo de 2018 y ante la incesante inflación de este año, que en el primer trimestre fue del 11,8%. Sin embargo, el gobierno mantiene su postura firme de no reabrir esta negociación.
Los trabajadores de Obras Públicas mantienen una tensa relación con el gobierno provincial. Desde el año pasado, denuncian “un proceso de desmantelamiento”, luego de que Provincia quitara de la órbita de esta cartera la Dirección de Geodesia y la Subsecretaría Social de Tierras y Vivienda. “A medida que se han ido jubilando los trabajadores de este Ministerio, se perdieron los cargos, que se los lleva Economía y no sabemos para qué. Mientras tanto, se contratan trabajadores precarizados. Vidal tiene uno de cada tres trabajadores precarizados”, concluyó.
