La denuncia de Nisman contra la Presidenta recibió un nuevo cachetazo judicial y cada vez son menos las posibilidades de que prospere el objetivo político de la presentación: que la justicia decida abrir la investigación y salga a buscar, a diestra y siniestra, las pruebas que no juntó el fiscal; y de esta manera asegurarle una larga vida a la causa.
A “perpetuidad”, dirá uno de los camaristas de la Sala I que ayer desestimó el trabajo del ex titular de la Unidad Fiscal Especial AMIA, confirmando la decisión anterior del juez Daniel Rafecas de archivar el pedido iniciar medidas de prueba.
Esto queda denunciado en los párrafos menos citados del juez Jorge Ballestero por los diarios nacionales que promocionan el caso desde inicio. Obviamente, nadie espera semejante ‘sincericidio’.
El magistrado dice con suma claridad que la única manera de remediar la “carencia probatoria” del documento de Nisman es mediante “la senda propuesta” por la fiscalía de “inaugurar una pesquisa para obtener una prueba que no se tiene”
Ballestero, cómo si le hablara a ingresantes de la facultad, deja en claro que “la presencia de una evidencia es la que debe motivar la promoción de una investigación penal, y no a la inversa”. Y por las dudas aclara: “No hay razón alguna que permita apartarse de esa directriz”.
Según el funcionario judicial, ni siquiera la razón del bien común del fiscal general Germán Moldes permite “apartarse de esa directriz”. Ballestero admite que “es cierto que a la sociedad debe trasmitirse el mensaje de que las instancias judiciales han agotado todos los recursos y herramientas para que su resolución lo sea con la mayor claridad, transparencia y equidad”.
Pero también considera que “la desvinculación exprés de funcionarios poco lugar deja al ideario de justicia en las expectativas sociales y en la imaginación popular”. Y pide no olvidarse que “la instrucción” que tanto se reclama “compromete el honor, la reputación y la tranquilidad de una persona legalmente inocente, que puede restringir su libertad o afectar su patrimonio, o alejarlo de su actividad ordinaria o de su familia, dejando a ésta en el desamparo”.
El fragmento anterior está dirigido indirectamente a quienes reclaman, en un Estado de Derecho con presunción de inocencia, que se inicie una investigación contra Cristina Kirchner con la liviandad que alguien pide comida en a un delivery. Otra vez la lógica invertida. La democracia sería mejor si la Justicia no demandara hechos concretos para funcionar.
En un momento literario de su desarrollo, el juez pide “no confundir sin los estrados penales con las tablas de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película”, o creer que “una persona debe quedar sometida a los influjos de un proceso criminal sin otra razón más que la publicidad de su figura”.
Por último, Ballestero le da el golpe de gracia a la idea opositora: “Los recurrentes insisten en mantener abierta y en actividad una persecución penal con el anhelo de que, alguna vez, en algún momento, algo demuestre que el Memorándum estuvo inspirado en una voluntad delictiva. En rigor de verdad, una aspiración semejante, frente a los antecedentes repasados, sólo puede traducirse en un único plazo definitorio: la perpetuidad”.
En tanto, el otro camarista que completó la mayoría, Eduardo Freiler, se remitió al voto de Ballestero, pero además argumentó que no hubo siquiera «principio de ejecución» del supuesto delito y que la gravedad del hecho denunciado sin pruebas no justifica en sí misma la apertura del caso.
«Se construyen afirmaciones dogmáticas sobre la base de premisas que en modo alguno autorizan siquiera a inferir conclusiones», dijo Freiler, y consideró que “no hay pruebas de que se buscara desactivar las circulares rojas de Interpol” en favor de los acusados iraníes por el atentado contra la AMIA en 1994. “Resulta insostenible que se busque abrir la acusación basándose en la gravedad de los hechos, cuando no existen evidencias”, agrega este segundo voto.
