Mientras el Gobierno nacional asimila el duro golpe que le dio la Cámara de Diputados con el rechazo a los vetos presidenciales, este jueves desde las 11 enfrentará una nueva pulseada en el Senado con el tratamiento del veto a la ley de reparto Aportes del Tesoro Nacional (ATN), normativa impulsada por los Gobernadores para garantizar más fondos en sus provincias.
El 21 de agosto, el Congreso de la Nación logró aprobar la ley de reparto de los ATN, para establecer la redistribución automática de estos fondos que hasta ahora quedaban bajo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por los 24 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, busca garantizar un esquema transparente y previsible, con reglas similares a las de la coparticipación federal, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y reclamos de las provincias por desfinanciamiento.
Aprobada por amplias mayorías, Javier Milei decidió vetarla el 12 de septiembre alegando que que la ley representa un riesgo para el mentado equilibrio fiscal y que alteraria la naturaleza de estos fondos, privando al Gobierno de “una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.
Ahora el Senado debatirá el veto presidencial con la posibilidad de insistir en la ley, para lo cual deberá reunir los dos tercios de los votos. Todo indica que el Gobierno podría sufrir un nuevo revés, teniendo en cuenta que en la Cámara Alta la norma fue aprobada con una amplia mayoría de 56 votos a favor contra apenas 1 en contra. En Diputados, en cambio, se aprobó con mayoría simple, sin alcanzar el umbral de los dos tercios, con 143 votos afirmativos frente a 90 negativos.
Tras el tratamiento del veto presidencial, el Senado seguirá en una sesión sin demasiados sobresaltos. Por un lado se tratará la denominada «Ley Nicolás», inspirada en un joven de Villa Gesell que murió de mala praxis. La normativa busca mejorar la seguridad de los pacientes, mediante la creación de protocolos de actuación, sistemas de auditorias, una historia clínica digital, entre otros puntos.
El temario seguirá con el proyecto que busca crear un registro para buscar a personas desaparecidas, a los fines de centralizar la información y al tiempo acelerar las búsquedas mediante la implementación del sistema de alerta rápida Sofia, que ya se utiliza en menores.
Finalmente, se tratará una reforma del Código Penal para endurecer penas en accidentes viales con agravantes. La iniciativa establece penas de hasta 12 años de prisión cuando en un siniestro se registren factores como alcohol, drogas, exceso de velocidad o fuga.
