Mi murga no es delito

Por Brunella de Luca y Marianela García*

De un lado, Gendarmería, armada con balas de goma y de plomo. Del otro, familias del Bajo Flores ensayando música y baile de una murga barrial en la antesala de los feriados de carnaval. Algunos medios pretendieron mostrar que hubo una guerra narco, que la gente estaba armada, que los efectivos heridos fueron víctimas de un tiroteo. Pero lo que realmente pasó fue que Gendarmería reprimió en un barrio humilde –no es la primera vez que esto sucede, ya lo sabemos–, dejando a adultos y niños heridos, dos de ellos internados en un hospital. El relato oficial multiplicado en este nuevo escenario de blindaje mediático alega que el procedimiento es producto de un operativo.

El viernes 29 de enero, cerca de las 21hs, en la calle Bonorino entre Riestra y Ana María Janner de la Villa 1.11.14, Los Auténticos Reyes del Ritmo se encontraban ensayando para los próximos carnavales cuando Gendarmería irrumpió para improvisar un operativo y avanzó sobre 140 chicos y chicas que bailaban en la calle. Los gendarmes se impusieron ante los murguistas chocando con la patrulla a dos niños y comenzaron a disparar balas de goma y de plomo.

Mientras Clarín titulaba “Dos gendarmes fueron baleados durante un operativo en la villa 1/11/14”, ocho de los vecinos se encontraban gravemente heridos y dos tuvieron que ser internados en el Hospital Piñero: un nene herido por el impacto de una bala de goma en la cabeza, y una señora que recibió otro balazo de plomo.

En la revista La Garganta Poderosa, Gustavo “Marola” González, director de la murga, cuenta: “No había un chico, había decenas de chicos bailando, alrededor de ochenta pibes y pibas, desde los dos años en adelante. Y más chiquitos también, porque hay madres que vienen con sus bebés. Lógicamente, muchos quedaron muy afectados psicológicamente y, de seguro, pasará mucho tiempo para que vuelvan a salir, porque están aterrados. Imagínense el horror que fue todo esto… Ven a la Policía y se asustan, pero encima una vez más los medios nos vuelven a discriminar, porque ni siquiera frente a semejante salvajada se hicieron eco de nosotros”.

Así, expresiones de la cultura popular son motivo de irritación de quienes detentan el poder y lo aplican con una fuerza brutal sobre los que más necesitan de la intervención del Estado, claro que no con armas de fuego, sino con políticas públicas que garanticen el ejercicio de derechos.

Balas de plomo, operativos “secretos” –que justifican la represión–, abuso de autoridad de las fuerzas de seguridad, son moneda corriente en los barrios humildes. Personas que, lejos de acceder a la justicia, son utilizadas como blanco por las fuerzas de seguridad que sin temer sanciones –nunca llegan– reprimen de día y de noche.

Así, expresiones de la cultura popular –visera, zapatillas, tez morena y, ahora también, la murga–, son motivo de irritación de quienes detentan el poder y lo aplican con una fuerza brutal sobre los que más necesitan de la intervención del Estado, claro que no con armas de fuego, sino con políticas públicas que garanticen el ejercicio de derechos.

Más derechos… para los que reprimen

El proceso democratizador que culminó el año pasado y la incorporación de sectores sociales a la vida política han permitido poner en disputa y transformar el concepto de seguridad ciudadana y sus fundamentos. Sin embargo, nuevamente se puso en escena una determinada concepción de seguridad pública, articulada con ideas y valores cristalizados de sectores que se proclaman como los legítimos merecedores de derechos civiles, amenazados por unos otros a los que “hay que eliminar”.

El nuevo Gobierno ha decidido que haya una sola dirección para pensar la seguridad:  haciendo crecer descomunalmente el control y la represión hacia los sectores populares. El 6 de enero, el Tribunal Superior de Justicia porteño revirtió un fallo de la Justicia contravencional y dictaminó que la Policía tiene la facultad de pedir la documentación para identificar a personas sin motivo previo. El fallo dispone que la Policía tenga la posibilidad de pedir el DNI en cualquier momento y en cualquier lugar.

No podemos dejar de mencionar, en sintonía con la reconstrucción del paradigma de la mano dura, que el flamante jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, Pablo Noceti, es un reconocido defensor de militares acusados por delitos de lesa humanidad. En el año 2003, cuando se reabrieron los juicios por los crímenes cometidos por la última dictadura militar, Noceti consideró que la etapa iniciada por el entonces presidente Néstor Kirchner era parte de la «legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político».

En la actualidad, día tras día, el Gobierno nacional está reacomodando sus fichas para estructurar y sistematizar el atropello a los derechos e intereses de las grande mayorías. Es ante este enorme autoritarismo, como dijo Gustavo González, “que necesitamos que grite La Garganta y que gritemos todos juntos, hasta que la sociedad pueda tomar conciencia de toda esta locura, que ahora nos tocó a nosotros, pero mañana te puede tocar a vos”.


* Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios.

 

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