Por Silvia Montes de Oca
Actualmente hay quince millones de personas en el país que no tienen obra social ni medicina prepaga. Discontinuado el plan Remediar en marzo de este año, el Gobierno de Mauricio Macri lo reemplazó por la CUS (Cobertura Universal de Salud), que depende del Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Modernización, encargado de diseñar los registros electrónicos, entre los cuales se halla el llamado Documento Nacional de Salud, con el cual los pacientes tendrán acceso a todas las prestaciones que indica el Programa Médico Obligatorio, según se anuncia desde el Gobierno. La información vinculada al acceso a los medicamentos por parte de la población tanto como su entrega y la logística para su distribución forman parte del programa Medicamentos, incluido en la CUS (http://186.33.221.24).
Hasta 2015, el Ministerio de Salud cumplió con la obligación de abastecer a determinados programas sanitarios (HIV, hepatitis, tuberculosis). En 2013, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de los subsidios FONARSEC –Fondo Argentino Sectorial– (FITS 2013 Salud) había lanzado por primera vez la convocatoria a consorcios público para la presentación de proyectos que tuvieran como fin la innovación y el desarrollo tecnológico en la Producción Pública de Medicamentos, destinados al tratamiento de patologías estratégicas para nuestro país. Esta resolución definió –en términos de garantizar el acceso a medicamentos esenciales cuya cobertura médica es exclusivamente pública– cuando los remedios que consumimos en el país provienen del sistema mixto: laboratorios tanto públicos como privados.
Entre fines de 2014 y enero de 2015 –once meses antes de que finalice la gestión del anterior Gobierno– se liquidaron los fondos del subsidio FONARSEC a los destinatarios adjudicados y se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que inició su gestión bajo de la dirección del Dr. Patricio De Urraza, actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Allí es donde hoy funciona la UPM (Unidad Productora de Medicamentos) con la dirección técnica del Lic. Arturo Hoya. Gracias a la aprobación del proyecto para la fabricación de medicamentos y vacunas, elaborado por el consorcio formado por la UPM, el CINDEFI (Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales) y el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, este consorcio recibió fondos del FONARSEC por 30 millones de pesos hacia finales de 2014. En tiempo récord, la UPM gestionó la compra de los equipos de última generación con que cuenta actualmente. Optimizar recursos, ganarle a la inflación e intentar sortear los efectos nefastos de las devaluaciones también forma parte del trabajo diario en los laboratorios.
Tanto los subsidios FONARSEC como la Agencia ANLAP se convirtieron en instrumentos de políticas en CyT. La ANLAP (de la cual el Dr. De Urraza fue desvinculado de su cargo el año pasado por la actual gestión macrista, dejando acéfalo al organismo por varios meses) nuclea en todo el país a más de veinte laboratorios (nueve con plantas habilitadas por ANMAT) que conforman una verdadera red de producción pública de medicamentos que viene gestándose desde 2006. La UPM de la Universidad Nacional de La Plata, así como otros laboratorios municipales, provinciales, dependientes de universidades y hasta farmacias hospitalarias, integran la ANLAP. Centros de diferente tamaño y envergadura funcionando en todo el país, cuya naturaleza y actividades terminaron de ensamblarse a partir de su creación. En el presente contexto de ajuste direccionado hacia el sector público, la ANLAP, ahora organismo descentralizado de la cartera sanitaria, pasó de tener un presupuesto de 150 millones de pesos a casi la mitad en mayo pasado. Y de los 83,8 millones que se le asignaron, 15,2 serán transferidos al sector privado.
La creación de la ANLAP respondió a una visión donde el medicamento es un derecho y no un objeto de lucro. De allí la responsabilidad que asumió el organismo en cuanto al diseño de políticas públicas en torno a la producción, investigación y desarrollo de medicamentos, para atender situaciones de orfandad y prevenir su falta. Promover la articulación entre todos los laboratorios públicos del país suponía generar acciones y políticas más competitivas, como la compra centralizada de principios activos, con el fin de abaratar costos.
Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/), las transnacionales farmacéuticas facturan a nivel mundial lo mismo que el PBI de la Argentina. En nuestro país la balanza comercial en la industria farmacéutica viene creciendo en los últimos años y supera los 1.200 millones de dólares. Además, el país gasta el 31% del presupuesto para salud en medicamentos. Los países desarrollados rondan el 10% de su presupuesto en la compra de medicamentos.
En coincidencia con la salida del Dr. De Urraza de ANLAP, en julio de 2016, el Ministerio de Salud nacional se quedó sin stock de medicamentos para la tuberculosis. Traducido en número de pacientes afectados por la enfermedad, se trata de un universo promedio de 30 mil personas, número que puede aumentar en la medida que cada una de ellas resulta un foco de infección para terceros. Sin medicación, el riesgo se vuelve exponencial. Sin embargo, ese mismo universo no resulta significativo en términos de rentabilidad para la industria farmacéutica privada, ya que se trata de una medicación de muy bajo lucro y complejo desarrollo.
Según refiere Arturo Hoya, de la Unidad Productora de Medicamentos de la UNLP, a mediados de 2016 se detectó el déficit de medicamentos para la TBC cuando las licitaciones internacionales lanzadas por el Ministerio de Salud de la Nación quedaron desiertas y la industria privada no mostró interés en el desarrollo y la producción. Ante esta situación crítica, en el mes de noviembre de ese mismo año, el laboratorio de producción pública de medicamentos de Río Negro, PROZOME, asumió el desafío de producir los medicamentos y para esto convocó a la UPM para realizar el desarrollo de los seis medicamentos requeridos por el MINSAL. Así, la llamada UPM (que en verdad hace investigación y desarrollo, por lo cual podría llamarse “unidad de desarrollo de medicamentos”) comenzó en noviembre de 2016 una maratónica tarea. Profesionales de su planta, personal de apoyo y becarios realizaron durante seis meses los estudios de desarrollo y estabilidad, y luego transfirieron ese know how a la planta de producción. Durante la elaboración de los medicamentos, la UPM realizó el seguimiento de los procesos, así como el control de calidad de los lotes de los seis medicamentos desarrollados con la autorización de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Estos lotes fueron aprobados por la ANMAT y el Ministerio de Salud de nación quedó habilitado para distribuir con urgencia los seis millones de comprimidos para el tratamiento de los pacientes infectados por tuberculosis. La crisis sanitaria fue resuelta.
Arturo Hoya, a cargo de la dirección técnica de la UPM, dice: “Esto se logró porque una pequeña planta de producción, en una provincia austral, más un centro, un laboratorio y una unidad de extensión universitaria –como es la UPM– se empeñaron en asumir un compromiso que era todo un desafío. Las últimas dosis terminaron de distribuirse en todo el país unos veinte días atrás. Este es un ejemplo de la capacidad que tiene, el sinergismo que existe entre las plantas de producción pública de medicamentos y las universidades, así como con el resto de las estructuras públicas: el INTI, CONICET… El punto es fortalecer eso”.
“Tenemos mucho trabajo que hacer: crecimiento de infraestructura, equipamiento, desarrollo de nuevas líneas de agentes terapéuticos. Pero para eso necesitamos más inversión. Pasó todo 2016 y lo que va de 2017 sin señales claras del Gobierno y mucho menos concreciones. Queremos ampliar el portfolio de medicamentos. Que las estructuras públicas abastezcan a los hospitales públicos. El hecho de que los laboratorios de producción pública puedan producir muchos de los medicamentos que también produce el sector privado daría la posibilidad que desde el Estado se pueda influir positivamente en el precio de los medicamentos. Tenemos que hacer que la producción pública cuente con el conocimiento profundo de los procesos tecnológicos para que, en caso de ser necesario, pueda producir medicamentos en situaciones en las que el medicamento es de carácter monopólico, como hizo Brasil años atrás con el caso de un retroviral”.
Sin embargo, el propio Hoya define el actual momento como “muy crítico”. Dice: “Hoy la UPM está con una enorme incertidumbre porque el FONARSEC no terminó de completar la entrega de todo el dinero necesario para cubrir el costo de los equipos y los insumos requeridos para el proyecto original por el cual obtuvimos el subsidio. Entre otras cosas, la plata no alcanzó porque en medio hubo dos devaluaciones. Cuando desde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (la que tramita las líneas de fondos) fue a pedirle más dinero al Gobierno, la respuesta fue no hay más”.
La UPM tiene asignado un subsidio anual de la UNLP que le ayuda a pensar en el futuro de corto plazo. Pero su planta de recursos humanos, mínima, proyecta en grande: “Estamos trabajando para que la UPM sea el centro de referencia de desarrollo para medicamentos de todos los laboratorios de producción pública del país. En ese sentido, pudimos cubrir la emergencia que se presentó con los remedios para la tuberculosis gracias al trabajo mancomunado con el laboratorio PROZOME, de Río Negro”.
Tanto Hoya (UPM) como Patricio De Urraza (expresidente de ANLAP) reconocen las buenas intenciones y la capacidad ejecutiva del Dr. Adolfo Sánchez de León, el médico sanitarista que reemplazó a De Urraza y del cual dependen todas las unidades públicas de producción en el territorio nacional. Sin embargo, toda su gestión está atada al desembolso de fondos que maneja la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es el Jefe de Gabinete quien en definitiva terciará la cuestión: favorecer la producción pública, con igual calidad que la privada, pero con un costo que en general es significativamente menor. O no hacerlo. Como hasta ahora.
