Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo la tercera Marcha Federal Universitaria, que confluirá frente al Congreso de la Nación bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”. La movilización responde al tratamiento que tendrá la Cámara de Diputados sobre el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: la Ley de Financiamiento Universitario, que garantizaba la actualización automática del presupuesto de las universidades y los salarios docentes, y la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, que afecta al Hospital Garrahan.
Las concentraciones comenzarán a las 17 horas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con llegada al Congreso para el acto central previsto a las 18 horas, donde se esperan oradores de diferentes sectores. Participarán estudiantes, docentes, no docentes, gremios y organizaciones sociales.
La marcha adquiere un significado especial en un contexto crítico para el gobierno: tras las recientes derrotas en las elecciones legislativas bonaerenses, el Ejecutivo enfrenta una caída en la imagen pública, acusaciones de corrupción y un escenario económico complejo, con el dólar en alza y la inflación afectando a amplios sectores de la sociedad. En este marco, la movilización universitaria se interpreta como un llamado a la defensa de políticas públicas fundamentales y un termómetro del descontento social.
El reclamo tiene respaldo en cifras concretas: entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, el presupuesto universitario cayó un 30,4 % en términos reales, mientras que los gastos operativos de funcionamiento se redujeron un 33,4 % real. Los salarios docentes perdieron cerca del 30 % de poder adquisitivo real en el mismo período. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que para mantener la operatividad y calidad de las universidades en 2026 se necesitarán 7,32 billones de pesos.
En paralelo, la Ley de Emergencia Pediátrica vetada contemplaba recomposición de insumos y un aumento del 70 % para el personal clave del Garrahan, buscando atender la situación crítica de los servicios pediátricos. Según una encuesta reciente de Proyección Consultores, el 89 % de los argentinos tiene una opinión positiva de la universidad pública y el 83,6 % apoya que el Estado financie estas instituciones para garantizar acceso a toda la población.
En este contexto, la Marcha Federal Universitaria se convierte en un acto de relevancia política y social, no solo en defensa de la educación superior y la salud pediátrica, sino también como señal del clima de opinión ante un gobierno que enfrenta desafíos legislativos, económicos y de legitimidad. La jornada de hoy marca un momento clave en la discusión sobre el financiamiento y las políticas públicas de largo plazo en la Argentina.
