Por Miguel Croceri
La impunidad del bloque de poder gobernante en Argentina desde fines de 2015 –que no durará por siempre y nadie puede predecir cuándo será su final, pero por el momento tiene un importante nivel de solidez política– le permite a Mauricio Macri y casi “sin despeinarse”, es decir, sin pagar costos políticos, perpetrar con toda naturalidad una de las aberraciones jurídicas más graves que pueda producirse en un Estado de derecho: la derogación de facto de leyes de la Nación.
Anteriormente, esos actos de violencia jurídica sólo eran perpetrados por las dictaduras. Pero el actual presidente derechista argentino empezó a hacerlo apenas asumió, y su primer semestre de gestión fue prolífico en tales atropellos (diario Contexto publicó una nota al respecto en julio de 2016).
Entre las primeras víctimas de esa política ilegal estuvieron la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de telecomunicaciones (llamada “Argentina Digital”), que regulaba la telefonía móvil e Internet. Medidas ambas destinadas a facilitar los negociados del Grupo Clarín y de otros conglomerados empresariales.
A mediados de 2016, Macri arrasó también con la Ley de Tierras Rurales, destinada a poner freno a la extranjerización del suelo argentino. De ese modo, se sigue expandiendo el proceso de apropiación del territorio nacional por parte de grandes capitalistas foráneos, como Luciano Benetton y el amigo presidencial Joe Lewis. La coherencia ideológica de Macri y su carácter consecuente para defender intereses contrarios a la nación y a la sociedad en su conjunto son impecables. Además, en lo personal, une lo útil con lo agradable. Es decir, lo que le conviene con lo que le gusta.
Otras cláusulas de una ley de la nación derogadas de facto, mediante decretazo presidencial, fueron las establecidas en la Ley de Inteligencia que otorgaban la atribución de escuchar conversaciones telefónicas con autorización judicial durante la investigación de delitos a la Procuración General de la Nación, órgano que conduce a lo que técnicamente se denomina Ministerio Público Fiscal, y que en lo concreto son las fiscalías federales de todo el país.
Puede ser útil detenerse en detalles de este caso. La actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó –que por ley tiene estabilidad en el cargo y no puede ser echada sin causa por ningún Gobierno– es una incorruptible y valiente funcionaria a la que todo el bloque de poder dominante encabezado por el Gobierno no pudo sobornar políticamente para que se fuera ni tampoco encontraron otra manera de sacársela de encima.
Gils Carbó había creado un sistema eficiente, decente y respetuoso de la privacidad de las personas para realizar escuchas telefónicas durante la investigación de delitos, por ejemplo, secuestros extorsivos. Al frente de ese sistema (la Dirección de Interceptación y Captación de Comunicaciones, Dicom) estaba Cristina Caamaño, otra incorruptible fiscal que se destacó públicamente cuando esclareció el asesinato del joven militante Pablo Ferreyra, un crimen político perpetrado en octubre de 2010. Ese esquema, vigente por una ley sancionada por el Congreso durante el último año del kirchnerismo, duró sólo unos meses.
Luego asumió Macri y derogó de facto las cláusulas de la ley referidas al tema, gracias a un arreglo político clandestino con Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. De ese modo, la atribución de las escuchas telefónicas quedó precisamente bajo el poder de la Corte (la edición digital del bisemanario Perfil publicó una nota en febrero de 2016, durante la transición de ese proceso).
El más poderoso tribunal del país creó, a su vez, un área dirigida por el juez Martín Irurzun, y este por su parte puso como jefe de la Dirección de Captación de Comunicaciones a Juan Rodríguez Ponte (el portal Infocielo reveló el pasado martes 24 que el ahora responsable de las escuchas telefónicas es hijo del intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, un dirigente del PRO)
Uno de los resultados buscados por el decretazo de Macri y su pacto espurio con Lorenzetti estuvo a la vista durante la semana recién terminada, cuando se supo que miembros del Poder Judicial, el Gobierno y los servicios de espionaje habían escuchado y grabado conversaciones por teléfono del ex funcionario kirchnerista Oscar Parrilli, hoy uno de los dirigentes más leales a Cristina Kirchner, y se divulgó un diálogo entre ambos.
De ese modo, un recurso extremo de invasión a la privacidad de las personas –como es la escucha y grabación de conversaciones telefónicas–, algo que sólo puede ser usado en circunstancias excepcionalísimas para investigar delitos, fue utilizado para cumplir tres propósitos siniestros que se encadenan unos con otros: primero, realizar espionaje político contra el kirchnerismo, segundo, ejecutar maniobras de acción psicológica sobre la opinión pública con la difusión de las grabaciones, y tercero, inventar nuevas causas judiciales para amenazar penalmente a la ex presidenta y perseguirla políticamente.
Yendo a otros casos, en la semana recién terminada Macri fue una aplanadora. En un solo un día (los decretos fueron publicados el jueves 26 en el Boletín Oficial), reformó por un lado la Ley de Riesgos de Trabajo, poniendo trabas para la reparación del daño sufrido y de sus derechos perjudicados, a trabajadores que sufren un siniestro laboral. En la misma jornada, reformó la ley de feriados, dispuso eliminar los feriados “puente” y –excepto los más tradicionales– trasladar varios a los lunes, incluyendo el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, cada 24 de marzo.
Esta última recordación evoca el golpe militar perpetrado en esa fecha en 1976, y gracias a la lucha popular se constituyó en una jornada de repudio a la última dictadura, y de exaltación de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Quizás un caso único en el mundo. La reacción contra el bastardeo de la memoria, tanto del movimiento de derechos humanos y los referentes políticos más identificados con esa causa, como de intendentes, gobernadores y dirigentes políticos de diversos sectores, fue magnífica. Macri tuvo que recular.
No sólo el feriado del 24 de marzo será inamovible, sino también los del 2 de abril (Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) y 20 de junio (Día del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano). En este tema, el Gobierno encontró un límite político a sus abusos. Queda por ver si la democrática y en defensa de los derechos e intereses populares se traslada a otro tipo de situaciones.
Mientras tanto, el próximo ultraje macrista contra leyes que un presidente no puede eliminar ni modificar pero el actual lo hace igual sin problemas –y cuyo contenido, que será más ultrajante aun a valores de conviviencia social, respeto a los migrantes y resguardo de los derechos humanos– presumiblemente serían decretos (a dictarse en cualquier momento, según trascendidos periodísticos) que modificarían las garantías de permanencia en Argentina para personas provenientes de otros países, con el pretexto de “combatir la delincuencia y el narcotráfico”.
Macri, más Lorenzetti y Pichetto
Así, Macri suma y sigue con la derogación de facto de leyes de la nación. Esos decretazos, que en el alambicado e hipócrita discurso jurídico y políticos dominante se llaman tramposamente “Decretos de Necesidad y Urgencia” (DNU), constituyen actos de violencia jurídica. El Poder Ejecutivo no puede derogar leyes, ni total ni parcialmente, y menos aun legislar en contra de ellas. Porque lo que hace el Poder Ejecutivo, además de derogar cláusulas de leyes aprobadas por el Parlamento, es reemplazarlas por otras cláusulas decididas por el presidente, propenso a ejercer la suma del poder público.
Y tales actos de violencia jurídica son una de las manifestaciones más explícitas de la tendencia hacia la abolición del Estado de derecho en Argentina.
Derogar leyes mediante decretazos está impedido desde siempre y para siempre por toda la normativa legal del país, desde la Constitución Nacional para abajo. Sin embargo, a Macri se lo permite no sólo la connivencia con corporaciones económicas, mediáticas, del espionaje, y todo el entramado de alianzas en el extranjero que son parte de una común defensa de los intereses del capitalismo trasnacional, sino también funcionarios públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial cuyo deber no sólo ético sino también legal es defender el bien común y el bienestar general, como dice el preámbulo de la Constitución, y ante todo respetar el ordenamiento legal vigente.
Que las corporaciones avasallen las normas jurídicas es propio de su naturaleza, y la única forma de que en alguna medida no lo hagan es un férreo control del Estado democrático. Porque las corporaciones no existen para respetar la ley, sino para defender sus intereses y privilegios. Son, por definición, estructuras de poder armadas para contrarrestar a las organizaciones, instituciones y poderes que deben representar el interés general de la sociedad.
En cambio, quienes sí están obligados ejercer y defender el Estado de derecho son los funcionarios públicos. Y si no lo hace Mauricio Macri y el conjunto de su Gobierno, debería hacerlo el Congreso de la Nación y el Poder Judicial. Sus autoridades y jefes más conspicuos son co-responsables de permitir la derogación de facto de leyes de la nación, cada cual desde su rol institucional, deber funcional o poder relativo.
En ese sentido, puede señalarse a dos figuras públicas en las cuales recae fundamentalmente la responsabilidad de consentir la violencia jurídica y el ultraje contra el Estado de derecho: Ricardo Lorenzetti y Miguel Pichetto. El primero como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el segundo como presidente del bloque mayoritario de senadores nacionales (40 miembros, sobre 72 integrantes del Senado), que tiene un poderío en la Cámara suficiente para rechazar un Decreto de Necesidad y Urgencia, además de otras muchísimas atribuciones, funciones y obligaciones legales.
Ambos gustan de exhibir un perfil público de hombres probos, moderados, republicanos. Atildados, ponderados y circunspectos. Artífices de la gobernabilidad, equilibristas sabios para la resolución de conflictos, sobrios portadores de una moral política por encima de intereses mezquinos o espurios. Seguramente se miran en el espejo y se ven a sí mismos como virtuosos Prohombres de la República, a los que la historia debería guardarles honores y gratitud.
Pero quizás –solo quizás, porque el futuro nadie puede adivinarlo–, cuando dentro de algunos años la relación de fuerzas en las disputas de poder sean diferentes de las actuales, y entonces pueda formularse en función de los intereses democráticos y populares una revisión histórica de su actuación en la función pública, el juicio de valor generalizado probablemente les otorgue una consideración bien diferente.
A Macri en primer lugar, pero también a los otros dos mencionados. Porque tanto Lorenzetti como Pichetto están permitiendo, desde altísimas responsabilidades institucionales, que un presidente de la nación se arrogue la suma del poder público. Eso, para la Constitución Nacional es una de las conductas más graves.
El artículo 29 del texto constitucional es clarísimo: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público […] Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
