Todo indica que el 24 de enero de 2018 quedará marcado en la historia como el día en que se dio un nuevo ataque a la democracia y a la voluntad popular de los brasileños. Ese miércoles, el Tribunal Regional Federal N° 4 (TRF-4) de Porto Alegre responderá a la apelación hecha por el expresidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva con la confirmación de la condena hecha por el juez Federal Sergio Moro. Sin pruebas en su contra, Lula (el candidato con mayor intención de voto) será condenado y proscrito para las elecciones presidenciales de octubre de este año.
En primera instancia, el juez Moro (similar al juez Claudio Bonadio en Argentina) condenó a Lula a nueve años y medio de prisión y a diecinueve años de prohibición para ejercer cargos públicos. Moro, un juez vinculado a la embajada norteamericana y a la Rede Globo, condenó a Lula acusándolo de haber recibido un departamento triplex como soborno por parte de la empresa constructora OAS.
No sólo no pudieron demostrar ningún vínculo entre el departamento y el expresidente -no presentaron ningún documento que acredite que ese triplex le pertenece-, sino que esta semana la Justicia realizó un embargo contra la empresa OAS confiscando el departamento en cuestión, lo que demuestra que ese triplex nunca dejó de pertenecer a la constructora y, por ende, nunca fue de Lula.
Sin embargo, los analistas que conocen la trayectoria de los jueces aseguran que el Tribunal de Apelaciones ya tendría cerrada la condena contra Lula. Los sectores populares que apoyan a Lula realizarán manifestaciones desde el 22 al 24 de enero para intentar evitar lo que parece una condena anunciada. La manifestación popular será la última barrera para defender la democracia brasileña.
En diálogo con Contexto, Oscar Laborde, diputado argentino del Parlasur, aseguró: “Estamos viviendo momentos definitorios para América Latina. El 24 se conocerá el fallo del Tribunal de Apelaciones. El Frente Popular, que tiene 88 organizaciones, lleva la consigna ‘Sin Lula es fraude’. Realmente es así. ¿Qué confianza puede existir en la democracia brasileña si el hombre con mayor intención de voto es condenado sin pruebas, proscrito y probablemente vaya preso?”.
“Es muy grave lo que está pasando, pero ya tenemos el triste antecedente de una presidenta, Dilma Rousseff, que fue destituida sin prueba alguna”, recordó.
Laborde aclaró que no es la única expresión en América Latina. «En Ecuador está preso el vicepresidente Jorge Glas, luego de que Lenín Moreno traicionara el mandato del voto popular que lo llevó al poder y a su partido. En Paraguay, Lugo fue destituido y ahora está imposibilitado de ser candidato. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es hostigada por los medios y la Justicia”, detalló.
“Es evidente que la derecha ha decidido violar la democracia. Un fallo condenatorio a Lula sería lapidario para los movimientos populares que aspiran alcanzar el poder por la vía democrática”, afirmó.
Por último, Laborde señaló que “todo indica que la Cámara de Apelaciones está preparada para condenar a Lula e inhabilitarlo. La última esperanza es que la presión internacional y la movilización popular permitan parar este atentado contra la democracia brasileña”.
