Con 241 votos a favor y 8 en contra, la Cámara Baja dio media sanción a la nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, una iniciativa que busca ser una instancia superadora a la actual normativa y que llegó al recinto tras haberse presentado en cuatro oportunidades.
La primera en hablar del proyecto fue la diputada socialista Mónica Fein, titular de la Comisión de Salud. Esta ley «viene a dar una mirada integral para avanzar en este camino. Reducir la desigualdad es dar prioridad a personas que aun hoy no tienen acceso a los servicios», explicó. Agregó que «esta ley plantea un abordaje integral e intersectorial en la atención primaria de la salud, garantizando la atención combinada para la reducción de riesgos y daños; con mecanismos claros para la participación de poblaciones clave en el monitoreo de políticas».
«Con esta aprobación estamos cumpliendo con un deber moral y ético y contribuyendo a una sociedad con más igualdad y derechos», sostuvo.
La diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, quien presentó la normativa, destacó que la misma es autoría de las organizaciones de la sociedad civil que se encontraban en el palco acompañando la sesión.
«Este proyecto tiene un abordaje de la cuestión social, en el capítulo que tiene que ver con la jubilación y pensión no contributiva, porque las personas que sufren VIH se siguen muriendo de pobreza y por discriminación. Por eso necesitamos un Estado presente, que garantice que estos derechos sociales estén cubiertos, porque las personas que sufren VIH tienen un deterioro en el organismo y un envejecimiento precoz por el tratamiento que llevan durante años», afirmó.
Gaillard insistió en que se necesita la jubilación especial «porque el porcentaje más alto de personas que mueren con VIH está entre los 45 y 55 años. Necesitamos una jubilación especial, porque la mayoría no tiene los aportes necesarios que se les exigen, por eso esta ley establece que se les pida 10 años de aporte y 50 años de edad».
Agregó que «necesitamos pensiones no contributivas, porque de siete personas con VIH en la provincia de Buenos Aires solo una tiene un empleo formal, con lo que esto conlleva: una dificultad para tener la cobertura médica necesaria».
«Esta ley no solo me preocupa y me ocupa desde muchos años, antes incluso de ser legislador o diputado nacional, porque sí creo que en definitiva es una ley que de tan importante ha sido manoseada durante muchos años, perdiendo estado parlamentario cuatro veces, en diferentes gobiernos, con diferentes bloque legislativos, con diferentes presidentes de Cámara», sostuvo el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
«Lo que me nace desde el corazón es que debemos mirarnos un poco a nosotros mismos, con menos de absolutismo y ombliguismo, y hagamos mea culpa en este recinto, porque, hay que decirlo, algunos no están acá, pero en muchas oportunidades cacarearon bastante y siempre dejaron la ley escondida en un cajón», cuestionó.
La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, planteó que «la lucha y la persistencia de las organizaciones es lo que hizo posible que se esté tratando acá. Esa persistencia ha contrastado con las prioridades que tiene este Congreso».
Tras el debate se dio la votación con una amplia mayoría aprobando la normativa. Los votos negativos fueron aportados por los bloques liberales y por Juntos por el Cambio.
El proyecto
Esta iniciativa busca ser superadora de la actual normativa, sancionada en 1990, con un cambio de paradigma enfocado en los derechos humanos. Según explica la organización Ciclo Positivo, parte del Frente de organizaciones, a diferencia de la ley vigente (Ley N° 23.798), sancionada treinta años atrás, el actual proyecto «tiene un enfoque de género y de derechos humanos para asegurar los derechos y garantías inherentes a la condición humana para todas las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS». En ese marco, la iniciativa «pone en el centro de la escena los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma, la discriminación».
Para avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos y la no discriminación, el proyecto propone la eliminación de la prueba preocupacional para diagnosticar estas enfermedades; la producción pública de medicamentos y el acceso universal, oportuno y gratuito a los mismos; la capacitación y promoción dentro del sistema de salud para acompañar a las personas diagnosticadas; la provisión de tratamientos y servicios para quienes nacieron con VIH y la promoción de la investigación. Asimismo, la creación de dos entes: una Comisión Nacional de VIH, hepatitis, TBC e ITS, que reúna a organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, y un Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación bajo la órbita del INADI, para visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas con VIH, hepatitis, TBC e ITS.
Además, el proyecto hace hincapié en el desarrollo de programas destinados a la prevención, «teniendo en cuenta las desigualdades, discriminaciones que sufren las mujeres», apostando a la construcción de una nueva ley con perspectiva de género.
