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Luciani y Mola refuerzan la ofensiva judicial: piden rechazar la prisión domiciliaria de CFK

Los fiscales de la causa Vialidad volvieron a apuntar contra Cristina Kirchner, esta vez oponiéndose a que cumpla su condena en su domicilio. Ignoraron el intento de magnicidio de 2022 y sugirieron imponer una tobillera electrónica si se le concede el beneficio.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 el rechazo al pedido de prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad. La defensa de CFK había solicitado la domiciliaria por su seguridad personal y su rol institucional como exmandataria, y refirió también al intento de magnicidio que sufrió en 2022.

En un dictamen entregado este martes por la mañana, los fiscales argumentaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria” y afirmaron que “la privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”.

Luciani y Mola también solicitaron que, en caso de concederse la domiciliaria, se imponga el uso de tobillera electrónica, a pesar de que la defensa ya había pedido que se evite esa medida por considerarla innecesaria.

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, sostuvo ante el tribunal que las condiciones de seguridad personal y su calidad de exjefa de Estado tornan inviable su detención en una unidad penitenciaria común. En el escrito, subrayó el intento de asesinato perpetrado en su contra como principal antecedente para exigir condiciones de reclusión especiales y apartadas del régimen penitenciario general.

Luciani y Mola alcanzaron gran visibilidad pública al encabezar la acusación en la causa Vialidad. Ambos fiscales están vinculados con el macrismo: Luciani jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, mientras que Mola figura como visitante de la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos.

Sus intervenciones judiciales, marcadas por una retórica acusatoria sin pruebas concluyentes y una evidente proyección mediática, han sido señaladas por el kirchnerismo y amplios sectores del derecho como parte del entramado de persecución política y judicial conocido como lawfare, que busca condicionar la participación política del peronismo mediante el uso instrumental del Poder Judicial.