Julio Garro fue imputado este lunes por el juez Juan Condomí Alcorta, en el marco de la causa que investiga irregularidades en torno a desarrollos inmobiliarios aprobados en su gestión, por la que ahora le caen los delitos de «Asociación Ilícita, Incumplimiento de los deberes de Funcionario público, Falsedad Ideológica de documento público y Administración fraudulenta en perjuicio del estado».
El magistrado además ordenó el allanamiento de la vivienda del exintendente, de exfuncionarios y de los empresarios que se habrían beneficiado por maniobras ilegales en 400 emprendimientos inmobiliarios.
Vale recordar que en septiembre pasado, la actual gestión de Julio Alak puso un freno a estos negocios y ordenó su clausura, alegando que estas urbanizaciones violaban la Ley provincial de uso del suelo, por lo que presentó una denuncia ante la Justicia.
Durante la gestión de Garro, fueron varias las veces que organizaciones, vecinos y especialistas en la materia denunciaron públicamente la maniobra del intendente para avanzar con loteos. Aprovechando su mayoría en el Concejo Deliberante, Garro logró rezonificar tierras a favor del desarrollo inmobiliario para la generación de barrios cerrados. En estas denuncias, de las que Contexto se había hecho eco en su momento, los frentistas advertían que los loteos no tenían en cuenta un plan integral y carecían de un abordaje mediado por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial.
Similar denuncia es la que realizó Alak cuando clausuró estos emprendimientos. «Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables», indicó, al presentar la denuncia, el Municipio.
En su imputación, Condomí Alcorta alertó de estas maniobras. «De los elementos reunidos en la presente investigación se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización Provincial respectiva para cada emprendimiento. Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas/desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de U$D1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares), ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en $700.000 millones de pesos. En ésta dirección, el grupo de personas mediante un actuar organizado desarrollaron distintos ilícitos en perjuicio de la administración pública en el marco de las actividades antes explicitadas», indicó.
Además de Garro, fueron imputados María Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales) y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario de Servicio Públicos), y los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones).
