Por Leandro Gianello
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, recibirá, cual regalo de Navidad, la presentación de más de doscientos pedidos de juicio político por parte de distintos organismos y ciudadanos por mal desempeño y una posible comisión de delito, ante los avales públicos con los que respaldó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que designa a dedo a dos nuevos integrantes. El abogado y periodista Pablo Llonto, junto con cientos de personas y organizaciones de derechos humanos, presentó un pedido de Jury por considerar que el magistrado no cumplió su función.
Coincidiendo con la postura de ciudadanos comunes, integrantes de organizaciones sociales, familiares y víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos sobre la falta de criterio democrático que tienen estas designaciones por decreto, Pablo Llonto consideró que esto sucede porque “en lugar de esperar que se resuelva por las vías legales y de acuerdo con el procedimiento constitucional, (Lorenzetti) incurrió en lo que para nosotros es mal desempeño de funciones”.
«Es una presentación que se hizo en la Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados para que sea girada a la Comisión de Juicio Político respectiva, siguiendo el mecanismo que establece la Constitución para denunciar a los jueces de la Corte por mal desempeño en sus funciones», explicó Llonto.
– ¿Cómo surgió el pedido?
– Se hizo para denunciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, fundamentando la decisión en la comisión de tres actitudes y conductas fuera de normativa sucedidas la semana pasada en relación con el Decreto 83-2015 de nombramiento de jueces firmado por Mauricio Macri, que para nosotros es inconstitucional.
– ¿Cuáles son las actitudes que tuvo Lorenzetti que podrían ser consideradas como improcedentes?
– En principio, el decreto que designa a los dos jueces sin respetar el procedimiento constitucional, fue inicialmente avalado por Lorenzetti en distintas manifestaciones verbales y horas después de ser conocido. Luego de eso, comete otro acto de mal desempeño al reunirse con Mauricio Macri y acordar, en una maniobra que no corresponde entre un presidente de la Corte Suprema y un titular del Poder Ejecutivo, la postergación de la ejecución del decreto para febrero o marzo del año que viene.
– ¿Es una injerencia entre poderes?
– En ninguna parte la Constitución establece que los miembros de la Corte puedan participar en la designación de jueces. Eso es un asunto entre el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no tiene por qué intervenir la Corte. La otra conducta cuestionable es que, al poco tiempo de existir esa “negociación”, se publica en la página web de la Corte (CIJ o Centro de Información Judicial) un comunicado sin firma en el que se habla de la reunión mantenida entre los dos representantes, explicando esta especie de “negociación” totalmente ilegal. En el texto se menciona explícitamente el Decreto 83-2015, avalando por escrito el instrumento que hasta los propios integrantes de la alianza Cambiemos se manifestaron en contra.
– ¿Cómo piensa que puede llegar a avanzar este pedido de juicio político en Diputados?
– El tratamiento se va a demorar porque aún no se han conformado las comisiones. Todo pedido de este tipo debe ser estudiado por la Comisión de Juicio Político, que tiene un reglamento para tal fin. Pero, por el receso y los cambios dentro de la Cámara, no se va a conformar ni evaluar hasta febrero.
Entre los doscientos pedidos entregados en la Mesa de Entradas, hay algunos de organismos de derechos humanos y de ciudadanos particulares. De cualquier manera, nosotros estamos convocando a que todo aquel que quiera hacerlo se sume, ya que todo ciudadano puede presentarlo.
– ¿Qué opina sobre el blindaje mediático existente a partir de la asunción del nuevo gobierno?
– Quedó claro días antes del 10 de diciembre que los periodistas que se autodenominaban “periodistas independientes” en realidad son “periodistas macristas”. Por ejemplo, frente a este atropello a la Constitución no han dicho nada o se han limitado a criticar suavemente la acción del Gobierno. Esto demuestra que no les interesa defender la legalidad, sino disimular su verdadera posición política, que es la defensa de todo lo que haga el nuevo Gobierno.
Ahora la posición contraria va a quedar reducida, porque los medios públicos que daban voz a inmensos sectores de la población van a guardar silencio sobre ciertos hechos o pintar noticias de color amarillo para favorecer al oficialismo, como por ejemplo con lo ocurrido hoy con la represión a los trabajadores de Cresta Roja.
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