Por Alejandro Palladino
A menos de veinticuatro horas de la represión de la Policía jujeña sobre la diputada del FpV Mayra Mendoza y dirigentes políticos, gremiales y referentes de derechos humanos que se concentraron el miércoles en las puertas del juzgado federal para presenciar el juicio oral y público contra la dirigente Milagro Sala, la CTA de los Trabajadores provincia de Buenos Aires presentó ayer en su sede central en La Plata (6 entre 47 y 48) un informe que relevó ochocientos casos de vulneración de los derechos humanos en el país cometidos durante el último año, “que muestran un claro retroceso en materia de derechos humanos y un ataque sistemático a las libertades políticas, civiles, sindicales y sociales”, dice el estudio.
A un año de la asunción de Mauricio Macri, el informe remarca el cambio de paradigma en materia de seguridad que impuso la alianza Cambiemos como condición necesaria para llevar a cabo el ajuste económico que pagan los sectores trabajadores. “Existe la intención de instalar un nuevo paradigma o propuesta político-social, en que la violencia del Estado ocupa un rol central disciplinador, a su vez que ocurre un empobrecimiento de los trabajadores, conformando un mapa de recesión-represión”.
En la mesa de la conferencia de prensa que ofició como presentación estuvieron los secretarios adjuntos de la CTA provincia de Buenos Aires, Raúl Calamante y Daniel Pérez Guillén, María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de la CTA provincial, y Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA nacional. Ambas mujeres estuvieron presentes en apoyo a Milagro Sala en las puertas del juzgado durante la represión de la Policía jujeña, por lo que hicieron un paréntesis para abordar la cuestión.
A la sala de la CTA también acudieron familiares de jóvenes desaparecidos o asesinados por la Policía, la mayor parte de ellos de Florencio Varela. Expresaron su repudio por cómo la Fiscalía Nº 4 de esa localidad cajonea las causas que poco o nada han avanzado, según los casos.
Daniel Pérez Guillén saludó a Estela Díaz y a María Reigada “por acompañar a Milagro Sala”, al tiempo que Rául Calamante resaltó “la intención de denunciar lo que para nosotros fue un año de vulneración de los derechos humanos”, por lo que “es fundamental hacer pública la investigación”.
El estudio divide los casos según tipo de ataque: 275 son de violencia institucional, 231 de persecución política, 96 contra los derechos humanos, 84 represiones y 62 por persecución sindical. De las 84 represiones, más del 70% involucra a las fuerzas de seguridad, con la Policía a la cabeza (sea local, federal o provincial). De los 435 casos de persecución político-sindical, 118 fueron contra dirigentes gremiales, 95 contra actividades militantes y 80 a locales o símbolos o murales políticos. Los gremialistas nombraron el ataque a tiros al local de Nuevo Encuentro como el que más resonó, en Villa Crespo, cuando fue tiroteado durante su inauguración en marzo. También hubo casos similares en Lanús, Mar del Plata y La Plata.
En cuanto a la división geográfica, de los 824 casos, casi la mitad (298) se produjeron en la provincia de Buenos Aires, seguida por C.A.B.A. con 143. Más atrás Jujuy (40), Santa Fe (40) y Córdoba (39).
La detención ilegítima de Milagro Sala, a pesar de la orden de organismos internacionales para que el Gobierno de Morales la deje en libertad mientras se desarrolla el juicio, la liberación de detenidos y condenados por delitos de lesa humanidad a prisión domiciliaria, “son formas de abandonar las políticas de derechos humanos que años atrás nos llevaron al reconocimiento internacional”, afirman desde la CTA.
En sus últimas páginas el informe hace una detallada descripción de 65 hechos puntuales de retrocesos en las políticas de derechos humanos: entre ellos, las declaraciones de Lopérfido cuestionando la cantidad de desaparecidos y las designaciones de represores en la función pública. También puntualiza cien ataques a trabajadores, entre represiones y despidos masivos, enmarcados en el ajuste económico y la creación del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich.
María Reigada refirió a otro dato del informe: las situaciones de violencia institucional se dan mayoritariamente en los barrios más humildes, y principalmente en la franja etaria de los jóvenes. “Si bien no se había podido desterrar la violencia institucional, hoy aparece como permitida porque es el control social que se quiere establecer en las barriadas”, afirmó la secretaria de Derechos Humanos. “Una cosa es tener un Estado que intenta rever esa situación; pero hoy vivimos otra cara, que habíamos creído poder desterrar, pero que vuelve a aparecer por la mayor impunidad que tienen las fuerzas de seguridad.”
Por su parte, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, resaltó “la importancia de recopilar y sistematizar las violaciones de los derechos humanos” para que permanezcan en la memoria y se las pueda enfrentar.
“Lo que vivimos en Jujuy fue un acto de vandalismo”
“Nos habíamos acercado, junto a sindicalistas, referentes de derechos humanos y diputados y senadores, para que este juicio no sea aislado en una provincia donde se genera una represión que no es menor y que tenemos que señalar”, sostuvo Reigada, con la voz todavía conmocionada por los hechos del miércoles en el juzgado.
Dijo que habían presentado un listado al tribunal, que no fue considerado, como tampoco la orden de llegada. Tampoco se había respetado una orden de la Defensoría del Pueblo para que se pongan pantallas de video para seguir el juicio desde afuera. “Lo que vivimos en Jujuy fue un acto de vandalismo”, dijo Reigada. “Y si no reaccionamos, cosas así van a seguir pasando”.
Estela Díaz consideró que el ataque “fue una provocación más de Morales, esta vez a través de su Policía, porque se planificó una orden para que se dificulte que miremos el juicio”.
“Desde la CTA vamos a denunciar lo ocurrido para que se investigue lo que pasó. Y al policía que hizo ese ataque sexual contra Mayra Mendoza, denunciarlo por ataque sexual”, cerró Díaz.
