Este lunes, el presidente Javier Milei realizó una nueva cadena nacional para defender su modelo económico y celebrar un «superávit fiscal 0,2 % del PBI», anuncio que fue cuestionado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en un duro documento. «Se hace a expensas de un fuerte ajuste social sin tener como norte la inversión productiva y la generación de empleo», señaló la central obrera.
En un documento de dos páginas titulado «Lo que le falta contar al Gobierno nacional», la CGT cuestiona al Gobierno por hablar de «superavits gemelos» cuando, señalan, «analizando los fatos completos, debiéramos hablar de ‘deudas gemelas’ explicando el mecanismo oculto de cómo se lograron».
La central obrera enumera siete puntos del ajuste de Milei que lo llevó a lograr el celebrado «superávit», siendo el primero de ellos la licuación de los ingresos de las y los jubilados. «Sus haberes cayeron un 40% en términos reales en los últimos 12 meses, ubicándose entre los registros históricamente más bajos, peores que los del año 2001», indicaron.
El segundo punto en cuestión es la deuda que Milei tiene con las provincias, siendo «un recorte del 62% ajustado por inflación» que afecta «servicios esenciales como educación y seguridad social. Desfinanciando también los pagos a jubilados provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales».
Asimismo, la central liderada por Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña destaca las deudas que el Gobierno nacional mantiene con empresas de energía y gas. «El Tesoro no cumple los contratos y puede romper esa cadena de pagos. Acumula una deuda del orden de los USD 2000-2200 millones. Si esta situación no se regulariza, las empresas privadas podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal abastecimiento de electricidad», detalla el documento.
A horas de la Marcha Federal Universitaria, de la que participará la CGT, el documento pone también el foco en el desfinanciamiento de la educación pública, con la falta de actualización del presupuesto educativo y con fondos que no alcanzan a cubrir el normal desarrollo de estas actividades. «Sin incrementos presupuestarios las universidades no podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año», advirtieron.
La interrupción de la obra pública es otro de los puntos que sirvieron para lograr el superavit. «Atrasando o discontinuando proyectos estratégicos, vitales para reducir el gasto en subsidios y en importación de energía, considerando además el brutal costo social que significa la pérdida —estimada hasta el momento— de 100.000 puestos de trabajo», cuestionaron.
Asimismo, advierten que «el supuesto superávit comercial es consecuencia de la brutal recesión y el desplome de las importaciones, sumado a la diferencia por las importaciones no pagadas (que se transforman en deuda comercial). La recesión para el presente año se prevé en el orden del 5% como piso, la mayor desde el 2009».
Por último, indican como una causal la «acumulación de reservas postergando pagos de importaciones». «El Banco Central RA restringió el acceso a divisas para el pago de importaciones durante el primer trimestre del año. Si a los no pagos de bienes, le agregamos los pagos restringidos de servicios (unos USD 2.000 millones), el aumento de deuda comercial totaliza aproximadamente unos USD 8.800 MM. Es decir, entonces, que el BCRA compró efectivamente solo un 30% de lo que dice», señalan.
A modo de resumen, desde la CGT indicaron que el gasto primario del Estado «cayó más de 35% interanual en términos reales. El 40% del recorte del gasto se explica por la caída en jubilaciones y pensiones, un 15% por un menor gasto en subsidios energéticos y otro 15% por el freno de la obra pública. Entre estos tres rubros, se explica el 70% de la caída del gasto primario».
En este marco, reclamaron «la implementación de un verdadero programa económico que, desde un diálogo social abierto (al que no se convoca), incorpore perspectivas de crecimiento e inversión productiva», que «hasta el momento no se formulan».
Exigieron también «un modelo inclusivo de Desarrollo, Producción y Trabajo que comience a reparar un tejido social agobiado por la pobreza de vastos sectores de nuestra comunidad», que favorezca el «aumento del mercado laboral», le dé «valor a nuestras pymes» y que «regule la especulación financiera».
