Durante la madrugada del lunes pasado y tras una persecución en la cual miembros de la Policía bonaerense efectuaron disparos, Gonzalo Domínguez (de catorce años), Rocío Guagliarello, Camila López y Danilo Sansone (de trece) y Aníbal Suárez (de veintidós) sufrieron un siniestro vial en San Miguel del Monte. La única sobreviviente del impacto es Rocío, quien se encuentra internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, de Florencio Varela. Once policías fueron apartados de sus cargos y ocho de ellos se encuentran detenidos.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a las familias de Camila y Danilo y denunció que los cuatro asesinatos se inscriben «en una larga trayectoria de violencia policial en la localidad». Además, sostuvo que la masacre de San Miguel del Monte «es un nuevo hecho de violencia policial de extrema gravedad que ocurre en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de la gobernadora [María Eugenia] Vidal» y que estos asesinatos son consecuencia de «políticas irresponsables, ineficaces y cuyo costo se expresa en muertes y torturas de miles de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad».
«Las muertes son, sin lugar a dudas, violaciones a los derechos humanos producidas por el Estado»
Hostigamiento, persecución, torturas y sobornos son algunas de las denuncias que realizaron los vecinos contra los uniformados. Por el momento son ocho los agentes detenidos: Leonardo Ecilape, Rubén García, José Domínguez, Mariano Ibáñez, Cristian Righero, Juan Gutiérrez, Manuel Monrreal y Melina Blanco. También fueron desafectados Oscar Ángel, José Durán y Julio Micucci. Sandra Raggio, directora general de la CPM, dialogó con Contexto sobre este nuevo caso de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires.
Este caso de violencia institucional ¿puede ser enmarcado en la doctrina Chocobar?
Sí, claramente. Se trata de un caso de violencia policial: las muertes son producidas por agentes policiales en servicio, con uniformes y armas reglamentarias. Las muertes son, sin lugar a dudas, violaciones a los derechos humanos producidas por el Estado. Todavía falta investigar qué fue lo que pasó realmente.
El de [San Miguel del] Monte es un caso límite, un caso extremo, pero que expresa una secuencia de violencia ejercida por la policía que tiene que ver con detenciones arbitrarias o ilegales, corrupción, amenazas, golpizas, torturas. Todas estas prácticas de violencia policial estaban presentes en las fuerzas de la localidad.
Por eso se explica la actuación de la comunidad, que desde un primer momento descree de la versión policial e incluso aporta pruebas para desacreditar esa primera versión. Más allá de lo extremo del acontecimiento, es el resultado de estas prácticas que son cotidianas en la policía.
¿Cuántos son los detenidos hasta el momento y en qué dependencia se encuentran?
Son trece los detenidos. La información que tenemos es que algunos están en la Alcaldía de La Plata y otros en una comisaría de Punta Indio. Ya fueron todos indagados.
¿Acusarán a funcionarios del gobierno provincial por la masacre?
En este momento estamos hablando con las familias y viendo cómo avanza la investigación para ver si hay responsabilidades políticas.
¿Están conformes con las imputaciones por homicidio doblemente agravado contra cuatro policías y por delitos de falsedad ideológica y encubrimiento a otros tres?
Las carátulas de los cuatro policías que incluyen a los dos conductores de las patrullas y a los que dispararon son por homicidio agravado, que es la carátula más grave con penas de hasta prisión perpetua. También nos parece importante que hayan caratulado como encubrimiento y falsedad ideológica a otros funcionarios, incluyendo desde el comisario a todos los que estaban en ese momento activos esa madrugada, como así también a los responsables de seguridad del Municipio.
Es evidente que sabían lo que había pasado. Hubo disparos, un hecho concreto que durante el proceso se ocultó. Incluso, en las actas hablan de estruendos de los escapes. Falsificaron el acta y dijeron que el testigo se tiró al piso porque escuchó el estruendo de un escape de una moto
¿Pudieron indagar los antecedentes de la violencia policial que sufre la comunidad de San Miguel del Monte?
La semana pasada nos llegaron muchas historias sobre cómo actúa la policía. Los casos van desde la violencia efectuada por las fuerzas hasta golpizas a chicos en la estación. Hechos muy graves.
También el propio Danilo, una de las víctimas, de trece años, había sufrido una detención ilegal por cinco horas en la comisaría. Estaba en la plaza rapeando con su skate y vino la policía porque habían enchufado uno de los celulares en los tomacorriente de la plaza y se cortó la luz. Como uno de estos típicos procedimientos, los prepotearon a los chicos y Danilo les dijo su nombre cuando le preguntaron. De hecho, le dijeron a la madre que lo habían detenido «por bocón» y estuvo cinco horas en la comisaría.
«La semana pasada nos llegaron muchas historias sobre cómo actúa la policía. desde la violencia efectuada por las fuerzas hasta golpizas a chicos en la estación»
No nos asombra, porque tenemos muchas denuncias similares en otros pueblos. Casos de persecución a chicos que andan en las motos y cuando caen los patean. Un caso de estos ocurrió en Pergamino, por ejemplo. El caso de los skaters o de chicos que van con sus bicicletas a las plazas.
Efectúan este tipo de acciones porque tiene que ver con este control territorial que hace la policía que dice por dónde tienen que circular. Sobre todo dirigido a los sectores populares, a los «portadores de rostro», que no pueden andar por determinados sectores de la ciudad. Los corren del centro, los hostigan, les revisan las mochilas, les piden los documentos, los detienen; toda una acción sistemática de hostigamiento para que los pibes se retiren de esos espacios. Parecen prácticas menores, pero no lo son, porque terminan en casos como el de la masacre. Sin esta persecución, es imposible pensar que la masacre de Monte hubiera ocurrido. La policía está acostumbrada a hacer abuso de autoridad.
