Diputados de extracción sindical de Unión por la Patria y especialistas en derecho laboral salieron a cuestionar los lineamientos de la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei anunció que llevará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. Las críticas apuntan al perfil regresivo de la iniciativa por su reducción de derechos y la mayor precarización de las condiciones de trabajo.
Los legisladores del bloque, entre ellos Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Mario Manrique, Pablo Carro y Hugo Yasky, avanzan en la elaboración de propuestas alternativas que unifiquen los distintos proyectos laborales presentados en los últimos meses. El objetivo, explicaron, es construir una agenda de modernización contraria a la impulsada por el Ejecutivo, centrada en la ampliación de derechos.
“Nosotros tenemos que hablar de nuestra propia reforma laboral: modernizadora, progresiva, de ampliación de derechos”, sostuvo Siley, diputada y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires. “Lo que plantean ellos es quita de derechos, lisa y llanamente. No es una reforma laboral. Nosotros sí tenemos una reforma laboral y no le mentimos a la gente: las leyes por sí solas no generan trabajo; eso depende de un modelo económico”, agregó en diálogo con Radio Gráfica.
Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei ha reiterado que la “modernización laboral” es una pieza central de su segunda etapa de reformas estructurales. El Ejecutivo sostiene que la alta carga impositiva y los costos de contratación desalientan el empleo formal, y que es necesario “liberar” el mercado de trabajo para incentivar la creación de puestos.
Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, detalló en la Cámara de Diputados que el proyecto buscará “flexibilizar y simplificar” las relaciones laborales, promover la productividad y formalizar el empleo. En esa línea, el Gobierno insiste en revisar los convenios colectivos “anticuados” y habilitar acuerdos por empresa, además de reducir aportes patronales y permitir esquemas de indemnización alternativos.
Ante esta postura del Gobierno fortalecida por el triunfo electoral, entre las iniciativas que promueven los diputados de Unión por la Patria se incluyen la reducción de la jornada laboral, la regulación del trabajo en plataformas digitales, la ampliación de las licencias parentales, el derecho a la desconexión virtual y la protección frente al despido sin causa. En todos los casos, se trata de proyectos que ya cuentan con estado parlamentario pero fueron frenados en la comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz.
En esa misma línea, la abogada laboralista y docente de la UBA Natalia Salvo advirtió que el debate sobre la reforma laboral “no es una simple actualización normativa”, sino “un intento de desmantelar la estructura protectora del derecho del trabajo y retrotraer derechos conquistados hace más de un siglo”.
“Quieren volver al siglo XIX y terminar con los derechos laborales bajo el mantra de la libertad”, afirmó en diálogo con Radio Asamblea. A su vez fue especialmente crítica con las propuestas de la reforma del Gobierno que reinstalan mecanismos regresivos como el salario por productividad, el banco de horas y la eliminación de las indemnizaciones. “Si ese es el modelo de modernización, ya sabemos cómo termina: más desempleo, más precariedad y menos salario real”, subrayó, y dio el ejemplo de lo que ocurrió en los años noventa.
En tanto, el diputado nacional y dirigente del SMATA, Mario “Paco” Manrique, afirmó que “ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo”, y advirtió que el sector empresario solo busca “abaratar los despidos”.
Desde la CGT, su nuevo triunvirato no cuenta con dirigentes de peso para enfrentar la embestida antiderechos del Gobierno. Aunque Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio y uno de los tres secretarios generales de la central obrera, sostuvo que “no vamos a aceptar ninguna reforma laboral regresiva”. Cuestionó además las versiones que promueven la jornada de 12 horas o los salarios por producción: “Eso no existe en ninguna parte del mundo. En todos lados el debate es por reducir la jornada, no por ampliarla”.
En un documento difundido tras su congreso nacional, la CGT advirtió que una reforma de esas características “atenta contra el equilibrio entre capital y trabajo” y reclamó la apertura de un diálogo social amplio “donde se respeten los intereses de los trabajadores y se fortalezca la negociación colectiva”.
