El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió presentar una acción judicial en representación de todas las universidades públicas del país para que el Poder Ejecutivocumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795), que fue sancionada por el Congreso y ratificada con más de dos tercios de los votos tras el veto presidencial.
La decisión, adoptada este martes durante una reunión extraordinaria de rectores realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), marca una nueva fase en el conflicto entre las universidades nacionales y la administración libertaria.
La reunión expresó “el posicionamiento político” de las universidades públicas de “exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa. “Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA.
Por su parte, Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, completó: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
Aunque la norma fue promulgada este lunes a última hora, cuando vencía el plazo legal de diez días hábiles tras el rechazo al veto, el Ejecutivo anunció que no la aplicará argumentando que el Congreso debe asignar cuáles son las fuentes de financiamiento. Esa decisión generó el rechazo de todo el sistema universitario.
En este marco, ayer y hoy las universidades no funcionaron con normalidad por medidas de fuerza de sus docentes y no docentes. La CONADU lleva a cabo un paro hoy y la CONADU Histórica, ayer y hoy. Mientras que las federaciones no docentes pararon ayer. Todos, en reclamo por la aplicación de la normativa ante una situación salarial que denuncian alarmante: desde que asumió Milei, perdieron más del 40% de su poder adquisitivo, incluso reconocido por el Ejecutivo en el decreto con el que vetó la ley.
El CIN había advertido días atrás que la falta de aplicación de la ley compromete el funcionamiento institucional y vulnera derechos básicos. “Las universidades están sosteniendo sus actividades con un presupuesto prorrogado, sin actualización salarial y sin recursos para infraestructura ni becas”, expresaron los rectores.
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario —sancionada en julio y promulgada tras la insistencia parlamentaria— establece un esquema de actualización automática de las partidas presupuestarias según la inflación, la convocatoria obligatoria a paritarias y la creación de fondos específicos para becas estudiantiles, infraestructura, ciencia y carreras estratégicas. Además, fija una trayectoria progresiva de financiamiento que eleva la inversión en educación superior hasta el 1,5 % del PBI en 2031.
