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Las mentiras para desarmar el ARSAT

Por Alejandro Palladino

En una entrevista concedida el viernes 9 de diciembre a Página/12, Rodrigo de Loredo, presidente de la empresa satelital ARSAT designado por Mauricio Macri y yerno del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad –cartera de la cual depende la empresa desde que asumió Cambiemos–, ratificó que el ARSAT-3 será construido pero no con recursos del Tesoro, sino a partir de una asociación con privados aunque sin dar ningún tipo de plazo de tiempo ni indicio más preciso del proyecto. También subrayó que, cuando tomó su nuevo cargo, el porcentaje de comercialización del ARSAT-2 era cero, y que hoy es del 38%.

El grupo “Trabajadores de ARSAT defendiendo la soberanía” emitió un comunicado en el que desmiente rotundamente las declaraciones de Rodrigo de Loredo, defendidas por los diarios La Nación y Clarín. Allí expresan el “nulo interés” de la nueva gestión en cumplir la Ley 27.208 de desarrollo de la industria satelital, que genera la suspensión de Arsat-3, el freno de la TDA y la autorización del macrismo para que siete satélites extranjeros compitan con Arsat-2 (la holandesa SES, la francesa Eutelsat y la estadounidense DirecTV, entre otros). La política de “cielos abiertos” atenta contra la normativa que establecía que hasta que Arsat no comercialice toda su capacidad, como medida proteccionista, no se podía autorizar para que operen nuevos satélites extranjeros.

El texto resalta que la nueva gestión se echó como un gran logro “vender los servicios de Arsat-2 a Torneos y Competencias, llenar los formularios para que los derechos de la empresa aterricen en Paraguay y bajar los costos de limpieza”.

En diálogo con Contexto, Guillermo Rus, ex vicepresidente de Arsat, consideró que la postura del macrismo de negar lo hecho anteriormente “es un latiguillo para desprestigiar ARSAT-1 y ARSAT-2, un logro tecnológico de política de Estado”.

Cuando asumió Cambiemos, hacía sólo tres meses que el Estado argentino había lanzado el satélite geoestacionario ARSAT-2, diseñado y construido en el país para ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones a todo el continente americano. El nuevo Gobierno aduce que el kirchnerismo lo dejó sin comercializar.

En sintonía con el comunicado de los trabajadores de ARSAT, Guillermo Rus afirmó que el ARSAT-2 se lanzó al espacio con un 30% de su capacidad de comercialización acordada, a punto de firmar. Esos clientes (Telefónica, Claro y la Red Intercable Satelital) recibían los servicios de ARSAT-1 desde hacía años y estaban por migrar hacia el nuevo satélite recién depositado en el espacio.

“Que De Loredo tome como un logro propio haber conseguido la totalidad de los clientes del ARSAT-2 da vergüenza”, manifestaron los trabajadores. “Tal vez la única explicación para un proceder tan bajo es que se encuentra en el dilema de estar en una empresa del Estado que tiene, por ley, la meta de impulsar el desarrollo satelital y la inclusión digital dentro de un Gobierno neoliberal a ultranza que quiere un Estado débil que no se interponga en sus negocios y que no tiene la menor preocupación por la soberanía tecnológica”.

En el comunicado remarcaron la subejecución del presupuesto del año 2016 destinado para ARSAT. “De 350 millones de dólares, solamente ejecutaron 55 millones”, precisaron.

La Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital tenía como objetivo el desarrollo de ocho satélites nacionales para sostener la soberanía satelital entre 2015 y 2035, con el ARSAT-3 como el más próximo. Los satélites iban a financiarse con recursos propios de la empresa más crédito privado. “La ley lo que hacía es que no haya discontinuidades para que el proyecto de soberanía tecnológica tenga un desarrollo sustentable como política pública”, sostuvo Guillermo Rus.

El ex titular de ARSAT, Matías Bianchi, también refirió a un convenio que la empresa tenía con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para realizar desarrollos que mejoraran los satélites, para aplicar los logros obtenidos en otras áreas del entramado industrial. “La política espacial del MINCYT se acotó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y del ARSAT no hablan más”, apuntó Bianchi.

El comunicado también resalta el contrato que el macrismo firmó con la consultora estadounidense McKinsey por un millón de dólares, que no tuvo ningún tipo de resultado y que generó incertidumbres sobre si ese acercamiento podría significar a futuro la privatización de la empresa estatal. La poca información que brinda la nueva gestión no aporta luz al respecto.

ARSAT fue creado por ley en 2006 para proteger posiciones orbitales del país mediante satélites nacionales. Junto con la empresa rionegrina INVAP que construía los satélites, la política pública desarrolló una tecnología manejada por una decena de países en el mundo y puso en órbita los dos primeros satélites geoestacionarios de telecomunicaciones fabricados en América Latina. Además, extendió 36 mil kilómetros de infraestructura subterránea a través de la Red Federal de Fibra Óptica, de los cuales la anterior gestión dejó operativos 12.000 kilómetros. También albergó al Centro Nacional de Datos y realizó el despliegue en el país de la Televisión Digital Abierta (TDA), un servicio gratuito de televisión de alta calidad.


 

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