Por Roberto Álvarez Mur*
En apenas cien días de gestión, y sin escatimar en balas de goma y gases lacrimógenos, el plan económico del macrismo cayó con su mayor peso sobre el escenario político nacional e internacional, y su proyección a futuro sobre el bolsillo de los argentinos ya empieza a generar controversias en diversos sectores políticos y gremiales. A continuación, un repaso por las recetas financieras que trajo el “cambio” en sólo tres meses.
El 16 de diciembre, el ministro de Hacienda y Finanza, Alfonso Prat-Gay, terminaba con las restricciones a la compra de dólares. La flexibilización generó una devaluación del peso del 40% que todavía no fue compensada. Incluso, llegó a superar los dieciséis pesos el 1º de marzo mientras Macri pronunciaba su discurso ante la asamblea legislativa, y alcanzó un valor que Prat-Gay había calificado en octubre de 2015 como una “cifra de pánico”. La cifra actual es 15,62 pesos.
Por otro lado, mientras el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anuncia que revisarán 24 mil contratos de trabajadores del Estado con la justificación de reducir el gasto público, la Asociación de Trabajadores del Estado, en diálogo con Contexto, declaró el despido de 25.000 trabajadores del sector público, a los que deben sumarse los del sector privado, y las reducciones de tareas, vacaciones forzadas y suspensiones de tareas que se están generando en diversas industrias nacionales.
Buitres: el retorno a la dependencia económica
“A todas luces, el acuerdo que se está proponiendo es carísimo”, dijo a Contexto el economista Agustín D’Atellis respecto del posible acuerdo que el Gobierno busca con los fondos buitre, que podría significar la vuelta a la lógica de dependencia de las grandes bancas internacionales.
Con la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, el 7% de los acreedores se llevarán una suma que equivale al 50% de lo que se les reconoció al 93% de los acreedores (quienes cobraron al 30% por cada dólar), por lo que se abriría la puerta para que estos demanden el mismo trato.
El 5 de febrero se oficializó la presentación del Gobierno argentino para una oferta de pago a los fondos buitre. El monto está estimado en 9 mil millones de dólares, con una quita del 25% para los capitales bajo la sentencia del juez Griesa. En todos los casos se pagará en efectivo con una nueva cadena de deudas. Pero, para la concreción del «acuerdo», Griesa ordena la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano.
De concretarse esta maniobra, el 7% de los acreedores se llevarán una suma que equivale al 50% de lo que se les reconoció al 93% de los acreedores (quienes cobraron al 30% por cada dólar), por lo que se abriría la puerta para que estos demanden el mismo trato.
Es un trato que tiene el sentido de devolver al país a la dependencia económica de los organismos financieros, obligando a los argentinos a convertirnos en deudores de cifras altísimas por los próximos treinta años.
“Cuando hacés la cuenta por lo que ganás en endeudarte, contra pagar 15 mil millones de dólares hoy, necesitás más de veinte años para recuperar el monto de lo que estás pagando. Mucho atractivo no tiene, precisamente. Por el 93% con quienes ya se acordó, se acordaron 30 mil millones de dólares; por ese 7% restante se pretende acordar 15 mil millones dólares”, expresó D’Atellis.
Aumento de precios, caída de salarios
En tanto, la inflación, el aumento del dólar y los acuerdos paritarios, que están resultando muy desfavorables (con respecto a años anteriores) para los trabajadores, tienden a una caída de entre el 8 y el 10% del salario real. Según estas cifras, las negociaciones salariales que permitirían recuperar el valor del salario real al día de hoy deberían ser de al menos entre el 35 y el 38%, cuando rondan entre el 25, 27 o 30%, y en la mayoría de los casos estos porcentajes se darán de manera gradual, es decir, serían alcanzados a mitad de año, cuando la caída del salario seguramente seguirá en progresión, al igual que la suba de la inflación y el aumento del valor del dólar.
A estas subas en la canasta básica, y en otros consumos, debemos sumar los aumentos en el valor de los servicios de gas y electricidad, los servicios de Internet y telefonía móvil. Todos caracterizados en la mayoría de los casos por actitudes especulativas por parte de las empresas que concentran las actividades y que por ende tienen la capacidad de ser formadoras de precios. Sin embargo, el Gobierno macrista no muestra intenciones de generar políticas de control de precios.
Como si esto fuera poco, también se suma el desmantelamiento del Programa Conectar Igualdad, para el que se utilizaban fondos de la Anses; un programa que significaba una herramienta de redistribución para el acceso a la tecnología.
* Investigación: Darío Artiguenave.
