Por Bernardita Castearena
La tarde del viernes 27 de abril, Estela vio que la casa empezaba a inundarse y desenchufó todo. Cuando llegó el turno de la heladera, se quedó pegada: sus hijas de 7, 9, 10 y 13 años la miraban sin saber qué hacer. Cada vez que llueve, la casilla de madera se convierte en una isla: el agua de la calle cae como una cascada directamente sobre su terreno –que es el único de la cuadra que sigue bajo– y las paredes de material que levantó ella misma para agrandar su casa y que todavía no pudo techar encierran el agua y el fondo se vuelve una pileta. La mujer de 49 años forma parte del programa Ellas Hacen: el plan que desarrolló el gobierno de la nación después de la inundación del 2 de abril de 2013 para que mujeres jefas de familia y víctimas de violencia trabajaran construyendo casas y pudieran hacer algo en sus terrenos para recuperarse del desastre. Actualmente el programa está parado y lo único que cobra Estela son 4.000 pesos de asignación por sus cuatro hijas: de esa plata paga 1.000 por mes de un préstamo y otros 1.000 entre luz, gas y DirecTv. Las cinco viven con 2.000 pesos que sólo les alcanza para comer una vez por día.
A pesar de que Edelap le cobra al municipio una presunción de consumo por los asentamientos, la empresa no invierte en transformadores ni en darle la posibilidad a los vecinos de tener una conexión eléctrica segura. La mayoría de las casas del barrio tienen instalaciones eléctricas precarias con sobrecarga y falta de tensión que muchas veces son culpables de accidentes domésticos y, en el peor de los casos, del incendio de casillas enteras.
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El día después de cada tormenta fuerte, Altos de San Lorenzo (el barrio comprendido entre la Av. 13, la calle 640, la 137 y la Av. 72) se convierte en un tender gigante: las mujeres –que en su mayoría son las que se encargan de las tareas domésticas– cuelgan la ropa y los colchones en los cercos de alambre que rodean las casas. A pocos días de cumplir su 26° aniversario, los vecinos tienen cada vez menos razones para festejar: la delegación ya no se encarga de limpiar los sumideros ni de arreglar las luminarias.
“Ya con la primera devaluación –a principios de 2016– se vio la caída del ingreso”, dice Guillermo Cara, exconcejal del Frente para la Victoria y director del IPeJuS (Instituto para el Pensamiento de la Justicia Social), y agrega: “el presupuesto de las delegaciones se redujo más de un 40% en estos últimos dos años. Cuando el Estado no cumple su rol, vivimos trastornos sociales como los de estos tiempos”.
Santiago Cassano tiene 24 años y forma parte de un proyecto de voluntariado de la Facultad de Psicología en la Unidad Básica “Patulo Rave”, ubicada en 24 y 85. Desde su experiencia cuenta que “la situación es cada vez peor”, y explica: “Todos los sábados somos testigos de cómo aumentan las necesidades de cada chico: llegan al espacio más flacos, desabrigados, pensando única y exclusivamente en la merienda porque, para muchos, es el único momento de la semana en el que pueden disfrutar de una taza de leche caliente”.
Uno de los lugares más afectados por el recorte presupuestario de los últimos años es el Centro de Salud N° 8 –o “la salita”, como la llaman los vecinos–, ubicado en la esquina de 20 y 85. Cuando el gobierno provincial decidió que cada municipio se haga cargo del servicio de emergentología (SAME), los centros de salud barriales pasaron a un segundo plano: “Lo que hizo el municipio fue transferir los recursos de las salitas al SAME”, dice Guillermo Cara. “Ahora no tenés guardia pediátrica en ningún lado y, en términos de asistencia de remedios, hubo una reducción muy grande por parte de Nación que no fue complementada ni demandada por el gobierno municipal”, agrega.
Angélica es una de las víctimas de la desidia sanitaria: tiene 53 años y una batería de enfermedades que va desde diabetes hasta una bola en el estómago que no le permite caminar. Hace un año que no pisa la salita porque la última vez que fue, a mediados de 2017, una médica la saco a empujones de adentro del consultorio. Además, fueron varias las veces que llegó a su casa después de una consulta en el centro de salud y se encontró con que el medicamento que le habían dado estaba vencido. Actualmente está a merced de la voluntad de sus vecinas para ayudarla cada vez que necesita un remedio.
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La mayoría de las familias vive del trabajo de cooperativistas y sufre en carne propia la precarización y el desempleo. Al respecto, Cara dice: “Si una persona quiere venir de un barrio a buscar trabajo al casco se va a encontrar con un 10% de desocupación de la cual él no es responsable”. Y se pregunta: “¿Por qué la desocupación pasó del 4,5% en noviembre de 2015 al 10% en la actualidad? ¿Es responsabilidad de quién viven en 85 y 19 o de la política económica y del intendente por no darle a ese trabajador la asistencia que le corresponde por derecho constitucional? Ahí está el gran desfasaje”.
