Por Agustín García
El pasado jueves 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia solicitada por la defensa de Leonardo Mendoza, imputado por intentar asesinar a Claudia Vásquez Haro, defensora de derechos humanos en Argentina. La causa está caratulada como tentativa de homicidio agravado por odio a la identidad de género y femicidio (artículo 80, incisos 4 y 11 del Código Penal de la Nación). Esta calificación merece pena perpetua. La fiscal que investiga la causa es Ana Medina, de la UFI N° 1, y el juez que interviene es Pablo Raele, del Juzgado de Garantías N° 3.
La audiencia tenía como objetivo resolver el pedido de libertad de Mendoza, quien el pasado 13 de mayo intentó asesinar en su vivienda a Claudia Vásquez Haro. El imputado está aún con prisión preventiva. Sin embargo, la fiscal Medina resolvió otorgarle el beneficio para que pueda recuperar su libertad y esperar el juicio en su casa. Ahora la última palabra la tiene el juez Pablo Raele, y habrá que esperar si convalida o no el pedido de la fiscal.
Luciana Sánchez, abogada de Vásquez Haro, cuestionó la falta de investigación de Medina y objetó la decisión del pedido de libertad para Mendoza, argumentando que no existen medidas de seguridad para la víctima, el entorpecimiento de la investigación y la posible fuga a Colombia, país de origen del agresor. Asimismo, contextualizó los hechos y dijo “Claudia es una referenta de derechos humanos y defensora de los derechos de las personas trans y travestis. Durante este año y desde hace ya varios, ha ido efectuando distintas denuncias contra las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Por ello entendemos que su vida corre peligro, ya que este ataque no nos pasa inadvertido”.
Por su parte, Vásquez Haro expresó: “Me sorprende la decisión de la fiscal de otorgarle un beneficio a quien intentó matarme bajo el argumento de que desea hacer el tratamiento psicológico de sus adicciones a las drogas en su casa. Mientras que cuando le hemos pedido lo mismo para varias compañeras trans privadas de su libertad con enfermedades crónicas los rechazó. Cuatro de ellas terminaron muriendo este año en situación de encierro. Es preocupante, estamos frente a una Justicia profundamente machista y transfóbica”.
Las organizaciones de la diversidad sexual y defensoras de derechos humanos se hicieron eco y mostraron su preocupación por la escandalosa decisión de la fiscal. Desde La Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina (CFTTA) –organización que nuclea organizaciones trans y travestis de veintiún provincias del país– manifestaron al juez: “Queremos solicitarle tenga a bien extremar la seguridad a favor de Claudia, ya que nos preocupa considerablemente su integridad. Valoramos mucho todo su trabajo, donde representa a una de las comunidades más vulnerables del mundo y que el acceso a la justicia de esta comunidad ha sido denegado, y también puede verse en esta causa donde se le ha sido denegado a Claudia, ya que la misma Fiscal que debe perseguir la condena, pone en peligro su integridad física, avalando que se libere al único imputado, cuya autoridad material no está en duda».
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La CFTTA agregó: “Entendemos que la puesta en libertad del imputado vulnera los derechos y garantías de Claudia, revictimizandola y mandando una señal de impunidad a todo el colectivo, que resulta denegatoria de Justicia».
«Por lo tanto, le solicitamos a usted tenga a bien mantenernos informadxs de los avances de esta causa, sobre todo de las instancias públicas para que podamos participar. Reiteramos nuestro repudio a las agresiones sufrida por esta referenta tan importante, y cuente con nosotrxs para cualquier cuestión. Asimismo, es nuestra voluntad presentarnos como Amicus Curiae en esta causa y ofrece nuestros dictámenes y testimonios expertos respecto del crimen violento y el intento de travesticidio sufrido por nuestra compañera”, finaliza el comunicado.
