El Juzgado Federal N° 2 en lo Civil y Comercial de San Martín ordenó al Poder Ejecutivo revertir el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una medida que el sindicato ATE denunció como un despido encubierto.
La magistrada Martina Forns, al frente del juzgado, no solo ordenó el retroceso de la medida con carácter inmediato, sino que impuso una multa de 10 millones de pesos diarios si el Gobierno incumplía lo dispuesto.
El conflicto se había profundizado cuando el Gobierno, mediante la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, ordenó el pase a disponibilidad de los trabajadores del INTA, a pesar de que el Decreto de Necesidad y Urgencia 462/2025 —que quitaba la autarquía del organismo— ya había sido suspendido por una cautelar y rechazado por el Senado.
La figura del pase a disponibilidad coloca al trabajador en una situación intermedia: trabaja con solo el 50% de su salario y puede permanecer hasta doce meses en suspenso antes de un eventual despido. ATE denunció que esto equivalía en los hechos a una extorsión para vaciar el organismo, alegando que se trataba de una maniobra deliberada para desarmar su estructura operativa.
El sindicato también rechazó la postura del Gobierno de no respetar las medidas dispuestas por los otros dos poderes del Estado. “¿En serio, presidente Javier Milei, van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ¡Me parece que ustedes además de coimeros, son bastante cabeza dura!», expresó vía la red social X Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El fallo no solo frenó las designaciones ni los traslados, sino que también generó repercusiones directas en la estructura del INTA en La Plata, donde se alertaba que la medida afectaba directamente a 286 trabajadores –de los cuales 55 pertenecen a la Plata y la región– y ponía en peligro el funcionamiento de Centros de Investigación clave.
En los pasillos del INTA y entre los trabajadores, el fallo trajo un respiro tras días de incertidumbre. Los empleados afectados volvieron a sus lugares de trabajo, aunque mantienen un estado de alerta y asamblea permanente, para garantizar que no haya nueva maniobra administrativa que busque avanzar sobre sus puestos.
Esta pulseada judicial se enmarca en un contexto más amplio: desde el inicio del Gobierno libertario, el INTA había sido uno de los organismos estatales en la mira de las políticas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo, junto con el INTI, el INASE y el INV, entre otros. ATE ya había presentado amparos similares y denunciado una estrategia de vaciamiento sistemático.
Ahora, la situación plantea un escenario de expectativa: si el Gobierno acata el fallo y revierte la medida, habrá una frontera clara entre los poderes; si insiste en avanzar, deberá asumir el costo diario de 10 millones de pesos, con el riesgo de futuras derivaciones judiciales por desobediencia.
