En la previa de las elecciones de este domingo, el “parido judicial” vuelve a tomar notoriedad con un nuevo guiño al negacionismo. Es que la dupla Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz motoriza ahora una nueva maniobra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ampliar las exigencias a jueces para justificar las prisiones preventivas de genocidas. La noticia puso en alerta a entidades de derechos humanos ante la chance de desatar una ola de pedidos de libertad.
En efecto, el caso que desató la decisión fue la de Carlos “Indio” Castillo, de quien se pidió revisar el pedido de prisión preventiva. Si bien Castillo fue condenado a prisión perpetua en 2017, la Justicia aun no revisó su sentencia. La resolución firmada por Rosenkrantz y Rosatti ahora pide que, en caso de extender el lapso de prisión preventiva, los tribunales inferiores sean más “minuciosos” para justificarla.
“Un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo en ese acto”, fue la frase con la que los jueces de la CSJN decidieron revocar el fallo de extensión de la preventiva para Castillo, de parte de la Cámara Federal de Casación Penal. La acción ahora despierta la preocupación sobre el precedente que podría sentar para que otros represores en situaciones similares exijan que se revisen sus detenciones.
“Cuando un tribunal considere que un imputado conserva influencia para frustrar el accionar de la justicia, deben señalarse las circunstancias concretas a través de las cuales, según un juicio racional de probabilidad, dicha influencia podría materializarse”, remarcaron los responsables de la Corte Suprema. Cabe destacar que si bien el fallo lleva la firma de los mencionados Rosatti y Rosenkrantz, sumado a los conjueces Alejandro Tazza y Abel Guillermo Sánchez, fue rechazado por Ricardo Lorenzetti.
En tanto, este fallo encendió la alarma sobre su similitud con el intento por establecer el mentado 2×1, también impulsado por la dupla Rosatti-Rosenkrantz en la época del gobierno de Mauricio Macri y rechazada al fin por la movilización multitudinaria. Ahora, los organismos de derechos humanos vuelven a advertir sobre las consecuencias de este fallo.
La abogada Guadalupe Godoy, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), sostuvo que la Corte Suprema “establece estándares más restrictivos” que dificultan la continuidad de los juicios por la Memoria. “En jurisdicciones como la de La Plata, con audiencias cada dos semanas y jueces subrogantes, los procesos se vuelven interminables. Es una pena que nada digan sobre cómo resolver esa situación”, expresó.
