La arremetida contra los procesos populares surgidos en América Latina cuenta con actores locales, que le dan tonos particulares a esa agresión en cada país, pero además tiene un nivel de coordinación y repetición en sus etapas que deja en evidencia la articulación global.
Los procesos populares surgidos en las últimas décadas en la región, más allá de las diversas características, fueron encarnados por líderes que condensaron la voluntad popular: Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Luiz Inacio “Lula” Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Evo Morales en Bolivia, entre otros.
En la agresión desatada contra esos gobiernos, los poderes fácticos jugaron un rol fundamental. En especial, el poder financiero, los medios y la injerencia de Estados Unidos y de los mandatarios europeos (sobre todo, los expresidentes de España, José María Aznar y Felipe González, y el actual jefe de Estado, Mariano Rajoy), que se han transformado en verdaderos lobistas de las empresas con intereses en la región.
La agresión mediática fue igual para todos estos procesos, acusándolos de autoritarios, dictatoriales (más allá de que se presentaran a elecciones y respetaran los resultados, ganaran o perdieran) y corruptos. Ninguna de esas acusaciones parecía tener la necesidad de ser probada. La sola denuncia mediática era sinónimo de culpabilidad.
Algunos de esos gobiernos fueron interrumpidos por golpes parlamentarios: Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016).
En esta nueva etapa, la agresión se vuelca a la persecución judicial y al intento de proscripción. En Ecuador, el mandatario Lenín Moreno impulsa un referéndum que tiene como fin impedir que el expresidente Rafael Correa pueda volver a postularse; en Brasil, un fallo del juez federal Sergio Moro, ratificado por el Tribunal Regional Federal N° 4 (TRF-4), condenó sin pruebas al expresidente Lula Da Silva y dio el primer paso hacia su proscripción; y, en Argentina, el juez federal Claudio Bonadio busca una causa, que ha sido señala por varios expertos como “un mamarracho jurídico”, contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los agresores son los mismos. Los discursos estigmatizantes son los mismos, el accionar es el mismo y la finalidad es la mima: la proscripción como primer paso para evitar que los procesos populares puedan volver a conducir los destinos de la región.
En diálogo con Contexto, Carlos Raimundi, exdiputado nacional del Frente para la Victoria, aseguró que “es necesario entender que estos ataques se dan en el marco de una disputa global entre dos grandes modelos de gobernanza: el gobierno del capital financiero globalizado, convertido en grandes conglomerados económicos y mediáticos, frente al modelo que representa la voluntad popular”.
“Esto se da en un momento de escasez de capitales y en el que los territorios centrales necesitan apropiarse de los recursos estratégicos situados en los territorios no dominantes: Medio Oriente, África y América del Sur. Esos grandes conglomerados, que representan al capital financiero globalizado, no pueden permitir que esos recursos estratégicos escasos sean administrados por gobiernos populares. Es por ello que se lanza una campaña de persecución, difamación y finalmente proscripción”, explicó.
Raimundi remarcó que, “por un lado, estos sectores critican a los populismos por estar condensados en la figura de grandes líderes, pero, por otro, reconocen que la eficacia que tienen estos modelos reside en el liderazgo y por eso intentan proscribir a esos líderes”.
“Antes, el poder directamente prohibía la política en general, y para ello instalaba dictaduras y asesinaba dirigentes. Hoy los linchan mediáticamente, los hacen caer en el escarnio, para finalmente proscribirlos y así impedirles que representen la voluntad popular”, aseguró.
Raimundi remarcó que “se evidencian dos conclusiones. La primera, que el poder construye una política regional, mientras que el campo popular no da una respuesta política homogénea a estas agresiones. En ese aspecto, el poder está un paso adelante».
«La segunda conclusión es que esta respuesta global que el poder desarrolla se construye en base a la política de seguridad nacional de Estados Unidos, que tiene entre sus prioridades el financiamiento millonario de fundaciones y ONG. Esas entidades actúan en distintos planos penetrando en la formación de jueces, de periodistas y de dirigentes políticos y sociales. Luego, estos actores naturalizan el accionar de los procesos autoritarios que construyen un régimen de excepción, que remplaza a las antiguas dictaduras”.
“Tenemos que saber que no se trata de fenómenos aislados, de fenómenos locales, sino de una estrategia trabajada y articulada desde los tanques de pensamiento globalizado”, concluyó Raimundi.
