La CGT junto con la CTA-T y la CTA-A solicitaron la intervención del director general de la Organización Internacional del Trabajo y la remisión de la denuncia por «violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación» a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su «urgente tratamiento».
Para las centrales sindicales, el protocolo «muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal».
Dos días después del anuncio de la semana pasada que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, con medidas de fuerte ajuste que incluyeron una devaluación del 118 % y desregulación del control de precios de la canasta básica, el Ministerio de Seguridad de la Nación adoptó el denominado «Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación».
Las centrales sindicales sostuvieron que el protocolo «restringe y vulnera derechos constitucionales». «La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país», enfatizaron en la presentación firmada por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras: Gerardo Martínez (CGT), Adolfo Aguirre (CTA-A) y Roberto Baradel (CTA-T).
Los sindicalistas remarcaron que el protocolo se implementa en un contexto de fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei que «dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados». En ese sentido, las medidas económicas anunciadas, al paralizar la actividad económica y erosionar el poder adquisitivo, forman parte de una «estrategia disciplinadora», en la que se inserta la represión de la protesta anunciada por Bullrich.
El protocolo tiene su primera aplicación este miércoles, en la marcha convocada a veintidós años de la represión del Gobierno de Fernando de la Rúa que dejó muertos y decenas de heridos tras las protestas en Plaza de Mayo. La iniciativa de Bullrich autoriza a todas las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroporturaria, Policía Federal y Servicio Penitenciario) a intervenir frente a «impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación».
La CGT y las CTA denunciaron que el protocolo implica «una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratificó».
«A su vez contradice recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación».
