Juicio Brigadas: el Ministerio Público Fiscal inició su alegato (primera parte)

Las últimas cuatro audiencias del 2023 estuvieron a cargo de la Fiscalía que se refirió a cada una de las 605 víctimas que son casos en este juicio por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979 en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo, donde funcionaron centros clandestinos integrados en un plan sistemático de represión impulsado desde el Estado. El juicio se reanudará el 14 de febrero.

Por Gabriela Calotti

“El Estado actuó como una organización criminal […] todo fue parte de un plan trazado”, afirmó ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata el fiscal general Gonzalo Miranda al iniciar la primera de estas cuatro audiencias, que tuvieron lugar los días 12, 19, 26 y 27 de diciembre, en presencia virtual de varios de los 12 imputados, entre éstos Juan Miguel Wolk, entonces jefe del Pozo de Banfield, y el médico Jorge Antonio Bergés, encargado de los partos de al menos 17 mujeres embarazadas que estuvieron allí cautivas.

Al referirse al contexto histórico de los hechos, el fiscal general precisó que el “poder del Estado implementó un esquema para aniquilar a los enemigos inspirado en patrones represivos del 50 y el 60 como la doctrina militar francesa y norteamericana”.

Aunque la “ruptura del Estado de derecho se dio el 24 de marzo de 1976, la práctica represiva data de antes”, puntualizó y mencionó varias leyes sancionadas en 1966, 1967, 1969, 1971 y 1972 (dictaduras de Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse). En 1974 y 1975 surgieron diversos reglamentos y decretos referidos a la batalla contra las “guerrillas” o contra la “subversión”. El 1975 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) crea el Consejo de Seguridad Interna.

“Desde el Estado se convalidó el accionar de grupos paramilitares/parapoliciales, amparados para actuar libremente, ya antes del golpe de Estado del 76”, sostuvo Miranda al comienzo del alegato del Ministerio Público Fiscal refiriéndose a un accionar violento que allanó el camino al plan sistemático de represión que alcanzó a obreros, estudiantes, empleados, docentes, muchos de los cuales eran militantes políticos, gremiales o sociales, a familiares y a conocidos.

Miranda y la fiscal auxiliar Ana Oberlín dieron cuenta de cada uno de los 605 casos de este juicio, señalando de qué forma está acreditada la materialidad de sus secuestros, cautiverio y en muchos casos el momento en que las víctimas dejaron de ser vistas en esas Brigadas de la Policía Bonaerense que funcionaron como centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, según sobrevivientes cuyos testimonios tienen valor de prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad debido al accionar clandestino de los represores.

Ambos expusieron una serie de datos duros, acompañándose de un Power Point para “mostrar la amplitud de la represión en la zona sur del conurbano bonaerense”. Su alegato se reanudará el 14 de febrero de 2024, tras la feria judicial de rigor. Luego harán lo suyo las querellas y las defensas de los 12 imputados en este juicio que comenzó hace más de tres años.

Las víctimas, los desaparecidos

De las 605 víctimas del genocidio que son casos abordados en este juicio, 373 sobrevivieron (61 %), 189 permanecen desaparecidas (31,2 %) y 31 fueron asesinadas (5,2 %), señalaron. Esta condición pudo ser confirmada una vez que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos, precisó Oberlín, que brindó una serie de datos duros significativos para comprender que el macabro plan diseñado para eliminar a los opositores políticos e implementar una política económica de saqueo y destrucción de la industria nacional, del salario e implementar el bimonetarismo en nuestro país.

“Por su dimensión [la represión ejercida] ingresa en la categoría de terrorismo de Estado […] que comenzó a operar antes del golpe de Estado del 24 de marzo como se probó en este juicio. Se edificó sobre el objetivo de aniquilar a personas a las que previamente construyó como enemigas”, sostuvo la auxiliar fiscal.

«Se edificó sobre el objetivo de aniquilar a personas a las que previamente construyó como enemigas»

Fiscal Ana Oberlín

De las 605 víctimas el 48 % eran obreros, el 18 % estudiantes, el 12 % trabajador/profesional, el 10 % estudiantes y trabajadores, el 5 % docentes y un 6 % tenían otras actividades o eran funcionarios. La mitad de las personas que pasaron por estos CCD venían o fueron llevadas luego a otros centros clandestinos.

El 82 % de las víctimas eran de nacionalidad argentina, 12 % extranjeros y 6 % sin información. Entre los extranjeros había uruguayos, chilenos, bolivianos, peruanos, españoles, italianos y polacos.

Según este análisis de la Fiscalía la mayor cantidad de secuestros, es decir el 42,5 % se produjo en 1977 aunque éstos arrancaron en noviembre de 1974 (2,8 %). En 1975 fueron 11,4 % y en 1976 fueron 31,6 %. Siguieron en 1978 (9,9 %) y en 1979 (1,3 %).

El 75 % de las personas secuestradas cuyos casos son parte en este juicio vivían en la provincia de Buenos Aires y el 14 % en la Capital Federal. El 62 % de los secuestros tuvieron lugar a la noche muy tarde o de madrugada en las viviendas particulares. Un 14 % en la vía pública y el 8 % en lugares de trabajo.

Otros datos mencionados son: el 63 % de los secuestrados eran varones y el 34,5 % mujeres, el 1,5 % eran mujeres trans-travestis. La inmensa mayoría de las víctimas tenían entre 18 y 29 años, seguidas por las de 30 a 39. El 11 % tenía más de 40 años de edad. El 8 % eran niños y niñas.

Parte de quienes sobrevivieron, fallecieron a raíz de la violencia sufrida en el secuestro, en los años previos a este juicio y otros durante este juicio que tiene lugar 47 años después de los hechos.

De las mujeres secuestradas en estos centros clandestinos 34 estaban embarazadas y más de un tercio ya tenían niñas y niños de corta edad.

La inmensa mayoría de los secuestros en las viviendas se produjeron en presencia de otras personas, hijos, hijas, padres, hermanos, hermanas. En muchas viviendas las patotas represores llevaron adelante “verdaderos saqueos”, a pesar de que muchas eran familias de trabajadores.

Oberlín aclaró que “hubo muchas dificultades” para reconstruir algunos datos de las personas víctimas debido a la clandestinidad de las acciones criminales que sufrieron.

Al describir de forma general a las víctimas dijo que algunas “tenían militancia en organizaciones armadas, otras en organizaciones sociales o gremiales, o trabajaban en diferentes fábricas y luchaban para mejorar las condiciones de trabajo. Otras integraban grupos de empresarios. A ellos se sumaron niños y niñas que eran hijos de las personas sindicadas como enemigas que también sufrieron el terrorismo de Estado, privados de su libertad, alojados inclusive en centros clandestinos, otros fueron apropiados y se les ocultó su identidad”.

“Otras personas fueron víctimas por tener vínculos con otras, casos en este juicio”, sostuvo y afirmó que la “persecución fue indiscriminada”.

“La persecución fue indiscriminada”

Fiscal Ana Oberlín

“Los hechos fueron considerados crímenes contra la humanidad”, sostuvo Miranda, quien recordó que para los represores los centros clandestinos eran denominados “lugares de reunión de los detenidos”.

Estos cuatro CCD, Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo funcionaron en dependencias de las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense en dichas localidades. Es decir que su característica principal era que estaban en plenos centros urbanos. En los tres primeros se realizaron inspecciones oculares durante este juicio.

El llamado “Pozo de Banfield” se caracterizó por funcionar además como maternidad clandestina y donde sustraían y cambiaban la identidad de hijos e hijas de personas secuestradas. Allí tuvieron lugar “ocho partos, y el pos parto de Adriana Calvo y su bebé Teresa. También pudieron tener lugar otros nueve partos”, de mujeres víctimas que forman parte de los casos en este juicio.

Otra característica de este centro fue alojar secuestradas a mujeres trans contra quienes ejercían violencia brutal por medio sexual. Este CCD funcionó desde noviembre de 1974 hasta fines de 1978 o principios de 1979.

Acerca del “Pozo de Quilmes”, ubicado a una cuadra del hospital de esa localidad, los testimonios coincidieron en la alimentación “asquerosa”, en padecer episodios de enterocolitis e intoxicación, en que les daban tachos de plástico o de lavandina cortados al medio para que hicieran sus necesidades. También dieron cuenta del robo de bebés y de infecciones provocadas por la picana en numerosos casos.

Funcionó desde noviembre de 1974 hasta marzo de 1979.

Entre esos dos CCD estuvieron secuestrados los estudiantes secundarios secuestrados en septiembre de 1976 en La Plata en lo que fue denominado “La Noche de los Lápices”.

La Brigada de la Bonaerense de Lanús, conocida como El Infierno y con asiento real en Avellaneda, fue identificada por sobrevivientes por su cercanía con la cancha de Racing, por el cuartel de Bomberos y el ruido del tren cercano.

Las personas secuestradas eran ingresadas por un garaje que tenía un portón metálico. Una de las características de este CCD fue la “tortura sistemática y violencia por medio sexual para deshumanizar a las personas. No les daban de comer”.

Por el testimonio de quien fuera sobreviviente, Nilda Eloy, ya fallecida, y de otras mujeres secuestradas, otra particularidad de ese CCD es lo que llaman “tortura oblicua” que era cuando torturaban a alguien y al mismo tiempo a alguna mujer para hacerle creer a los primeros que estaban torturando a sus esposas, madres, hijas o hermanas, precisó Oberlín, dando cuenta de la infinita crueldad y perversión de los represores. El Infierno funcionó desde julio de 1975 hasta noviembre de 1978 por lo menos.

El CCD de Brigada San Justo funcionó en esa dependencia policial contigua a la comisaria 1° de La Matanza. Por ese CCD se realizó un junio en años anteriores. Algunos casos fueron sumados a este juicio por haber estado cautivos en algunos de los otros tres centros clandestinos.

Fotografías, visitas de sobrevivientes y croquis de los cuatro CCD obran en poder del Tribunal, inclusive pese a las reformas que la policía hizo en algunos luego de que dejaran de funcionar como centros clandestinos, confirmaron la disposición y reconocimiento de cada uno de ellos.

En todos los casos las condiciones de vida durante los secuestros eran inhumanas: escasa o nula alimentación, hacinamiento, falta de condiciones de higiene mínimas, de atención médica, desnudez forzada, abusos, torturas, (picana, simulacros de fusilamiento, plantones, teléfono (golpear en simultaneo los dos oídos), submarino (inmersión seca o mojada) y golpizas. “Todas estas formas de tortura fueron relatadas por sobrevivientes”, sostuvo Oberlín, quien precisó que la violencia por medio sexual fue dirigida mayoritariamente a las mujeres cis y a las trans.

Al referirse a la materialidad de los hechos, la auxiliar fiscal subrayó que “desde el inicio, los involucrados […] buscaron el anonimato para no ser perseguidos en la justicia” y “garantizar su impunidad futura”, por eso “aquí toma fuerza la centralidad de la prueba testimonial como medio de prueba”, sostuvo.

Oberlín recordó que a diferencia de los primeros testimonios que sobrevivientes relataron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en diciembre de 1983 por Raúl Alfonsín tras el retorno de la democracia, con el paso del tiempo muchos empezaron a brindar más detalles sobre los secuestros.

Acto seguido los dos representantes del Ministerio Público Fiscal mencionaron cada uno de los primeros 102 casos correspondientes al Pozo de Banfield, apoyándose en unas fichas que contienen los principales datos de cada víctima y una fotografía. Aclararon que al Pozo de Banfield llegaron muchas víctimas que antes habían pasado por los feroces centros clandestinos de la zona Zárate-Campana, por Puente 12-Brigada Güemes o inclusive desde Mar del Plata.

Eran trabajadores, delegados, profesionales, músicos, estudiantes, militantes en barrios populares, activistas… A partir de aquí la Fiscalía empezó a referirse a grupos específicos de víctimas.

La Noche de los Lápices

El secuestro en la ciudad de La Plata de al menos 11 estudiantes secundarios que militaban en diversas organizaciones fue bautizado como La Noche de los Lápices. Siete de ellos permanecen desaparecidos. Se trata de María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Horacio Ungaro, Daniel Racero, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner y Víctor Treviño. La Plata fue uno de los epicentros de la más feroz represión liderada por Miguel Osvaldo Etchecolatz, imputado en este juicio y fallecido el 2 de julio de 2022.

En ese mismo mes de septiembre de 1976 fueron secuestrados Emilce Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda, quienes sobrevivieron. Los tres primeros declararon en numerosos juicios y también lo hicieron en este debate oral y público.

Tras su secuestro todos fueron llevados al Destacamento de Arana o Pozo de Arana y el 23 de septiembre fueron distribuidos entre el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes. Y aunque no todos estuvieron en Banfield, la Fiscalía decidió “por conexidad” tratar estos casos de manera conjunta.

Por el peso de estos secuestros como ejemplo de la brutalidad represiva ejercida en el conurbano bonaerense, en la provincia, al frente de la cual estaba el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, fallecido en medio de este juicio, la Fiscalía otorgó un tratamiento detallado a estos casos.

María Clara militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en La Plata y en la organización Montoneros (caso 103). María Claudia (104) tenían 16 años recién cumplidos, de familia de militancia peronista, hija de una maestra y de un médico que había sido intendente de La Plata. Estudiaba en Bellas Artes. También militaba en la UES.

Las secuestraron juntas. Primero las llevaron al Destacamento de Arana, de ahí las trasladaron al Pozo de Banfield. “Se dio por acreditado su cautiverio”, precisó Oberlín en virtud de los testimonios de los sobrevivientes Walter Docters, Emilce Moler y Atilio Gustavo Calotti quien “habló de dicho traslado. Mencionó a los anteriores y relató el traslado. Fue el 23 de septiembre. Uno o dos camiones celulares y varios patrulleros. Pablo Díaz también declaró en este juicio”, indicó.

“Calotti contó que en Arana compartió cautiverio con todos los chicos de La Noche de los Lápices. A él, Miranda, Moler y Treviño los llevaron al Pozo de Quilmes”, agregó. En un primer lugar bajaron a algunos cautivos.

También se incorporaron en estos casos los testimonios de Alicia y su padre Víctor Carminati. (Juicio por la Verdad y Causa 13) El secuestro de ambas jovencitas quedó acreditado también en la Causa 44.

En inspección ocular en el Pozo de Banfield, Pablo Díaz señaló las celdas y habló de las vejaciones a María Clara (que por los abusos que recibió allí se golpeaba contra la pared y le pedía a los guardias que la mataran) y María Claudia (también fue violada en reiteradas ocasiones), indicó Oberlín.

Horacio Ángel Ungaro (105) tenía 17 años. Era militante de la UES. Jugaba al ajedrez, nadaba y quería estudiar Medicina. Fue secuestrado la noche del 16 de septiembre de 1976. Junto a él secuestraron a su amigo Daniel Racero.

Los llevaron al Pozo de Arana y luego al Pozo de Banfield.

Hasta el 28/12 estuvo en Banfield. José María Noviello, sobreviviente, declaró que en Banfield había algunos chicos de La Noche de los Lápices.

Daniel Alberto Racero (106). Estudiaba en el colegio industrial de Berisso, tenía 18 años y militaba en la UES. Fue llevado a Arana y luego al Pozo de Banfield.

Alicia Carminati también dio cuenta del secuestro de Daniel Racero.

Francisco Bartolomé López Muntaner, alias Pancho (107). Estudiaba en Bellas Artes y militaba en la UES. La madrugada del 16 de septiembre a las 5.30 fue secuestrado en su casa familiar de calle 17. De Arana fue llevado también al Pozo de Banfield el 23/09. Su hermano Miguel Ernesto fue secuestrado y liberado en Arana. Su otro hermano, Luis César fue secuestrado y desaparecido en Mendoza.

Víctor López Muntaner declaró en este juicio.

Claudio de Acha (108), tenía 18 años, estudiaba en el Colegio Nacional y militaba en la UES. La madrugada del 15 de septiembre fue secuestrado de su casa en diagonal 73 por 6 u 8 personas encapuchadas armadas que dijeron ser del Ejército Argentino. Su secuestro está acreditado en las Causas 13, 44 y 2955. Fue al Destacamento de Arana y luego a Banfield. Fue visto ahí hasta fines de 1976.

José María Noviello dijo en el juicio que también estaba De Acha en Banfield.

Atilio Gustavo Calotti (109). Tenía 17 años, militó en la UES y más tarde se incorporo al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Trabajaba como cadete en el correo de la Policía. Fue secuestrado el 8 de septiembre en su lugar de trabajo, en la tesorería por el comisario inspector Luis Vides. Fue llevado a la guardia y luego a Arana. El 23/09 fue trasladado al Pozo de Quilmes.

Al día siguiente fue llevado otra vez a Arana para ser torturado y luego regresado a Quilmes. Allí le hicieron redactar y firmar su renuncia a la policía. Tiempo después se enteraría que su mamá, su compañero y su hermana habían sido despedidos u obligados a renunciar bajo amenazas.

El 21/12 lo trasladaron a la Comisaria 3ra de Valentín Alsina. El 28/12 se dispuso su disposición al PEN y estuvo alojado en la Unidad 9 hasta el 25 de junio de 1979.

Acreditaron su cautiverio otros sobrevivientes, Moler, Docters, Díaz, Noviello y Néstor Busso.

Tras recuperar su libertad, continuó vigilado y decidió exiliarse en Francia.

En 1992 regresó a la Argentina con su familia. Rindió varios exámenes en el Colegio Nacional para que le entregaran su titulo secundario. Aquí la fiscal citó palabras textuales de Calotti. “Esperé muchos años este juicio y en estos años se murieron muchos represores pero también muchos compañeros y compañeras como Cristina Gioglio y Nilda Eloy”.

“Esperé muchos años este juicio y en estos años se murieron muchos represores pero también muchos compañeros y compañeras»

Gustavo Calotti

Víctor Alfredo Treviño (110) – Le decían Lulo. Militaba en la Juventud Guevarista. Fue secuestrado de su casa el 10 de septiembre de 1976. Estuvo cautivo en 1 y 60, luego en Arana y de ahí al Pozo de Quilmes, luego a Banfield, entre noviembre y diciembre de 1976. Su cautiverio fue acreditado por sobrevivientes en este juicio y en las Causas 44 y 2955.

Pablo Alejandro Díaz (111) – Tenía 17 años. Estaba en la UES y en la Juventud Guevarista. Vivía con su familia. El 21 de septiembre de 1976 alrededor de las 4 de la madrugada irrumpieron hombres de civil, fajina del Ejército y otros con capuchas. Lo llevaron a Arana y de ahí al Pozo de Banfield.

Ya sabía lo que había ocurrido el 16 de septiembre.

Docters y Calotti dijeron que estuvieron con él en Arana, también en la U9.

Dijo que fue testigo de dos partos en Banfield, el de Gabriela Carriquiriborde y el de Stella Maris Montesano.

Díaz participó en la inspección ocular del Pozo de Banfield que tuvo lugar en 2022.

El 28/12 lo pasaron a disposición del PEN.

Según Díaz fue el teniente coronel Sánchez Toranzo quien le dijo en la U9 que “los chicos fueron fusilados en la primera semana de enero ni bien te fuiste” en el sótano de Banfield” por orden de Wolk.

Díaz y Noviello fueron llevados al Pozo de Quilmes. Su secuestro figura en las Causas 13 y 44. Legajo archivo DIPPBA. Causa Circuito Camps

Emilce Graciela Moler (112) – estudiante de Bellas Artes militaba en la UES. El 17 de septiembre fue secuestrada en su casa familiar en calle 19. De ahí fueron en un auto al domicilio de Patricia Miranda.

Fueron llevadas a Arana donde fue torturada con saña por ser hija de un policía.

El 23/09 fue trasladada con otras personas. Su padre la visitó en Quilmes. Le dijo que su vida dependía de Vides y de Etchecolatz. El 28/12 quedó a disposición del PEN. Días después fue a Valentín Alsina y luego a Devoto.

Hechos acreditados por publicación en el Boletín Oficial en 1978.

Patricia Susana Miranda (113) – estudiaba en Bellas Artes, tenía 17 años. Era compañera de banco de Emilce. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, Alsina y Devoto.

Nora Ungaro, Gustavo, Pablo Díaz y Walter Docters también dieron cuenta de su secuestro. Nilda Eloy también dijo que al llegar a Quilmes vio a Patricia en un baño, siempre según el alegato de la auxiliar fiscal Ana Oberlín.

Aunque en los casos siguientes no se trata de estudiantes secundarios, son víctimas que también fueron secuestradas ese mes de septiembre y llevadas a Arana, Banfield, y Quilmes. Numerosas permanecen desaparecidas.

Ángela López Martín (114) tenía 30 años y trabajaba en el Colegio Nacional, en la Escuela Agraria de Bavio y en la Facultad de Arquitectura. Era parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Su compañero era Osvaldo Busetto. (con él estuvo en Quilmes, él estaba herido) Por haber nacido en España su caso llegó hasta el juez Baltazar Garzón en 1997. Ángela, que era profesora de Historia, continúa desaparecida.

Fue secuestrada el 25 de septiembre de 1976. Estuvo en Arana y en el Pozo de Banfield. Estuvo con Eliana Acosta y Nora Ungaro. Dijo que Ángela estaba muy golpeada y que tenía hemorragias que no se podían parar y que para distraerlas les contaba viajes. Su secuestro quedó acreditado en este juicio por testimonios de

Moler, Calotti y Docters. Este dijo que Ángela también estuvo en el Pozo de Banfield junto con Busetto.

Osvaldo Enrique Busetto (115) tenía 30 años. Trabajaba como bombero y estudiaba arquitectura. Era militante del ERP. Tenía una hija de dos años, Mariana. Estaba en pareja con Ángela López Martin. El 9 de septiembre se dirigía a encontrarse con Gustavo Calotti. Al llegar vio a Gustavo Calotti sujetado por dos hombres. Comenzó a correr y lo persiguieron en un Torino, le dispararon y tras caer herido, lo metieron en el baúl. Lo llevaron al hospital naval de Río Santiago y lo operaron. Le enyesaron una de las piernas. Lo llevaron a Cuatrerismo en Arana. Docters dijo que fue muy torturado. En octubre fue al Pozo de Quilmes. No podía caminar por las heridas de bala. Nora Ungaro fue trasladada con él. En el traslado se reencontró con Ángela. En Quilmes compartió celda con Docters. Víctor Treviño le prestaba asistencia en la celda. Calotti dijo que a fines de octubre Busetto fue llevado a Banfield. Su cautiverio está acreditado en la causa 44. Osvaldo continúa desaparecido.

Graciela Gladys Pujol (116) tenía 23 años y era estudiante de Medicina en la UNLP. Estaba embarazada de 4 meses. Con José Horacio Olmedo militaban en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Fue llevaba a Banfield. La fecha de parto estaba prevista para febrero o marzo de 1977. Nació su hijo y luego fue llevada al Pozo de Quilmes. Su secuestro está acreditado en la Causa 44.

Algún sobreviviente dijo que Graciela perdió su bebé. Otros no.

Graciela y su compañero siguen desaparecidos.

José María Noviello (117) tenía 22 años, estudiaba Agronomía y Antropología. Trabajaba en la librería Libraco en calle 6, propiedad de Emilio Pernas.

Fue llevado a Arana. El 20 de septiembre lo llevaron al Pozo de Banfield, donde estuvo en una celda con Pablo Díaz hasta fines de diciembre.

En los pasillos pudo ver a Graciela Pernas, que era para él como una hermana. Ella permanece desaparecida. Fue llevado al Pozo de Quilmes junto a Pablo Díaz hacia el 18 o 19 de diciembre. Allí estuvieron en Navidad. Junto con Walter Docters estuvieron ahí hasta fines de enero de 1977 y tras su paso por la Comisaría 1a de Valentín Alsina fueron a la U9.

Su secuestro está acreditado en las causas 2955 y 44. Cuando en 1981 recuperó la libertad, Pernas le dijo que lo mejor era que se fuera del país. Desde entonces está radicado en Canadá.

Tras mencionar otros veinte casos, la fiscal se detuvo en el hijo de Stella Maris Montesano, Martín, bebé apropiado que recuperó su identidad en 2015, hermano de Virginia Ogando y nieto de Delia Giovanolla, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Stella permanece desaparecida.

El Ministerio Público Fiscal reanudará su alegato el 14 de febrero, cuando se reanude el juicio. Luego seguirán los alegatos de las querellas y de las defensas.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013. Desde el inicio del debate oral y público, el 27 de octubre de 2020, fallecieron impunes seis imputados por los delitos que se les atribuyen en este juicio. A los once que siguen con vida, de los cuales solo uno está en la cárcel, Jorge Di Pasquale, se sumó Horacio Castillo en el último tramo del proceso.

Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 500 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.


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