El Gobierno nacional pondrá en marcha, por decreto, una reestructuración profunda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dos organismos clave para el vínculo entre ciencia, tecnología y producción.
La medida, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a recortar presupuesto, despedir personal y eliminar estructuras técnicas y científicas estratégicas para el desarrollo nacional.
Ambos institutos dejarán de ser entes descentralizados con autarquía presupuestaria y técnica para convertirse en simples unidades administrativas dentro de las secretarías de Agricultura, en el caso del INTI, y de Industria en el caso del INTA.
De este modo, pierden su autonomía operativa, científica y financiera, y pasan a depender directamente de decisiones del Ministerio de Economía. Esto implica una mayor concentración del poder político y presupuestario en manos del equipo de Caputo, encargado del ajuste para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional.
En el caso del INTA, el decreto contempla su transformación en un organismo “desconcentrado”, sin personería jurídica ni patrimonio propio. Esto habilita al Ejecutivo a modificar su estructura, controlar sus fondos y avanzar en un proceso de reducción que ya comenzó con la eliminación de 500 puestos de trabajo y ahora podría incluir el cierre de algunas de sus 450 sedes en todo el país.
“Rechazamos el inminente decreto del Poder Ejecutivo que, por lo rumores que circulan, afectaría fuertemente al funcionamiento del organismo, un cambio inédito en casi 70 años de historia”, dijo a la agencia Noticias Argentinas la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en el INTA, Gigi Franceschi, en el marco de una protesta contra el cierre inminente de la Estación Experimental del INTA AMBA.
El INTI, en tanto, perderá su estatus de ente autárquico y pasará a ser una unidad de la Secretaría de Industria y Comercio, bajo el control directo de Pablo Lavigne.
Ciencia y tecnología bajo ajuste
Detrás del cambio administrativo se esconde una estrategia de desmantelamiento del sistema de ciencia y técnica, en línea con el plan de ajuste estructural que exige el Fondo Monetario Internacional. El objetivo explícito: reducir el “gasto” en organismos públicos y centralizar la gestión de recursos en función de las metas fiscales.
Pero el impacto trasciende lo presupuestario. El INTA y el INTI cumplen funciones esenciales en la articulación entre el conocimiento científico y la producción nacional. Son instituciones que acompañan el desarrollo de tecnologías aplicadas al agro, la industria, las pymes y la economía regional.
El INTA, con presencia territorial en todas las provincias, brinda asistencia técnica, impulsa la innovación productiva y genera conocimiento para fortalecer al sector agropecuario. El INTI, por su parte, es referencia en calidad industrial, certificación de productos, ensayos y transferencia tecnológica.
Ambos organismos son, además, espacios de formación y empleo para profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados, con una lógica de trabajo federal y colaborativa. Su desarticulación no solo pone en riesgo cientos de empleos, sino que debilita la capacidad del Estado de planificar e intervenir en áreas estratégicas de desarrollo.
“Motosierra” y FMI: laboratorio del ajuste
El modelo que se impone responde al ideario de Sturzenegger y de los llamados “Caputo Boys”: un Estado mínimo, subordinado al mercado, sin organismos técnicos ni estructuras públicas capaces de incidir en el desarrollo productivo. Así como durante la dictadura y los ’90 se privatizaron las empresas del Estado, hoy se busca privatizar o eliminar la infraestructura científica.
En el caso del INTA, el decreto también busca reconfigurar su Consejo Directivo para reducir la participación del sector científico-académico y de las entidades agropecuarias, y otorgar mayor control al Ejecutivo. El objetivo: terminar con la gobernanza compartida que garantizaba pluralidad y representación federal.
Según fuentes oficiales, el INTA tiene un presupuesto asignado de $244.000 millones —financiado en parte con derechos de importación y tasa estadística—, mientras que el INTI maneja $85.000 millones. El Gobierno busca redirigir esos fondos al Tesoro para cumplir con el ajuste prometido al FMI, incluso a costa del deterioro institucional y del desmantelamiento de capacidades estratégicas acumuladas durante décadas.
