La violencia institucional vuelve a instalarse con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad. En este caso, con Gendarmería Nacional una vez más en el banquillo de los acusados, por la muerte de Ivo Rodrigo Torres, asesinado a balazos en Jujuy en el marco de un operativo de seguridad. La investigación sobre la muerte del joven de 22 años propició la detención de cuatro efectivos de la fuerza federal, a quienes la Justicia dictó prisión preventiva.
Si bien el hecho ocurrió el pasado jueves, fue durante el transcurso de la semana que se corroboró que Torres fue alcanzado por dos impactos de bala «a quemarropa» y que el disparo que terminó con su vida fue «por la espalda».
«Agentes de Gendarmería mataron a Rodrigo Torres, de 22 años, en la frontera norte, en Jujuy. Desde el lanzamiento del Plan Güemes, hace dos meses, presentado como una iniciativa contra el narcotráfico, ya mataron a dos trabajadores en zonas limítrofes», informaron este fin de semana desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cabe destacar que en el marco del Plan Güemes ocurrió también la muerte de Fernando Marín Gómez, de 27 años.
«Rodrigo era un joven kolla que hacía albañilería y llevaba a pastar animales. También compraba mercadería y la vendía en otros pueblos. Cuatro gendarmes le dispararon y lo mataron. En su mochila llevaba turrones y hojas de coca», añadieron desde el organismo.
En la mira de la investigación por la muerte de Torres están: el subalférez Alexander Gunther, el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki, la cabo Juliana Enciso y el sargento Walter Álvarez. Tras permanecer detenidos desde el episodio, los efectivos se hicieron presentes en una audiencia donde la jueza Carina Gregoraschuk dictó prisión preventiva, tal como solicitó el fiscal Sebastián Jure.
El efectivo Álvarez es el señalado como el autor de los disparos efectuados contra Torres, quien en ese momento fue perseguido por Gendarmería mientras iba en su motocicleta de baja cilindrada llevando hojas de coca y turrones a su comunidad. «Él [por Álvarez] sería el que realizó los disparos y los otros tres son partícipes necesarios del delito», afirmó el abogado de la familia del joven asesinado, Sebastián Espada.
En tanto, desde la organización H.I.J.O.S. de Jujuy expresaron su repudio por el hecho y apuntaron al Gobierno de la nación. «Los discursos de odio desde el Ejecutivo Nacional dan cuenta de que este crimen no es un hecho aislado. Es la materialización de la violencia impune que el Estado predica y despliega sobre los sectores más vulnerables, diatriba que le da vía libre a las fuerzas armadas y de seguridad para el accionar represivo, que se agrava en esta parte del país por una criminalización racista del uso de la hoja de coca», señalaron.
