Por Sebastian Palma* y Gonzalo Annuasi*
En agosto el Programa Fútbol Para Todos cumplirá seis años. Mientras millones de argentinos y argentinas acceden al bien de interés cultural más masivo de Latinoamérica y del mundo de manera gratuita en pantallas de TV, tablets, computadoras y celulares, algunos nostálgicos no se resignan a que sus antiguos clientes se hayan transformado en sujetos de derecho a la información y al acceso a los bienes culturales.
La ecuación que se encierra en un juego de palabras en realidad representa un profundo cambio de paradigma: la universalización de derechos es el fundamento que atraviesa la gestación de las políticas públicas que se han tomado en los últimos 12 años en la formación de un Estado fuerte en el sostenimiento de políticas sociales; e interventor y regulador del accionar de los agentes privados, toda vez que concibe la discusión sobre la distribución de los bienes materiales y simbólicos como el eje articulador de la disputa por su rol para hacer posible una sociedad más justa.
Los enfoques de tono crítico-apocalíptico repetidos a lo largo de estos años con distintas variables por el multimedio Clarín y aliados, suelen ser dos. El primero quiere señalar que desde el Ejecutivo Nacional existe un problema de prioridades. El segundo intenta dar cuenta de la utilización política de los espacios de publicidad. En ambos, el denominador común que utilizan es el “gasto”, al que terminan por definir como innecesario toda vez que señalan otras prioridades, y/o como provisto de oscuras intenciones, cuando esgrimen los fines manipuladores que supuestamente persigue.
En realidad, la manipulación corre por cuenta de esos medios y de los periodistas y editores que trabajan los artículos, que se ven en la obligación de establecer comparaciones absurdas, ya que un cotejo real sobre las prioridades que se evidencian en una lectura del la Ley de Presupuesto Nacional haría inviable la nota.
Para el presente ejercicio, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación (ME) asciende a $60.697 millones, de los cuales $4.422 millones corresponden a compensación salarial de 260.000 docentes de ocho provincias. Es decir, que al total inicial hay que sumarle lo que cada provincia aporta para el desarrollo y el sostenimiento de la educación en cada uno de sus niveles y modalidades, que claramente implica contemplar el universo salarial de los docentes, que sólo en la provincia de Buenos Aires son más de 300.000. Entonces, los más de 60.000 millones del presupuesto sólo del ME en comparación con los $ 1.634 millones que se invierten en Fútbol para Todos en el mismo ejercicio, señalan claramente cuál es la prioridad del Estado Nacional.
Para este 2015, el presupuesto Nacional total es de $1.251.630 millones; la inversión para garantizar el derecho al acceso al bien de interés cultural más masivo representa algo más del 0,1 % de esa cifra. Por otro lado, las erogaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Planificación Federal y Obligaciones del Tesoro, abarcan el 60%. Cualquier intento por tergiversar el análisis de las prioridades de este Estado será eso, un intento llamado a chocar de frente contra la realidad de los números.
Paralelamente, el segundo eje del planteo que apunta a denostar el contenido de los avisos provenientes, en su totalidad, de la pauta oficial de diferentes áreas del Estado –con excepción de la publicidad de una empresa de camiones– procuran ocultar maliciosamente otro de los objetivos primordiales de Fútbol para Todos, que es el de asegurar una comunicación fluida y efectiva de diferentes políticas públicas.
Es por ello que desde las corporaciones mediáticas se omiten los resultados exitosos de varias de las campañas realizadas durante las transmisiones: aumento del 457% en los llamados de consulta para donación de sangre, aumento del 121% en los llamados en los servicios de prevención y asistencia por violencia de género, aumento del 30% en los llamados en denuncias vinculadas a la trata de personas, y aumento del 1200% en el servicio telefónico de orientación a las adicciones de la SEDRONAR, por mencionar sólo algunas.
De todos modos, interesa señalar que la Estatización del Sistema Ferroviario, la Asignación Universal por Hijo, como salario familiar de los trabajadores en negro o de trabajadores desocupados; las jubilaciones de más de tres millones de pasivos que por distintas razones no han podido en su vida laboral completar los aportes mínimos para ser acreedores del derecho, la recuperación de los fondos de la seguridad social, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, el Plan Conectar Igualdad, a través del cual se entregaron más de 4.500.000 de computadoras a estudiantes secundarios de todo el país, entre otras, son medidas que comparten el paradigma de universalización de derechos señalado antes.
En este camino contradictorio por la complejidad que las transformaciones en curso y las pendientes implican en las estructuras del entramado estatal y en la sociedad en general; por las deudas sociales no saldadas, por las tensiones que se abren en cada frente ante la necesidad de avanzar con reformas de fondo que tocan intereses económicos, políticos y culturales de largo arraigo, en el que la disputa por el rol del Estado, y por lo tanto la distribución de los bienes materiales y simbólicos, es el eje rector de todas las discusiones, es el campo en disputa, resulta interesante profundizar un debate serio sobre las prioridades.
El ejercicio pleno de la ciudadanía en democracia necesita de esa información, de ese debate que cale en sus aristas más hondas. Negarla, construir frases hechas, sólo aportan a la confusión general, a pensar que todo es igual. Y no todo es igual. Los miles de ciudadanos que ahora acceden al derecho de ver fútbol, pueden dar cuenta de ello.
¿Es el Fútbol para Todos como derecho al acceso a los bienes culturales, un eje central? En el marco de la universalización de los derechos, ¿se justifica la inversión para que todos tengan acceso al hecho cultural más significativo de la Argentina? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿cobra sentido en este contexto de tantas cuentas pendientes?
También es posible preguntar si el vaciamiento del Estado que se llevó a cabo durante los 90 hubiera sido posible sin que antes se privatizaran los medios de comunicación y se derogara el artículo 45 de la norma de radiodifusión de la dictadura que impedía la conformación de multimedios de la información.
Así como la década del 90 representó, de alguna manera, la aceptación por parte de una gran mayoría de la sociedad de un modelo económico, social, cultural y político, que diseñó a su imagen y semejanza el contexto mediático que le resultó más cómodo y funcional a sus intereses, es lógico que la batalla cultural contra el “sentido común” que dejó como legado el neoliberalismo también se libre en este plano.
Si la antinomia es concentrar-desconcentrar, excluir-incluir, focalizar-universalizar, uno a uno-organización popular, el Fútbol para Todos y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no sólo son medidas congruentes con el paradigma general articulador, sino que podrían asumirse como el retorno del Estado al mundo de la comunicación, uno de los más concentrados de la república.
El derecho a la información, de carácter constitucional a partir de 1994 a través del pacto de San José de Costa Rica, incluye el acceso a los bienes culturales. Es decir que a través del contrato entre la AFA y el Estado Nacional, los sectores más postergados de la sociedad, son finalmente sujetos de un derecho que les estuvo vedado por no estar en condiciones de abonar una tarifa durante más de 15 años.
La inversión que realiza el Estado para hacer realidad este derecho no puede considerarse un gasto en el marco de la sociedad de la información, y a la luz del derecho a la información y de la legislación internacional. “Clientes con derecho a reclamo”, o “sujetos con derecho a la información y a los bienes culturales”; está claro que quienes asuman posiciones de un lado o del otro de la ecuación estarán asumiendo mucho más que una postura en torno a la transmisión de un partido de fútbol.
Un capítulo aparte merecerían los cambios que en los últimos cinco años y medio se produjeron en los usos culturales del fútbol argentino: de hábitos, de rutinas, de integración, de inclusión. En el marco de un proyecto político, social, cultural y económico que articula políticas en torno a la universalización de derechos, esta era una cuenta pendiente más por el arraigo de este deporte en la formación del tejido social. Por la fuerte identificación de vastos sectores del país con los colores, los clubes, sus historias y la vida misma de cada una de estas instituciones. Por la impronta de la pelota en la constitución del ser nacional.
* Docentes e investigadores en el marco del Laboratorio Estudio de Medios y Análisis de la Información, en el desarrollo del proyecto de investigación “La construcción de la información deportiva en los principales diarios argentinos”.
