Por Florencia Abelleira
Argentina ha hecho un avance sustancial en contrarrestar el llamado lavado de dinero, uno de los delitos financieros que deviene principalmente de dos negocios millonarios e ilegales: el narcotráfico y la trata de personas.
Específicamente, desde el año 2010, cuando asumió como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José “Pepe” Sbatella comenzó a trabajar activamente en la investigación de personas y entidades que entran en el sistema estatal de sospechas.
a partir del año 2008, recae en la uif la facultad de intervenir como querellante en los juicios por delito de lavado de activos.
A este delito se lo define como “dar apariencia lícita al dinero obtenido de manera ilícita”, y tiene la particularidad de ser una infracción contemporánea. Hace tan sólo tres décadas que se comprendió a nivel internacional la necesidad de perseguir cualquier forma de lavado de dinero.
Hoy la UIF funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero su origen se remonta al año 2000. Cuando se creó, prácticamente no tenía una vida activa, más bien se abocaba a realizar tareas administrativas.
Recién a partir del año 2008, recae en esta entidad la facultad de intervenir como parte querellante en los juicios en los que el delito de lavado de activos estuviese implicado.
En 2010, la UIF comenzó a coordinar a nivel nacional, provincial y municipal todos los organismos públicos relacionados con la prevención del lavado de activos y la representación del país ante los organismos internacionales. En ese mismo año, esta entidad, al mando de Sbatella, emprendió un cambio profundo en su quehacer cotidiano acompañado por un marco legal que facilitó sus intervenciones.
Las cifras del balance de gestión que analiza el desempeño de la UIF desde su creación aportan datos categóricos. Según indica el informe, entre el año 2000 y el 2009 los reportes sospechosos notificados fueron 6 mil, el embargo de dinero sumó una cifra de 10 mil pesos, no hubo ningún procesamiento ni ninguna multa. Mientras que, entre 2010 y 2011, las denuncias recibidas fueron 16 mil, se embargaron 895 mil pesos, hubo 17 procesamientos y 46 millones de pesos recaudados por multas.
entre 2010 y 2011, las denuncias recibidas fueron 16 mil, se embargaron 895 mil pesos, hubo 17 procesamientos y 46 millones de pesos recaudados por multas.
Pero las cifras se duplicaron en estos cuatro últimos años gracias al gran paso normativo que se dio en 2011, cuando se reformó la Ley de Lavado. Por un lado, se comenzó a castigar el “autolavado”, es decir, cuando la misma persona (física o jurídica) que obtiene dinero proveniente de una actividad ilegal también blanquea esos ingresos.
“Por ejemplo, si un sujeto traficaba droga y él mismo se encargaba de darle apariencia lícita al dinero proveniente de ese delito, sólo podía ser penado por el primer ilícito, pero no por lavado. Para castigar el delito de lavado de activos se necesitaba la existencia de un encubridor encargado de darle apariencia lícita al dinero proveniente del delito cometido por el primero”, expresa el sitio web oficial.
Por el otro, la ley permitió que la UIF pudiera decomisar bienes de una persona investigada sin necesidad de que hubiese una condena.
Además, desde ese entonces se puso en práctica el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), un sistema que obliga a entidades como bancos, inmobiliarias, fideicomisos, cooperativas, fundaciones, entre otras, a denunciar transacciones sospechosas.
Con todos estos avances, Argentina logró que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) reconociera su lucha contra el lavado de dinero y sacara a nuestro país de su “lista gris”.
La decisión fue adoptada durante la reunión desarrollada en París el 24 de octubre de 2014, donde se decidió por consenso unánime de sus 36 países miembros sacar a la Argentina del proceso de seguimiento intensivo al cual se encontraba sometida junto a otros Estados con deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el delito de lavado de activos, otros ilícitos contra el sistema financiero y el financiamiento del terrorismo.
Sbatella bloqueó 44 cuentas bancarias de prófugos imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
En lo que va de su gestión, Sbatella bloqueó 44 cuentas bancarias de prófugos imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar; allanó firmas pertenecientes al Grupo Ale en la ciudad de San Miguel de Tucumán en 2013, donde se encontraron armas y dinero sin declarar y documentación vinculada al juego clandestino y la trata de personas; y multó a cientos de empresas y entidades, como recientemente hizo con el banco HSBC.
