Por Fernando M. López
Al igual que el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal ha encarado en la provincia de Buenos Aires un fuerte proceso de vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, acompañado por el incremento de la violencia institucional y el abandono de políticas de diversidad y de género.
Una de las primeras medidas que tomó el actual secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, cuando Vidal lo puso en funciones a fines de enero, fue deshacerse de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias y congelar todos los expedientes de la Ley 14.042, que establece el otorgamiento de pensiones a las víctimas del terrorismo de Estado. Desde entonces, el retroceso ha sido constante.
“Entre 2007 y 2015 hubo 53 señalizaciones de ex centros clandestinos de detención en territorio bonaerense; en lo que va del período de Cambiemos no hubo una sola señalización. Además, se paró la construcción de los Espacios de Memoria en Banfield, Las Flores, Mar del Plata y La Plata, como el Pozo de Arana y la Comisaría 5ª”, explicó a Contexto Marina Vega, integrante de la Red Provincial por los Derechos Humanos, antes de concentrarse este mediodía frente a la sede a cargo de Cantón.
La Red nuclea a organismos de derechos humanos y militantes territoriales de más de cincuenta localidades, así como a distintas direcciones municipales, entre ellas las de Escobar, Florencio Varela, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, San Martín, Avellaneda, Ensenada, Mercedes y Navarro.
En su primer encuentro, realizado el 2 de julio pasado en el Espacio de la Memoria donde funcionó el ex centro clandestino de detención “El Infierno” (Avellaneda), los integrantes de la Red también se mostraron “preocupados” por la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad, las numerosas prisiones domiciliarias otorgadas a genocidas en los últimos meses y la paralización de las investigaciones sobre los cómplices civiles de la dictadura.
En materia de género, plantearon la necesidad de implementar la Ley Nacional 27.210 de Patrocinio Jurídico Gratuito para víctimas de violencia; que las comisarías de las Mujer y los juzgados de Paz tomen las denuncias; políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la salud reproductiva y la procreación responsable; y garantizar la interrupción legal del embarazo en los hospitales públicos.
Otros puntos abordados fueron “la persecución y estigmatización que está sufriendo el colectivo LGBTIQ”, y las dilaciones de Vidal en la reglamentación de la Ley 14.783 de cupo laboral trans.
Por último, se manifestaron contra la violencia institucional, el abuso policial y las pésimas condiciones de detención en las cárceles bonaerenses.
“Nos concentramos este martes frente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia para entregarle todas nuestras demandas a Cantón, exigiéndole la puesta en funcionamiento de políticas públicas integrales en materia de derechos humanos, y para pedirle definiciones concretas frente a algunos atropellos, como la detención ilegal de Milagro Sala en Jujuy”, dijo Vega.
Para la Red, “el actual proyecto político ya ha mostrado que está y estará atravesado por el ajuste económico, la desocupación, la persecución ideológica, el monopolio informativo y la represión a los reclamos y la protesta social. De este modo, socava y amenaza todo lo avanzado en materia de derechos, inclusión y mejor calidad de vida de los sectores más vulnerables y postergados de nuestra sociedad”.
“Sin represión y sin violación de los derechos humanos, este modelo social, político y económico no se sostiene, y el Gobierno está decidido a hacerlo funcionar sin medir costo alguno”, agregó en su documento fundacional.
Con el objetivo de fortalecer la unidad y articular nuevas acciones de lucha, la Red ya prepara su segundo encuentro. Según adelantó Vega, está previsto para el próximo 24 de septiembre en Escobar y contará con la participación de Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), y el fiscal Miguel Ángel Palazzani, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), entre otros destacados defensores de los derechos humanos.
