Por Gabriela Calotti
La mañana del 21 de abril de 1978 estaba sentada en la mesa del comedor diario de su casa cuando «bruscamente se abre la puerta, aparecen un montón de hombres y una mujer, bien armados y muy violentos. Me quitan a Amaranta de mi falda con mucha violencia, me levantan de la silla y me empujan».
Recordó que estaban todos vestidos de oscuro pero sin uniforme y sus edades eran de entre 30 y 35 años. «El que comandaba el operativo era el mayor de todos». Lo identificó como «Saracho». «Eran una mezcla de argentinos y uruguayos», sostuvo luego durante su declaración.
Así comenzó la declaración de María Teresa Serantes Lede, de nacionalidad española, instalada desde muy pequeña en Uruguay, desde donde vino a la Argentina tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 en el vecino país. En Montevideo militaba en la Federación Nacional de Cooperativas. Tenía amigos que pertenecían al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. El día del golpe fueron detenidos brevemente.
Pero lo que les pasaría en Argentina iba a ser muy distinto.
En medio del operativo en su casa, una vecina, Elsa, logró llevarse a la nena, que tenía dos años y medio.
A ella la ataron a una mesa en su habitación y cada «tanto entran y me golpean […] la que más entra al dormitorio es una mujer. Es la más violenta», precisó. Más tarde indicó que la mujer era «rubia, tenía menos de 30 años, de complexión normal, delgada, de pelo largo. Muy agresiva». La misma mujer, que, según la testigo, era «uruguaya», aparecería después en los llamados interrogatorios en la Brigada de Investigaciones de la bonaerense de Quilmes, en lo que sabría más tarde que era el Pozo de Quilmes, que eran más bien sesiones de abuso, sostuvo.
A la tardecita de ese mismo día escuchó la voz de su marido, Alberto Illarzen, cuando llegó a la casa, pero no logró verlo. Recién lo volvió a ver unos minutos en el Pozo de Quilmes, durante su cautiverio, que se prolongó hasta el 20 de mayo. Alberto tenía 34 años.
Secuestro en el Pozo de Quilmes
Serantes describió su llegada al Pozo de Quilmes y aseguró que fue allí donde estuvo secuestrada, pues el viernes pasado efectuó una visita en ese ex centro clandestino de detención convertido en espacio de memoria. «Este viernes que pasó estuve visitándolo y sí, sí, puedo confirmar que estuve en ese lugar. No hay ninguna duda de que estuve ahí», afirmó.
Los abusos comenzaron casi al llegar al Pozo de Quilmes. Pidió ir al baño. Encapuchada y con las manos atadas por la espalda la llevaron tres guardias. «Me bajan la ropa interior», recordó, y luego la dejaron en una celda. Por miedo no emitió palabra cuando alguien desde la celda le habló, le dijo que se llamaba Jorge Martínez y que su familia también estaba secuestrada allí.
Al segundo día «me vienen a buscar y me ponen la capucha en la celda […] me espera otra persona […] me ata las manos adelante y me lleva, llegamos a la escalera y empezamos a bajar y este señor me agarra las manos y las pone en sus genitales y ahí mismo tiene una erección». La ingresan en una habitación. «Ahí había más personas […] Primero me desnudan, en algunos casos me quitaron las ataduras de las manos y en otras no. Empiezan golpes, manoseos de todo tipo, varias personas, y se produce una violación. Siempre es más o menos lo mismo. Me preguntan por nombres, por apodos más que nada. Yo no sabía quiénes eran», relató al tribunal de forma virtual durante la audiencia número 85 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, con asiento en Avellaneda.
«Hay mucha violencia de parte de la mujer. Ella es como que azuzaba a los hombres para que hicieran más vejaciones, más violaciones. Estaba todo el tiempo usando un vocabulario que no voy a repetir porque es demasiado bajo. Creo que era su rol. Ella me daba trompadas o cachetadas», sostuvo.
«Yo no puedo decir cuántas ‘interrogaciones’ tuve. Sé que fueron más de tres pero no sé si fueron 23 o 7. No lo tengo claro. Siempre consistía en lo mismo. Cuando volvía a la celda no decía lo que había pasado. Generalmente no hablaba», explicó Serantes Lede en su crudo relato que hizo despacio pero firme.
Empezó a compartir celda con Ivonne Cappi y Erlinda Vázquez. «Nos conocíamos de antes, éramos amigas. Yo no sabía que estaban ahí», precisó. Serantes aseguró que a partir de ese momento «decidimos que nuestra vida anterior no existe. Uno cierra, bloquea todo tipo de sentimientos» en esas circunstancias.
Fue el uruguayo Guillermo Sobrino, que permanece desaparecido, quien se puso en contacto con ella. «Me dice que tengo que memorizar porque por ser española voy a ser la única que va a ser liberada. Me dice que hay 32 uruguayos detenidos ahí en el Pozo de Quilmes y que la mujer esta que nombró él estando detenido en FUSNA en Uruguay [Cuerpo de Fusileros Navales], escuchó que una vez la llamaban por el nombre Cristina y que el apodo es ‘sargento Peters'».
Por esos días aprendieron a comunicarse con las manos. Gracias a ese lenguaje pudo comunicarse con Aída Sanz, que está desaparecida, y que había sido secuestrada junto con su madre, una señora mayor. Serantes Lede confirma que la propia Aída le dijo que su bebita Elsa Carmen nació «bajo torturas» al día siguiente de su secuestro, el 23 de diciembre de 1977. «Me dijo que ella está muy lastimada y que a su hija se la quitan inmediatamente».
«Nos cuenta que el 27 de diciembre aparece su compañero, Eduardo ‘Cacho’ Gallo, y Miguel Ángel Ríos, que son torturados bastante brutalmente», y que en las condiciones en que estaban era «prácticamente imposible sobrevivir», recordó, y dijo que a Aída «la llevan al Pozo de Banfield».
Días antes de que la dejaran en libertad la llevaron a un interrogatorio «totalmente distinto». En una oficina la esperaba un «hombre joven, de entre 35 y 40 años, bien vestido, muy limpito. Lo primero que hace es sacar su pistola y ponerla sobre la mesa». El hombre, al parecer uruguayo por la forma de hablar, insiste en decirle «no sé qué voy a hacer contigo». Serantes explicó que ese hombre sabía «mucho de mi vida, que el día del golpe en Uruguay estuvimos detenidos, dónde vivíamos en Montevideo, sabe quiénes estuvieron en mi casa en Buenos Aires».
Dos días después los suben a una camioneta a ella, a Ivonne y a Erlinda, a Alberto y a Ari Severo. «En un momento abren la puerta [corrediza del vehículo], bajan la velocidad y nos tiran para afuera». Alguien en una estación de servicio les da plata para que tomen algún colectivo.
Precisó que para la fecha en que los liberaron «ya casi no quedaba nadie en el Pozo de Quilmes».
Cerca de las 4 de la mañana llegaron a su casa. Allí estaban viviendo su hermano Manolo, su mujer y Amaranta, a la que vieron recién por la mañana, una vez que pudieron bañarse y ponerse ropa limpia.
Desde el momento de su secuestro, su hermano, que estuvo secuestrado «un par de horas» en Quilmes, empezó a presentar habeas corpus y a contactarse con la embajada de España en Buenos Aires.
Entre quienes supo o vio secuestrados en el Pozo de Quilmes, mencionó a familiares de Martínez, como Marta Severo, Ari Severo, Marta Onglet, Carlos Severo; a una tía de ellos cuyo nombre no recordó; a Guillermo Sobrino, Gabriel Corchs Laviña y Andrés Carneiro Da Fontoura, estos últimos, desaparecidos. También recordó a una «persona mayor que tendría 50 años, que era argentino. Nunca supe su nombre pero él decía que era pintor. Era un señor un poco canoso, morocho, que hablaba mucho consigo mismo».
A poco de su liberación empezaron a ver un auto con los vidrios oscuros en la cuadra de su casa. Entonces acudieron a las oficinas de ACNUR (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados) en Buenos Aires y a la embajada de España.
Lograron viajar a España con la ayuda de ACNUR. Pero una vez en Madrid la Policía Nacional ordenaba la expulsión de su marido y de la nena. Con abogados de ACNUR lograron frenar cada orden, pero al cabo de cuatro años, en 1982, la expulsión fue definitiva. De allí fueron a Suecia, país que ya en 1978 los había aceptado como refugiados.
Serantes Ledes contó que al día de hoy su hija sufre un «bloqueo total» de aquellos años. Ella nunca supo qué le pasó a su hija en los cuatro días que pasaron entre su secuestro y el día en que la nena apareció en la puerta de la casa de su tío Manolo.
El sistema de terror y sus consecuencias traumáticas por generaciones
Más tarde, durante la audiencia, quien se refirió a las secuelas traumáticas de las víctimas, sobrevivientes, familiares y toda la sociedad provocadas por el sistema de terror que puso en marcha la dictadura cívico-militar fue la médica psiquiatra y psicoterapeuta Lucila Edelman, que declaró como testigo de contexto.
«Es una situación traumática multigeneracional y transgeneracional», sostuvo antes de precisar que en una definición psicológica el genocidio «es una práctica social de aniquilamiento de colectivos humanos». «Es un proceso tendiente a la destrucción y reorganización de las relaciones sociales. Se construye un ‘otro negativo’ […] que es blanco de su eliminación material».
«El genocidio impone un ‘sistema de terror’ basado en la represión y en un discurso dominante para crear un ‘consenso favorable’ y un ‘control social’», explicó la experta antes de asegurar que «siempre hay una necesidad de elaboración íntima y privada y una elaboración social y pública» que suelen producirse en tiempos diferentes.
Finalmente declaró Raúl Olivera, dirigente sindical y militante uruguayo por los derechos humanos que habló también como integrante del Observatorio Luz Ibarburu. Olivera declaró en el juicio Plan Cóndor y es autor de varios libros.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo quince imputados y apenas uno de ellos en la cárcel, Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran dieciocho los imputados, pero desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron tres: Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.
Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semipresenciales.
Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia semipresencial tendrá lugar el martes 8 de noviembre a las 8:30 en el Tribunal Federal de La Plata, en 8 e/ 50 y 51.
