Cuando en un país existen presos políticos y se atropellan leyes internacionales con rango constitucional, cuando las fuerzas represivas están involucradas en la desaparición y el asesinato de personas, y encima se las encubre, cuando un diputado nacional es desaforado y encarcelado por las dudas, y un exvicepresidente detenido de manera intempestiva sin siquiera una indagatoria previa, cuando funcionarios judiciales obedecen a presiones, prebendas u órdenes del gobierno de turno, o son barridos de un plumazo si no se someten a los intereses hegemónicos, cuando la policía viola la autonomía universitaria en reiteradas oportunidades sin consecuencia alguna, cuando un pibe es arrojado tras las rejas por un tuit contra el presidente, cuando un decreto vale más que un ley o la propia Carta Magna, verdaderamente cuesta sostener que exista el Estado de derecho como tal.
Este viernes, mientras el diario Clarín difundía las imágenes de Amado Boudou con las esposas y el chaleco de la Policía Federal en su departamento, y hasta se ocupaba de los objetos de la biblioteca del exfuncionario porque allí había una figura en miniatura de Cristina Fernández de Kirchner, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pedía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que “adopte medidas provisionales a favor de Milagro Sala” por el incumplimiento del Estado argentino en el caso.
La CIDH había exigido con una cautelar que la dirigente social y parlamentaria del Mercosur, presa arbitrariamente por orden del gobernador jujeño Gerardo Morales, fuera liberada de inmediato o, en su defecto, se le otorgara el arresto domiciliario o la libertad bajo fiscalización electrónica, al constatar “una situación de hostigamiento y estigmatización que ponía en riesgo su vida e integridad”. Luego de un corto alojamiento en una casa con un régimen de seguridad propio de una cárcel, Milagro fue trasladada de nuevo al penal de Alto Comedero, donde se deterioró su estado de salud.
“La situación actual de Milagro Sala cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable”, advirtió el organismo interamericano a la CorteIDH, sin repercusión en los grandes medios argentinos.
El caso de la líder de la Tupac Amaru no puede pasarse por alto. Con su encarcelamiento, el 16 de enero de 2016, el macrismo empezó a gestar el huevo de la serpiente, la configuración a nivel nacional de un Estado policial que, ahora –por haber obtenido un triunfo electoral de medio término en 13 de las 24 provincias–, se arroga el derecho de arrasar con todo y con todos los que se opongan al proyecto de saqueo delineado en la reforma laboral, previsional y tributaria.
Tras los comicios, con un impresionante despliegue mediático, Cambiemos sacó a Julio de Vido del Congreso, mientras sus aliados judiciales dictaban la prisión preventiva en el penal de Ezeiza sin perder un minuto. Días después, se conocía la condena a dos años y seis meses de prisión en suspenso del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la compra de cotillón con consignas en contra del Grupo Clarín.
La persecución judicial contra Cristina tampoco se detendría. Luego de ser indagada por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por “encubrimiento” y “traición a la patria”, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su procesamiento por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Y en el medio de todo esto, la procuradora general Alejandra Gils Carbó anunciaba su renuncia, tras sufrir un duro hostigamiento político, mediático y judicial. A esto se sumó la suspensión de Luis Federico Arias, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata que falló contra los tarifazos de la gobernadora María Eugenia Vidal y a favor de los docentes bonaerenses en la paritaria de este año. Ahora, el presidente Mauricio Macri espera con ansias la destitución de Eduardo Freiler, uno de los camaristas que lo procesó en la causa de las escuchas ilegales, actualmente sometido a juicio político por presunto mal desempeño y enriquecimiento ilícito.
La detención de Boudou, ordenada ayer por el juez Ariel Lijo con el argumento de un posible entorpecimiento de la investigación por enriquecimiento ilícito, sorprendió incluso al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, denunciante en la causa contra el exvicepresidente. “Tengo que reconocer que siempre estuvo a derecho, porque siempre se presentó y pidió permiso para salir del país”, dijo el letrado al manifestar su asombro.
Pero, al parecer, las presiones del macrismo sobre Lijo no fueron pocas. El reaccionario Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, lo habían denunciado días antes en el Consejo de la Magistratura por “una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso”.
A tal punto habría llegado el apriete, que el magistrado se ocupó de avisarle al presidente antes de ir por Boudou. Según Infobae, un medio afín a Cambiemos, “el juez federal Ariel Lijo informó anoche (por el jueves) a las 21:30 al Gobierno de la medida que había dispuesto”.
Al conocer la maniobra contra el exvicepresidente, Unidad Ciudadana salió a denunciar “la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes”.
“Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general”, sostuvo en un comunicado.
Por su parte, Eugenio Zaffaroni afirmó que “se nos está derrumbando la República aceleradamente en función de una serie de shows judiciales, procedimientos de tipo mafioso y coacciones”.
“La coacción es un procedimiento clásico de organizaciones delincuenciales y esto se nos va insertando”, dijo en diálogo con AM 750 el exjuez de la Corte Suprema, y consideró que así “se va cayendo el Estado de derecho a pedazos”.
Para la abogada Graciana Peñafort, “la detención de Amado es irrazonable, no tiene fundamento factico ni legal”, y le recomendó al exvicepresidente que, como Milagro Sala, recurra ante organismos internacionales para “dejar registro de la barbaridad que están haciendo”.
“Sospecho que quieren acostumbrarnos a que cualquiera puede ir preso porque sí. Pero no. Está mal y está mal que lo naturalicemos”, indicó la apoderada de Unidad Ciudadana y planteó la necesidad de “dar la batalla cultural”, “trabajar en la construcción de sentido” en torno a “qué es el Estado de derecho y qué es la presunción de inocencia”, algo “muy importante para todos, no sólo para el kirchnerismo”.
