Por Mauro Forlani*
Unos de los problemas estructurales en la economía argentina (como de toda economía periférica) es la denominada fuga de capitales. Es uno de los causantes centrales de la disminución de divisas en el Banco Central.
La fuga de capitales implica que la gran burguesía local e internacional, en lugar de reinvertir sus utilidades o excedentes, prefiere “fugarlos a lugares más seguros”, como los paraísos o guaridas fiscales; más la complicidad de la mediana o pequeña burguesía (clase media) que atesora sus ahorros debajo del colchón extrayendo recursos del sistema económico que podrían canalizarse a la inversión.
Desde la perspectiva ortodoxa o monetarista, esto sucede por la “falta de confianza” o ausencia de “seguridad jurídica” del empresariado en las instituciones públicas o en el Estado, en este caso, el argentino.
Traducido, grosso modo, esto significa que el Estado actúa, o gestiona la cosa pública, de tal manera que produce horizontes de crisis económicas que ponen en riesgo, en la percepción de los grandes capitalistas, su futura rentabilidad; por lo que se ven obligados a remitir sus ganancias por fuera de los límites del Estado nación.
Para poner en claro, negro sobre blanco, tomemos el ejemplo del kirchnerismo en el período 2003-2015. En esta experiencia gubernamental, los crecientes aumentos salariales, los subsidios a las tarifas de los servicios, el aumento del gasto público, contribuyeron a generar una potente clase media y esto ha sido positivo, sin dudas, en términos de mejora de calidad de vida de millones de argentinos. Sin embargo, también alimentó el estilo de consumo “americano” internacionalizado de armaduría electrónica y automotriz que tienden a disminuir las divisas del Banco Central por el alto componente importado de estos bienes.
Esta disminución de las reservas del Banco Central constituye la señal negativa, la “luz roja” para el capital concentrado, que pronostica o avizora un escenario devaluatorio de la moneda nacional. Se produce, entonces, un escenario típico causado por una profecía autocumplida por parte de la gran burguesía.
Es decir, más allá de si el escenario devaluatorio es real o exagerado de parte del empresariado, el sólo hecho de que lo perciban produce una acentuación de la fuga de capitales provocando devaluaciones o pérdida de valor de la moneda nacional.
Estas expectativas devaluatorias también las tiene el sector agropecuario, que es un actor central para conservar la vitalidad de las reservas, porque es quien liquida las divisas. Si los grandes exportadores perciben un dólar que puede estar “más alto” en el futuro cercano, retacean las liquidaciones consumando la devaluación, más allá de si la predicción tiene algún viso de realidad o es exagerada; una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad.
Una salida “nacional y popular” a esta restricción externa o “cuello de botella” que provoca devaluaciones sería nacionalizar el comercio exterior, para evitar así que el sector exportador deje de extorsionar o retacear liquidaciones, al tiempo que se afecten rentas extractivistas para canalizarlas a diversificar el aparato productivo y hacerlo menos dependiente de bienes e insumos extranjeros, demandantes netos de la divisa norteamericana.
Es cierto que el kirchnerismo no apuntó a un mayor control del comercio exterior que tuviera algún punto de similitud con el viejo IAPI del primer peronismo.
Es cierto también que la nueva tecnología agropecuaria, como el silobolsa en el que la oligarquía puede demorar eternamente la liquidación de sus granos, puede hacer anacrónico reeditar los viejos modos de intervención en el comercio exterior.
Además, cuando el Gobierno anterior intentó afectar alguna renta agropecuaria –mediante el incremento de las retenciones a la soja–, se encontró con un escenario de desabastecimiento e ingobernabilidad que puso en vilo a todo el país durante tres meses, como fue el conflicto por la 125.
La derrota por la 125 fue el límite redistributivo que el establishment le puso al kirchnerismo. “Hasta acá llegás”, pareció ser el mensaje de la oligarquía a las pretensiones distributivas de aquel Gobierno. Por lo que se debió reenfocar, en una política bastante menos ambiciosa, a racionalizar el gasto público, intentando recortar subsidios a los sectores medios cuyos ahorros se vuelcan fuertemente a la compra del ensamblaje internacionalizado altamente demandante de divisas, para reorientarlos a los sectores populares en necesidades básicas. Tampoco pudo.
Los medios hegemónicos pusieron el grito en el cielo y aumentó la sensibilidad social frente al “ajuste”, denominado en su momento “sintonía fina” por el anterior gobierno.
Ante estos límites del statu quo, el kirchnerismo, para moderar la restricción externa o cuello de botella, se propone controlar la fuga de capitales con el demonizado “cepo cambiario», sumando financiamiento no convencional con los swaps chinos al tiempo que logra un significativo aumento de la economía en su último año de gestión apelando al crecimiento de sectores con escasa o nula demanda de divisas, como la construcción y el desarrollo de los programas sociales.
El actual Gobierno PRO de Mauricio Macri podría haber seguido por este sendero.
El nuevo Gobierno PRO sabía, era consciente de que el país había crecido el año pasado o había tenido un leve crecimiento arriba del 2%, nada despreciable en un mundo y una Latinoamérica en recesión.
Esto se vio confirmado en el nuevo INDEC de Todesca.
¿Cuál era la necesidad, entonces, de la nueva gestión PRO, de semejante sablazo a los ingresos de los asalariados en beneficio de sectores concentrados exportadores, si la economía argentina no venía mal?
¿Por qué no seguir construyendo sobre “lo hecho” en lugar de medidas que ahogaron el crecimiento y metieron al país nuevamente en una recesión?
Es indudable que los miembros del actual gabinete económico pensaron (y piensan) que no había margen para continuar por la senda de crecimiento o incrementar el crecimiento heredado porque esto conducía a un aumento de la demanda de divisas al Banco Central para financiar las importaciones en bienes de capital, insumos, etcétera, que provienen del extranjero. Y esas divisas eran insuficientes para relanzar una economía a “todo motor” con altas tasas de auge como pretenden para llegar a la “pobreza cero”.
Sin embargo, este argumento no invalida la alternativa real de apuntalar el crecimiento heredado sobre la base de actividades con escasa o nula demanda de divisas como se venía practicando en el Gobierno anterior, a la vez que se aprovechara los contratos de financiamiento no convencional chinos y el control de cambios previos (cepo) para conservar e incluso fortalecer unas reservas un tanto menguadas.
Es una falacia, entonces, pensar que no había alternativa al sendero de ajuste y endeudamiento reinaugurado por el PRO.
La alternativa estaba, no configuraba una entelequia teórica, una abstracción, sino que había sido practicada en la gestión concreta del Gobierno anterior.
Sin embargo, el PRO, en sus primeros cien días en la administración, desechó otra alternativa de desarrollo y se despachó con el típico recetario neoliberal.
El cóctel es por todos conocido: megadevaluacion del 60%, eliminación del “cepo”, quita de retenciones a los sectores exportadores, arreglo veloz con los “buitres” y regreso al endeudamiento, apertura al mercado especulativo de capitales conjuntamente con tarifazo y aumento del desempleo buscando disciplinar paritarias que pretenden establecerse por debajo de la inflación para menguar el consumo de las clases medias.
Si el problema heredado es una relativa falta de divisas o restricción externa que generaba horizontes devaluatorios para los inversores, quienes agravaban el problema con profecías autocumplidas –como se explicó–, entonces este cóctel de medidas se orienta a alejar ese horizonte de crisis real o un tanto imaginario en las burguesías urbanas y rurales.
Esto implica, como se dijo, en la jerga del neoliberalismo, generar confianza o seguridad jurídica, para que dejen de fugarla y la “hundan acá”.
Hasta ahora, a pesar de estas “caricias” a sus amigos empresarios, la fuga de capitales en este trimestre se incrementó. Cuatro mil millones de dólares en tres meses.
El Gobierno espera que la demanda de dólares baje significativamente cuando los inversores vean que, con el endeudamiento y la apertura al capital financiero, el horizonte crítico que afecta sus utilidades se aleja y se decidan a producir.
Sin embargo, la experiencia histórica no indica eso. Tanto en los setenta como en los noventa, la llegada masiva de la divisa norteamericana no desincentivó la fuga de capitales para reorientarse a la inversión productiva, sino que la financió. ¿Por qué ahora habría de ser diferente?
* Docente de Análisis de la Realidad Contemporánea, Facultad de Ciencias Humanas, UNSL.
