Los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad estaban en plena lucha por el predio del Primer Distrito del organismo, cuando se desayunaron con el Decreto Nº 794/2017 que crea Corredores Viales S.A., una especie de Vialidad “paralela”.
El primer artículo del decreto de Mauricio Macri publicado en el Boletín Oficial dice que la empresa tendrá todas las atribuciones de la entidad estatal: “construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional”.
La diferencia con Vialidad –y esto lo establece el artículo 4– es que Corredores Viales S.A. no tendrá que ajustarse a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ni al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, ni a la Ley de Obras Públicas. Es decir, pasando por encima de la legislación vigente, se le otorga la facultad de eludir todo proceso licitatorio y hacer contrataciones de manera directa.
Esta sociedad anónima estará conformada inicialmente por el Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, con un 51% de las acciones, y por Vialidad Nacional, que detentará el 49% restante, bajo la dirección de Javier Iguacel. Sin embargo, esos paquetes accionarios podrán ser adquiridos sin ningún impedimento por socios privados.
El decreto fue dado a conocer un día antes de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que se realizará esta tarde en el Sheraton Hotel. La llamada “patria contratista” ya se frota las manos, sobre todo las propias empresas del clan Macri –amigos incluidos–, principales beneficiarias de todas las maniobras presidenciales.
La noticia cayó como un balde de agua fría para los miles de empleados viales, que este miércoles conmemoraban su día y ahora temen por sus fuentes de trabajo. El decreto contiene dos artículos que apuntan directamente contra ellos: uno establece que la nueva empresa “mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho privado”, y el otro que Vialidad podrá disponer la “transferencia” de sus trabajadores a la sociedad anónima, con lo cual perderían la condición de empleados públicos.
“Hay mucha incertidumbre, indignación y bronca”, dijo a Contexto Graciela Aleñá, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), y denunció que el decreto está “repleto de ilegalidades, porque obviaron la Ley Nº 505 de Vialidad y la Ley de Ministerios”.
La gremialista consideró que la medida de Macri retoma la idea del exministro de Economía, Domingo Cavallo, que antes de la crisis de 2001 intentó liquidar el organismo: “Cavallo quería hacer de Vialidad Nacional un ente residual, ahora le cambian el nombre y lo transforman en una sociedad anónima”.
Aleñá repudió además la violencia con la que se maneja el gobierno, que este miércoles, a primera hora de la mañana, recibió a los trabajadores de la sede central de Vialidad con “policías, vallas y carros hidrantes” desplegados para reprimir cualquier protesta.
“Esto no nos pasó ni en la dictadura. Estamos azorados y la gente está que arde porque es un maltrato y un destrato terrible. Peleamos por lo que consideramos que es nuestro derecho, nuestro lugar de trabajo”, remarcó la secretaria adjunta del STVyARA.
“Esto no nos pasó ni en la dictadura. Estamos azorados y la gente está que arde porque es un maltrato y un destrato terrible.»
Por su parte, María del Carmen Burgos, delegada de ATE Vialidad Nacional-OCCOVI, indicó que el decreto de Macri, firmado “a espaldas de todos los argentinos”, constituye “una privatización encubierta”.
“El martes a la noche éramos Vialidad Nacional y ahora resulta que somos una sociedad anónima. Iguacel dijo que esta empresa sólo tendrá que ver con los trabajadores de los peajes, pero la realidad es que el decreto no da esas especificaciones y mete a todos en la misma bolsa”, señaló.
El director de Vialidad se presentó ayer en una asamblea de trabajadores. Lo esperaban a las 11 de la mañana; apareció cuatro horas y media más tarde. Allí trató de enmarcar la creación de Corredores Viales S.A. en la “lucha contra la corrupción”, la “transparencia” y el avance de “un Estado inteligente”.
“Crear una empresa que puede contratar de forma directa, sin ningún control, no tiene nada transparente”, sostuvo Aleñá, y subrayó que “con el discurso de la ‘corrupción’ vienen vapuleando permanentemente a los trabajadores de Vialidad”.
“Crear una empresa que puede contratar de forma directa, sin ningún control, no tiene nada transparente.”
Iguacel tampoco llevó tranquilidad en cuanto al Primer Distrito Buenos Aires, una histórica sede del organismo con unos cuatrocientos empleados. En ese predio, ubicado en General Paz y Emilio Castro, también funciona la Escuela Técnica de Vialidad, con otros setenta trabajadores y más de doscientos alumnos.
“El jueves pasado fui a la votación de la Legislatura porteña, cuando se aprobó la venta de esos terrenos, y se hablaba de que era un predio ocioso en el que sólo se encontraba un estacionamiento”, comentó Burgos al poner de relieve la “mentira” utilizada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para favorecer intereses inmobiliarios.
Trabajadores y vecinos del barrio Naón denuncian que Cambiemos trata de desmantelar el Primer Distrito para construir allí dos torres de viviendas.
“Vialidad Nacional es la última piedra preciosa que queda en este país y todos quieren rebanarla”, pero “vamos a seguir luchando para defenderla, por las vías legales y por todas las vías que sean necesarias”, aseguró la delegada de ATE.
